La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Desde determinado ángulo -si bien hay dos vertientes convergentes- podría afirmarse que la vigencia del principio de autonomía universitaria pende y depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Tribunal Constitucional tiene aún en revisión el fondo de un recurso de amparo interpuesto por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) contra el decreto de 2017 por el cual la LIX Legislatura de esa entidad aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción, que permitiría la intromisión de agentes externos en la gestión y fiscalización de las finanzas de aquella institución.
Pendiente la sentencia de los ministros de la Corte y vencido el periodo para el que fue nombrado el auditor anterior, en ejercicio de su autonomía el Consejo Universitario de la UAEM designó de manera provisional a Jorge Rogelio Zenteno Domínguez.
Zenteno Domínguez sirvió durante dos décadas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, en la dirección general de supervisión del gasto federalizado. Desde 2016 ocupó el área específica de la UAEM.
El segundo zarpazo no ha sido aún exorcizado
El asunto va más allá del mero trámite, toda vez que la LX Legislatura mexiquense, a iniciativa de la bancada mayoritaria de Morena acometió un proyecto de revisión de la Ley Orgánica de la UAEM.
Contra ese proyecto, que pretende el cese en automático del actual rector Alfredo Barrera Baca, del propio Consejo Universitario y del contralor interno, se ha movilizado la comunidad universitaria, que, a su vez, introdujo una iniciativa con visión autonómica.
Parece necesario que la Corte dé por fin respuesta al recurso de amparo comentado, para precisar el alcance y los límites de la autonomía universitaria, habida cuenta que, por la vía administrativa y so capa de vigilar el ejercicio de los subsidios públicos a las universidades, hay un larvado interés de usar esa sesgada vía para atentar contra la autonomía académica. Es cuanto.