Al paso de los años, la realidad criminal de México se ha complicado. Suponiendo, sin conceder, que la cifra luctuosa haya disminuido, la estadística se mantiene muy alta y supera todos los precedentes.
Como referencia, tómese en cuenta que al 25 de septiembre del presente las ejecuciones sumaban 134 mil 821 muertos en lo que va de este sexenio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hasta la fecha mencionada, solo en este 2022, la cifra contabiliza 22 mil 671 ejecutados –con 1,905 feminicidios acumulados, 270 solo en agosto-. También como referente, debe mencionarse que Guanajuato, desde hace unos tres años, figura en primer lugar de los estados ubicados en este reprobable listado –algo anda muy mal ahí-; seguido por Michoacán, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.
Desde que se dispararon las sangrientas ejecuciones –todavía en el sexenio de Vicente Fox, con frecuentes ajusticiamientos multitudinarios, lo que se ha visto en el país es un incremento de las cifras, con un salvajismo al máximo. Al mismo tiempo, la grave situación ha estado marcada por la impotencia de las autoridades y por la impunidad.
También se ha visto que ha prevalecido un enfoque persecutorio y punitivo, salvo en este gobierno de AMLO, donde ha ocurrido todo lo contrario –el dejar hacer, dejar pasar-. Esto quiere decir que han fracasado todos los intentos por controlar y reducir al mínimo este fenómeno criminal, como debiera ser.
Estamos pues en un punto en el que gobierno y sociedad tenemos que hacer un alto en el camino y analizar el problema con la mayor objetividad – sin ideologismos ni partidarismos, valga la redundancia-, con la finalidad de replantear el combate a este flagelo.
El tiempo importa; hay vidas de por medio, y las que más duelen son las que se pierden por efectos colaterales. Los recursos financieros son indispensables, pero más que nada se requiere creatividad, voluntad política y determinación; con acuerdos internacionales necesarios.
Las autoridades y organismos no gubernamentales, con instituciones académicas y partidos políticos, tienen que articularse mediante un esfuerzo común, donde el interés sobre el cómo debe dar paso a la eficacia en los resultados. Todo lo cual reclama la participación ciudadana, no solo como crítica sino como propuesta.
La recuperación de la seguridad pública nacional hoy nos convoca a todos.