Por Rodolfo Ondarza*
El neoliberalismo, el prianismo en el caso de México, es responsable, en diversos sentidos de la gran mayoría de las víctimas de esta pandemia.
Si bien la pandemia covid-19, enfermedad nueva, emergente, puede afectar a cualquiera sin distinción alguna, sin duda alguna existe tendencia a afectar mayormente a varones y personas adultas mayores. También es bien conocido que aquellos afectados por diabetes, hipertensión, y enfermedades crónicas se encuentran propensos a una infección viral más severa.
Sin embargo, esto no queda aquí, la población que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema serán los grupos que sufran el mayor número de contagios y los más seriamente afectados.
La diabetes.
Analicemos una enfermedad cuya pre existencia puede llevarnos a la muerte por infección de covid-19. Para muestra un botón. En 2012 fue publicado en la Revista de Salud Pública de México el artículo titulado “Diabetes mellitus en México. El estado de la epidemia”. Se hablaba, ya hace 8 años, entre los estudiosos de la salud pública, de una epidemia en México debido a una enfermedad no contagiosa, y lo mismo podría decirse de otras patologías, como la obesidad y la obesidad infantil.
En este artículo se analizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012). Se menciona que en México, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción de 10 años de su vida. De acuerdo con ese estudio del total de la población de adultos en México, 9.17% reportó tener un diagnóstico previo de diabetes por un médico, lo que equivale a 6.4 millones de personas. Del total de diabéticos, 46.95% reportó también diagnóstico de hipertensión, 4.47% antecedente de infarto del corazón y 54.46%, antecedentes familiares de diabetes. Este artículo concluye: “El impacto que tiene sobre la calidad de vida de las personas que la padecen la convierte en un área prioritaria para el sector salud”.
Para finales de 2019 ya eran 8.7 millones de personas que padecen esta enfermedad crónico degenerativa multifactorial. Otros 12 millones de personas son portadores de la enfermedad, aunque no lo saben. Solo el 9.3% de los pacientes con diabetes en México recibieron educación sobre su enfermedad.
De acuerdo al INEGI en México fallecen anualmente cerca de 106 mil 500 personas por alguna complicación de la enfermedad, equivalente al 15.2% del total de los decesos registrados en el país.
Mientras que en 1980 el número de fallecimientos debido a esta enfermedad llegó a 14 mil 626, para el 2016, la diabetes se convirtió en la segunda causa de muerte en México, con 14.5% del total, sólo por debajo de los decesos por enfermedades cardiacas, (19.9%), que también están estrechamente relacionadas con la diabetes, que se ha convertido, por omisiones y negligencia de los gobiernos federales previos, en un problema de salud pública.
El consumo de refresco o bebidas azucaradas no solo no disminuyó pese al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), sino por el contrario tuvo un crecimiento de 1.7% de enero a septiembre de 2016 comparado con el mismo periodo de 2015. Lo mismo ocurrió en cuanto al consumo de comida chatarra, fue facilitada por los gobiernos previos.
Poco o nada se hizo en políticas públicas de salud en materia de prevención en sexenios anteriores. Se abandonó el primer nivel de atención a los consultorios de farmacias, cuyos médicos son explotados y obligados a operar como vendedores de fármacos innecesarios para el pueblo. A lo que se sumó la criminalización del acto médico como parte de la estrategia de privatización.
Las llamadas reformas estructurales depauperaron a la población, a la vez que afianzaron la privatización del Sector Salud, se subrogaron muchos servicios de salud como el de la hemodiálisis, a través del denominado Cártel de la Sangre, siendo atendidas las complicaciones de la diabetes, lo mismo que otras enfermedades, mediante estos mecanismos de privatización.
Se excluyó al pueblo de México de los medicamentos de último diseño, se mantuvo el cuadro básico de medicamentos. Únicamente aquellos con alta capacidad adquisitiva podían acceder a los nuevos fármacos.
