La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Recientemente, en visita a Michoacán, el secretario federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño mentó la soga en casa del ahorcado: México vive un estado de emergencia nacional.
Por supuesto, el funcionario -dada la política pública que está bajo su responsabilidad- hizo ese sumario refiriéndose a la irrefrenable violencia imperante en la mayor parte del territorio nacional.
No es, ciertamente, una cuestión circunscrita sólo a la competencia del aparato punitivo del Estado. Ya son más de 15 gobiernos extranjeros los que suman alertas a sus connacionales para que piensen dos veces antes de viajar a estados y ciudades críticos de México.
Solo ese hecho se traduce en eventuales pérdidas económicas para la industria turística. Sin embargo, desde hace al menos una década, las cúpulas de hombres de negocios mexicanas advierten que la falta de seguridad pública y de estado de derecho inhibe a potenciales inversionistas extranjeros que, a causa de ese estado de cosas, prefieren otros destinos latinoamericanos para sus capitales.
En 2018 la inversión extranjera directa se desplomó 34 por ciento
En marzo pasado, publicaciones especializadas en economía y finanzas, en análisis conclusivos, reportaron que, en 2018, la inversión extranjera directa se desplomó en 34 por ciento, respecto de 2017.
Sobre esa base, desde hace dos meses se informó que instituciones financieras revisaban a la baja las expectativas de crecimiento de la economía mexicana.
Ayer se reportó que dos agencias extranjeras que monitorean la deuda soberana mexicana, bajaron de estables a negativas sus calificaciones de grado de inversión a largo plazo.
Dos de los factores disolventes tomados en cuenta para esa decisión, fueron la desastrosa situación financiera de Petróleos Mexicanos y las tensiones internacionales provocadas por las guerras comerciales desencadenadas por el gobierno de Donald Trump.
En el caso específico de México, la incertidumbre viene desde el inicio de la fallida revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que devino nuevo acuerdo aún atorado en las instancias legislativas, principalmente de Estados Unidos y de México, donde el Senado anuncia un periodo de sesiones extraordinario a ese propósito.
La crisis nacional empezó a profundizarse a partir de que Trump ejecutó aranceles al acero y aluminio, recientemente al tomate mexicano (400 mil empleos directos están de por medio) y a punto de asestarse gravámenes de 5 por ciento a todos los productos que los Estados Unidos importan desde México, potencialmente extensivos hasta 25 por ciento de aquí a octubre.
Según espera el propio inquilino de la Casa Blanca, las empresas estadunidenses con inversiones en México, se verán obligadas a retornar sus capitales a su país.
Desde hace una década se desfonda “el barco de gran calado”
La vulnerabilidad de la economía mexicana, sin embargo, está latente en dos vertientes: 1) Desde la crisis financiera internacional detonada en los Estados Unidos en 2008, y 2) El fracaso de las reformas transformadoras de Enrique Peña Nieto, cuyo buque insignia, la reforma energética, se fue a pique.
Juiciosos especialistas domésticos advirtieron desde 1993 que el gobierno, con la firma del TLC, había obligado a México a dar un salto de trapecio sin red de protección.
El espejismo del crecimiento hacia afuera dejó de lado el desarrollo interno. Desde hace más de dos décadas, a despecho de las grandes cúpulas empresariales, sobre todo las del sector exportador, los medianos y pequeños inversionistas nacionales en el sector manufacturero clamaron por una política industrial soberana que fortaleciera la opción productiva de cara a la economía especulativa.
Los medianos y pequeños industriales, como la gran mayoría de los productores rurales, fueron desoídos. Caímos en el hoyo negro. Donald Trump sólo se encarga de echar paletadas de concreto en la fosa. ¿A quién le dan que llore? Es cuanto.