Voces del Periodista Diario
Opinión

A paso de tortuga, el combate a la corrupción

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Para efectos constitucionales, al mandato del presidente Enrique Peña Nieto le restan escasos 21 meses. Para todo efecto práctico, el nombre de su sucesor se conocerá dentro de 16 meses.

Desde su campaña presidencial en 2012, el mexiquense recogió como una de las “demandas más sentidas” de la sociedad, el combate a la corrupción. Al asumir su responsabilidad hace cuatro años y poco más de dos meses, el Presidente colocó ese reclamo entre los ejes rectores de su gobierno.

Como en el compromiso de un México en paz, el gobierno queda aún a deber en el tema de la corrupción. La resucitada Secretaría de la Función Pública (SFP, una de las piezas del engrane para combatir esa disolvente peste) tiene ya su tercer titular y las cosa están peor que en 2011.

La otra pinza es la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahí todo queda en famiglia.

La maquinaria legislativa, que tan veloz y eficazmente operó la agenda del fáctico Pacto por México, en eso de la corrupción cayó súbitamente bajo un ataque de esclerosis dilatoria, al parecer dictada por el principio de defensa propia.

El atorón más sintomático fue cuando, desde las troneras empresariales, se exigió procesar la ley 3 de 3 (declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés) que tuvo que pasar por la rasuradora ante de crear estado jurídico.

¿Dónde esta el zar contra la corrupción?

El pasado fin de semana, se activaron las fanfarrias, no en los recintos del Poder Legislativo federal, sino en los salones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desde donde hace apenas unos cuatro meses se divulgó un pormenorizado estudio en el que se denuncian los monstruosos costos de la corrupción en México.

Es que, la semana pasada, en el IMCO, rindieron su protesta, por fin, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, mecanismo primordial del Sistema Nacional contra la Corrupción. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, será en 2018 cuando a ese ente se le asignen mil 500 millones de pesos del presupuesto de la Federación.

Cuatro años hablando de tan traumático asunto, y apenas hasta el año siguiente se destinarán recursos específicamente etiquetados.

Mal que bien, ya se dio otro pasito. Pero, ¿quién perseguirá y pondrá tras las rejas a los corruptos? Dice la Constitución y las leyes derivadas en la materia, que un Fiscal Especial adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR).

Por más que buceamos en la agenda parlamentaria del Senado, no encontramos el nombre de tal fiscal. Si encontramos los de 32 tiradores al hueso. Cualquiera puede sospechar que estamos atrapados en la subcultura de usos y costumbres y la típica conseja: Después de conejo ido, pedradas al matorral. No se vale.

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