Dentro del negocio de salud del Cártel de Bata Blanca fue conveniente el desabasto de medicamentos, que se dejaban caducar, se revendían, se elaboraban miles de recetas apócrifas, se compraban a sobreprecio.
Un insostenible gasto de bolsillo.
Mientras tanto, la población perdía lo poco que tenía gastando en salud, llegando el gasto de bolsillo a ser superior al 40%. México llegó a ser el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a gasto de bolsillo.
Solo el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud (Sesa) salieron con todos los medicamentos.
Ahora, en plena pandemia, si esos recursos económicos, que por décadas tuvieron que gastar, los tuvieran las familias con enfermos crónicos podrían afrontar mucho mejor la crisis.
Como parte del negocio, se construyeron y abandonaron más de tres centeneres de hospitales donde pudo haberse diagnosticado y tratado a los pacientes con diabetes mellitus y muchas otras patologías.
En sexenios anteriores se dieron importantes recortes al presupuesto en Salud. Durante el peñato el presupuesto de la Secretaría de Salud ha decreció más del 20% en términos reales durante el sexenio. Más de 16 millones de mexicanos carecieron de algún tipo de protección financiera en salud en sexenios anteriores.
Podemos afirmar que 9 millones de personas con diabetes en nuestro país se encuentran en mayor riesgo de padecer una complicación grave durante la pandemia covid-19 por irresponsabilidad y actos criminales del neoliberalismo que mantuvo negocios y poder en sexenios anteriores a la Cuarta Transformación (4T).
El saqueo del Sistema Nacional de Salud.
Recientemente diversos medios dieron cuenta de que “el gobierno de Peña Nieto desvió fondos del IMSS que eran para ventiladores”.
Durante el sexenio pasado fueron desviados recursos públicos a “empresas fantasma”, las cuales presuntamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos. Sin embargo, el SAT determinó que estas operaciones fueron simuladas.
Durante el periodo entre 2014 y 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó contrataciones a 133 empresas fantasma a las que les pagó la cantidad de 320.9 millones de pesos, cifra con la cual se debería de haber fortalecido la infraestructura hospitalaria, debido a ello, las unidades médicas enfrentan uno de sus mayores retos ante el combate contra el Covid-19.
Impunidad Cero y Justicia Justa revelaron, en marzo pasado, que de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales realizaron un desvío por la cantidad de 4 mil 179 millones de pesos a empresas inexistentes. Están implicadas 90 instituciones federales y estatales; utilizaron casi 23 mil facturas falsas, a través de 837 empresas fantasma.
En octubre de 2018 Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de funcionarios y exfuncionarios de 11 estados, por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016. De acuerdo con las organizaciones que presentaron las denuncias, 36 mil millones de pesos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
La corrupción mata.
Imaginemos la cantidad de medicamentos, vacunas, insumos, equipamiento médico, que pudieron haberse comprado; acciones preventivas, educación médica preventiva y de actualización a médicos, etc., que pudieron haberse llevado a cabo, con estas cifras estratosféricas de dinero.
Es absolutamente inmoral, es criminal lo que hicieron estos mercaderes sin escrúpulos de la salud.
Nunca sabremos la cantidad exacta de personas que murieron por no haber recibido el tratamiento apropiado para su enfermedad. Pero eso fue una acción de crimen de lesa humanidad, fueron actos genocidas.
Es difícil calcular el número de personas que se encuentran ahora en grave riesgo ante la pandemia covid-19 por no haber recibido a tiempo acciones preventivas provenientes de políticas públicas de salud responsables. O por no disponer de los servicios médicos que deberían existir, pero que el robo, la corrupción alentada por la impunidad neoliberal del prianismo son las responsables de la muerte de miles de mexicanos desde recién nacidos hasta adultos mayores, particularmente los grupos vulnerables del pueblo de México.
Recursos humanos.
