Voces del Periodista Diario
Opinión

Al nuevo Presidente de México

Por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Después de esta contienda electoral, que se caracterizó en buena medida por un ambiente de descalificaciones, agresiones y penosamente de un aspecto por el que este proceso será histórico, como fue el entorno considerablemente violento en el que perdieron la vida 133 personajes políticos que van desde precandidatos y candidatos a puestos de elección popular como alcaldes, exalcaldes, regidores, dirigentes, diputados, síndicos, y otros, finalmente la población decidió que usted sea el Presidente de México durante los próximos seis años.

Suponemos que bien conoce las condiciones en las que recibe al país, aunque no está por demás recordarle algunos aspectos a los que deberá darle atención especial. Debe tener en consideración que la población espera una respuesta a sus históricas demandas, como un país más desarrollado con mejores niveles de bienestar y por ende con menor pobreza, un país seguro, libre de corrupción e impunidad y con claras reglas del juego que estimulen la inversión y el empleo.

A lo largo de las últimas décadas, México ha logrado avances importantes, aunque es evidente que estos no han sido suficientes para mejorar sustantivamente el bienestar de los hogares.

En los últimos 24 años, la economía mexicana ha crecido a un ritmo promedio anual de 2.5%. Sin embargo, es claro que esto no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de la población.

Evidentemente para lograr tasas de crecimiento más altas se requiere de mayor inversión. Incrementar el acervo de capital es indispensable para poder generar los empleos de calidad que contribuyan a mejorar el bienestar de los hogares. Actualmente la inversión pública se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos 70 años como porcentaje del PIB, en tanto que la privada, si bien ha aumentado su participación para compensar la debilidad de la inversión pública, es claro que también necesita un mayor impulso a través de un mejor entorno de negocios en el que prive la seguridad y reglas del juego claras que eliminen cualquier señal de incertidumbre de los flujos de capital.

En materia de empleo, además de los poco más de once millones de puestos de trabajo formales de tiempo completo que requiere el país actualmente (brecha laboral), considerando la población desocupada, la subocupada y aquellos clasificados como disponibles dentro de la población no económicamente activa, es necesario atender las necesidades de empleo de las casi un millón de personas que cada año se integra al mercado de trabajo. Sin duda esto implica la necesidad de incrementar la inversión y el ritmo de crecimiento de la economía, solo de esa manera será posible atender este tema

Esta situación se ha reflejado en la precarización del mercado laboral. La falta de puestos de trabajo ante una oferta creciente de personas en busca de trabajo ha incidido negativamente en el nivel salarial. Cifras del primer trimestre del 2018 indican que, del total de la población ocupada, 64% tiene ingresos de hasta tres salarios mínimos.

Asimismo, solo el 37.2% de la población ocupada total cuenta con acceso a instituciones de salud. Cabe resaltar que la tasa de condiciones críticas de ocupación, es decir todos aquellos que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más los que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas a la semana ganando hasta dos salarios mínimos se ubicó en 15.55%, su porcentaje más alto desde que se inició la serie en 2005. Es decir, poco más de 8 millones de personas se encuentran en esta condición.

Por su parte, el CONEVAL indica que en 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza, la cual pudo haberse incrementado en 2017 ante los efectos provenientes de la disminución del poder adquisitivo de las familias como consecuencia del repunte de la inflación.

Sin embargo, un tema que deberá atenderse con eficiencia es la salud de las finanzas públicas del país, que mucho han tenido que ver con la imposibilidad de reducir la desigualdad. Considerando los datos publicados en el documento de Criterios Generales de Política Económica 2018, la deuda total del país (saldo histórico de requerimientos financieros del sector público) habrá aumentado 83% en el sexenio, es decir casi cinco billones de pesos.

Además, es fundamental instrumentar medidas concretas para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, ya que hasta ahora la calidad del gasto no ha reflejado un beneficio real para las familias. El índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad prácticamente se mantiene sin cambio después de las transferencias gubernamentales, indicio de una mala asignación de los recursos.

No obstante, la mayor exigencia de la población se centra en la necesidad de un ambiente de seguridad libre de corrupción e impunidad, ya que esto ha llevado al país a registrar niveles de violencia históricamente altos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en lo que va del sexenio se reportan 107,858 homicidios dolosos, 18.3% más que en igual lapso del sexenio anterior. El temor de las personas de sufrir un acto violento, aunado a la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública, se reflejan en la información recopilada por el INEGI, en la que se señala que la cifra negra, es decir el porcentaje de delitos no denunciados fue de 93.6%, que responde principalmente a que los afectados consideran una pérdida de tiempo hacer la denuncia, además de la desconfianza que tienen en las autoridades. Sin duda esto contribuye para que el 76.8% de la población mayor de 18 años considere que es inseguro vivir en su ciudad.

La inseguridad y el delito representan un costo económico considerable para el país. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2016 el costo fue de 229 mil millones de pesos, lo que representó el 1.1% del PIB. Sin embargo, existen cálculos que muestran un efecto considerablemente mayor, como el que reporta en Índice de Paz México 2018, que elabora el Institute for Economics & Peace, que indica que “el impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (US$249 mil millones) en 2017. Esta cifra representa 21% del PIB del país”.

Para crecer y además diferenciar claramente a México en el ámbito mundial, son fundamentales dos aspectos: finanzas públicas sanas, lo que implica en buena medida una reducción del gasto público, así como su eficiente asignación, y erradicar la corrupción. El binomio que representa tener finanzas públicas sanas y nulos niveles de corrupción es la fórmula más efectiva de fortalecer a México.

No hay manera de crecer ni de tener confianza para invertir ni para operar en un ambiente de elevada corrupción como el que predomina. México requiere con urgencia la desaparición de este problema. De otra forma la desigualdad, la pobreza y la falta de inversión nos mantendrán en tasas tendenciales de crecimiento que no generarán ni la riqueza que se requiere para mejorar los niveles de vida, ni los empleos, que son el único elemento real para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad.

Es evidente que el entorno que recibe como nuevo presidente de México no es sencillo.

Es por ello que se espera que las propuestas que ha planteado contribuyan a lograr sus objetivos y mejorar la situación general. La población requiere respuestas reales. El país no puede seguir sumido en un ambiente de incertidumbre y temor que limita el desarrollo de los agentes económicos.

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