A principios de abril del presente año el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció algo que ya habíamos señalado hace muchos meses, y es que México tiene un déficit de 200,000 médicos y de 300,000 enfermeras.
La formación de un médico general lleva 6 años de estudios universitarios. Una especialidad médica puede tomar 5 años más. Una maestra o un doctorado 2 a 3 años cada una. Y la experiencia clínica mucho tiempo más. No puede aparecerse personal médico por arte de magia.
Mientras de encontraban muy ocupados los neoliberales en su operación de la Estafa Maestra que se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales y en la que participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios, abandonaron también la formación universitaria de trabajadores del Sector Salud.
Esta precariedad en recursos humanos no se ha limitado al número reducido de médicos en el país. Ha quedado pendiente, como parte de la justicia social, la basificación de más de 87 mil médicos y enfermeras que actualmente trabajan por contrato eventual y honorarios dentro del sistema de salud pública de México, y que el gobierno federal ha prometido resolver.
La carencia de enfermeras, médicos, químicos, técnicos, ingenieros, etc., en el Sistema Nacional de Salud lo hemos resentido durante la pandemia. Su ausencia para atender enfermos causa su muerte, el exceso de trabajo y el estrés mental lleva a mayor número de errores, y a la muerte de pacientes.
En este rubro existe responsabilidad de los sexenios neoliberales que han antecedido a la Cuarta Transformación.
Ante la emergencia, el INSABI efectuó la contratación de más de 6,000 médicos y 13,000 enfermeras en todo el país, para ayudar al manejo del Covid-19.
Internet como medio de prevención de enfermedades.
Se ha dicho que en México, en lo que respecta a servicios de telecomunicaciones y a internet, no sólo hay una brecha de conectividad, pues 88% de la población tiene conexión a una red móvil, sino que también hay brechas de acceso, ya que 30% de quienes no pueden conectarse a internet no pueden hacerlo porque no tienen recursos (pienso que el porcentaje en mucho mayor) y solo 2% no pueden usarlo porque no tienen cobertura. México, de acuerdo al INEGI, cerró 2018 con 74.3 millones de personas conectadas a Internet, equivalentes al 65.8% de su población.
En estos tiempos de pandemia la educación, y gran cantidad de información sobre la prevención de la infección se transmite, por medio de internet. Sin embargo, el acceso a educación primaria por este medio ha dejado fuera a la mayoría de los niños de enseñanza pública; lo mismo que a la mayoría de la población en cuanto a recepción de información sobre el covid-19.
Nunca se dió la importancia debida al internet como un derecho del pueblo en el neoliberalismo. Siempre se vio al espectro electromagnético como un negocio, y no como una herramienta de desarrollo social y de importancia en la salud.
La pobreza.
En México, dos de cada cinco personas son pobres, dos más son vulnerables de serlo por sus bajos ingresos, y solo una no es ni pobre ni vulnerable. Se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. Lo anterior de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2018.
El Coneval utiliza para medir el nivel de pobreza un enfoque multidimensional de la pobreza, que contempla no sólo el nivel de ingresos, sino también seis aspectos relacionados con los derechos sociales: acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y a seguridad social. De acuerdo a estas mediciones en México el número de personas creció de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones en 2018. Sin embargo, para el Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) México, para el 2019 son 62.5 millones de personas quienes viven en la pobreza en este país.
El nivel salarial de los trabajadores no es el único indicador negativo. Casi seis de cada diez mexicanos (más de 57%) carecen de seguridad social. Situaciones como la informalidad, la precariedad laboral y los bajos salarios impiden el acceso a la seguridad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi para agosto de 2019, 56.3% de la población ocupada se encontraba en la informalidad.
En contraste, de acuerdo con cifras de OXFAM México, de 2019, la desigualdad permanece en el país. Seis de las personas más acaudaladas concentran mayor riqueza que la mitad de la población. Estos multimillonarios reúnen una fortuna de 108 mil 100 millones de dólares.
Genocidio blanco.
Durante los sexenios pasados, el neoliberalismo, del PRI y del PAN, expresiones del más salvaje capitalismo dejaron en ruina al Sistema Nacional de Salud (SNS), en un proceso de privatización del sector orquestado desde la Fundación Nacional de la Salud, A. C. (FUNSALUD), que conglomera a grandes empresas con intereses en el área de salud, y de donde se originó el Seguro Popular.
El Cártel de la Bata Blanca vio en la salud una mercancía muy lucrativa y dedicó, como ya hemos señalado, sus mayores esfuerzos al saqueo del Sector Salud dejando a su paso una estela de corrupción insaciable con más de 300 hospitales inservibles, desabasto de medicamentos e insumos médicos, subrogación de servicios médicos a particulares privilegiados, desvío de recursos, compras a sobreprecios, irregularidades en licitaciones y contratos, etc.
Quedó el sector devastado y con magra fuerza laboral médica, de enfermería, químicos, técnicos, etc., a quienes se intentó criminalizar y despojar de seguridad social en esta visión privatizadora.
El rezago ha sido mayúsculo, de unos 30 a 40 años en el Sector Salud en cuanto a inversión en hospitales, formación de personal, etc., por ejemplo, el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha dicho que faltan al sistema de salud 36 mil enfermeras en este momento para cubrir las necesidades nacionales durante la emergencia.
El resultado fue un genocidio blanco debido a la falta o inadecuada atención médica de miles de pacientes.
Actualmente se ha emprendido el rescate de este SNS tomándose diferentes medidas, entre otras la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), con la intención de cubrir los requerimientos de atención médica de 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.
En el Paquete Económico de Egresos 2020, se contempló un incremento al gasto de la Secretaría de Salud de 4 mil 332 millones 449 mil 252 pesos. Con respecto a lo que obtuvo en 2019, pasó de 124 mil 266 millones 865 mil 116 pesos a 128 mil 589 millones 314 mil 373 pesos. Asimismo, la administración sexenal actual incrementó el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con lo que tendrían mil millones de pesos adicionales para salarios y un monto similar en gastos de operación.
Responsabilidades. Fuego amigo al interior de Salud.
Un punto importante a señalar, para comprender lo que ha ocurrido en la presente administración sexenal es el que los directivos de los principales centros hospitalarios cuentan con nombramientos de cinco años y fueron otorgados durante el corrupto sexenio del peñato. El fuego amigo al interior explica que la Secretaría de Salud haya tenido diferentes problemas para que se aceptara la gratuidad en el tercer nivel de atención prometida por el INSABI, y que dichos directivos se hayan aferrado a no terminar con sus prácticas corruptas.
De ahí la importancia de la sustitución del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, después de la destitución por falta de honorabilidad e incapacidad técnica de su último director general, ya que el nuevo directivo sería el primero nombrado dentro de la 4T.
Por otra parte, fuertes cambios en la geopolítica se venían dando a nivel internacional, culminando con la caída del precio del petróleo, de las acciones en las especulativas bolsas de valores en todo el mundo, anticipándose un cataclismo social y un sisma económico.
En este contexto es que emerge una nueva enfermedad, ocasionada por un virus RNA, con epicentro en Wuhan, China. Enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que se transformó rápidamente en una pandemia, denominado síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) causada por el coronavirus SARS, que en ocasiones culmina en insuficiencia respiratoria progresiva grave: el SARS-CoV-2 (COVID-19).
Al momento de escribir esta nota la Secretaría de Salud informó que hasta este 5 de mayo, se espera en México la cresta, el cúlmen de la curva, y se tiene el registro de 24 mil 905 casos confirmados por Coronavirus, y 2,271 defunciones.
De acuerdo con el programa centinela, existían alrededor de 104 mil 562 personas infectadas en México.
Es así como un agente infeccioso acelular, que no cabría en la definición de un ser vivo, invisible a simple vista, constituido por material genético que obliga a nuestras células a realizar copias del mismo, ha puesto en jaque a la humanidad, y por supuesto a México.
El INSABI ha sido una pieza clave para en un tiempo récord realizar el rescate del Sistema Nacional de Salud, articulando la infraestructura existente, reconstruyendo, terminando de equipar los centros hospitalarios abandonados y dando empleo a trabajadores de salud con el fin de brindar atención médica a la población, no sólo en cuanto a las patologías para las que fueron creados estos hospitales, sino además para cubrir los requerimientos de atención de la pandemia actual. Se ha dado un especial énfasis a la reconversión hospitalaria, en donde las fuerzas armadas juegan un papel importante al abrir su experiencia e infraestructura médica para atender a la población.
Guerra Híbrida. Las noticias falsas, independientemente de buscar la inestabilidad nacional se han convertido en un problema de salud pública al ser fuente de deterioro de la salud mental de la población.
Ante los esfuerzos loables de la Secretaría de Salud y los comunicados del Dr. López-Gatell, la Guerra Híbrida, y los ataques en contra de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han dejado esperar aún en medio del combate al COVID-19. Se ha inundado por parte de los medios y redes sociales de la oposición, de desinformación, de fake news, donde no sólo intereses políticos se encuentran involucrados, también grandes intereses económicos intentando la compra gubernamental de pruebas rápidas de “diagnóstico”, la invención de brotes de la enfermedad, etc., para crear desconcierto y pánico entre la población. La exposición a todo esto es para millones de personas.
La creación de tensión, angustia, estrés, ansiedad, depresión y pánico conllevan a estados de inestabilidad emocional, a empeoramiento de trastornos psiquiátricos, aparición de enfermedades psicosomáticas, deterioro del sistema inmunitario, gastritis, colitis, empeoramiento de hipertensión, de diabetes, de trastornos alimentarios, etc.
Todo esto baja la productividad, incide en la familia y en la sociedad.
Es criminal y de absoluta irresponsabilidad de grupos neoliberales prianistas que juegan con la salud del pueblo.
Politización de la pandemia.
La politización de esta pandemia es un acto a todas luces altamente irresponsable, en donde ha sido relevante la participación de Felipe Calderón Hinojosa.
Estos grupos han exigido sumarse a medidas y presiones externas a México, como el cierre de fronteras, toque de queda y medidas propias de un gobierno autoritario.
Y es irresponsable y negligente esta actitud toda vez que se encuentra en juego la vida de los mexicanos, y cuando que la conducción de las políticas públicas de salud con respecto a la pandemia se han llevado a cabo con todo el rigor científico, llevado a cabo de una manera humanista y solidaria.
Se ha apostado al convencimiento solidario y racional de la sociedad como medidas de contención y mitigación ante este fenómeno inconmensurable, biológicamente hablando, es por ello que la base preventiva ha sido la transparencia en la información.
También risibles, pero preocupantes críticas sin argumento de “científicos” mayormente de la UNAM, encabezados entre otros por Julio Everardo Sotelo Morales, señalado como presunto responsable de crimen de lesa humanidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; o grupos de médicos liderados por ex secretarios de salud de gobiernos corruptos, en donde se han incluido al ex director del mismo Instituto Nacional, Miguel Ángel Célis López, destituido por falta de honorabilidad e incapacidad técnica, quien hizo jugosos negocios de más de 622 mdp con empresas farmacéuticas.
Crisis económica mundial, nacional, y pandemia.
El modelo neoliberal luce caduco, desgastado, tuvo a la pandemia como puntilla final.
Se ha dicho que la crisis económica a la que se enfrentará el mundo no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Otros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa que se registrarán las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión de 1929, mientras que la organización Oxfam estima que la pandemia ocasionará que 500 millones de personas caigan en condiciones de pobreza en todo el orbe.
Sin duda nos encontramos en una situación crítica, la pobreza lleva a promiscuidad y hacinamiento, condiciones de oportunidad para la expansión de la enfermedad. La pobreza tiene aparejada desnutrición con el consecuente inmunocompromiso, carencia de seguridad social y dificultad de acceso a servicios médicos, limitaciones educativas, y por ende acceso a información sobre medidas preventivas y sobre políticas públicas de salud.
Si a esto aunamos que se están disminuyendo los salarios como medida para evitar la desaparición de micro, pequeñas y medianas empresas, los despidos en ciertos casos, la quiebra o el cierre de diferentes empresas vulnerables, el panorama puede no ser nada halagüeño.
Es por ello que el gobierno federal busca un equilibrio entre las medidas necesarias del rescate del Sector Salud, las medidas para afrontar la pandemia, el evitar el endeudamiento público, y mantener las fuentes de empleo y la economía familiar, reto nada sencillo, que afronta Andrés Manuel López Obrador con la altura de un estadista solidario con su país y con su pueblo.
De haber continuado con las políticas neoliberales anteriores esto sería un verdadero caos sin retorno. Afortunadamente, el ataque a la corrupción empezó un año antes del inicio de esta pandemia.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346. 878 empleos, en plena contingencia del Covid-19.
El mayor número de despidos se concentra en los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, que en conjunto registran 56 % del total de los despidos, 193.000.
En el caso de la Ciudad de México son diez las empresas que concentran el despido de unas 56 mil personas durante las dos primeras semanas de marzo.
Estas personas, ahora sin seguridad social necesitarán de los servicios del INSABI.
Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay 15 grandes contribuyentes que deben 50,000 millones de pesos (mdp) de impuestos, incluidas multas y recargos. Al anunciar un millón de créditos de 25,000 pesos para pequeños negocios, el presidente manifestó que si esos grandes empresarios pagaran los 50,000 mdp que deben, el gobierno federal podría entregar 3 millones de créditos.
México necesita de la solidaridad y responsabilidad empresarial, no es posible en estos momentos de crisis que pretendan ser “rescatados”, o evadir por medio de condonaciones u otros mecanismos sus responsabilidades fiscales.
Han sido fundamentales las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Fiscalía General de la República (FGR), y por supuesto de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la Dra. Irma Eréndira Sandoval para limpiar de corrupción y frenar la impunidad en México.
No puedo imaginar lo que sería de los mexicanos si viviéramos, con esta pandemia covid-19, lo mismo que experimentamos con los negocios que crearon en el calderonato con la influenza AH1N1. “Entre 2009 (el año en que fue declarada la epidemia) y 2012 (el año en que Calderón Hinojosa concluyó su gobierno), fueron gastados más de mil 500 millones pesos mediante 335 contratos por adjudicación directa a una colmena de empresas, entre farmacéuticas, mensajeras, constructoras, organizadoras de eventos o agencias mercadotécnicas”, de acuerdo con EMEEQUIS. La influenza fue un gran negocio, la salud del pueblo la mercancía.
Es por ello que debemos felicitar el trabajo de las instancias gubernamentales que luchan contra la corrupción. Al hacerlo salvan vidas.
Esperemos que lleguen a juicio y a prisión todos aquellos que en el pasado, y aún en la actualidad lucren ilegalmente con la salud de todos nosotros.
Es fundamental frenar la pobreza y mantener productivas a las pequeñas empresas que generan el 70% de los empleos y generan poco más de la mitad de la riqueza en México.
Este es un factor más que afectará el curso de la pandemia. Frenar la brecha de desigualdad social significa vida, acabar con la pobreza significa salud social e individual.
Rodolfo Ondarza Rovira*
Neurocirujano. Activista en defensa de derechos humanos. Ex presidente de la Comisión de Salud de la ALDF, VI Legislatura.