La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Tenemos a la vista algunos artículos editoriales del segundo semestre de 2006, días aquellos en el que la alianza partidista Por el bien de todos, que apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, se instaló en plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México para denunciar el fraude electoral.
Particularmente en uno de esos textos, se emplaza a Vicente Fox a movilizar el Ejército para la toma de la capital, a fin de rescatar a la ciudad del caos.
El entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas desoyó la provocación. Se le acusó de pusilánime.
La guerra loca desencadenada por Felipe Calderón
En diciembre de aquel año, Felipe Calderón declaró su guerra al crimen organizado, desplazando tropa hacia el estado de Michoacán.
Especialistas en Fuerzas Armadas impugnaron ese lance, acusando al Presidente de haber actuado con precipitación, sin haber contado con tareas previas de Inteligencia ni el diseño de una elemental estrategia.
Esos expertos observaron que, ni por asomo, se invocó el artículo 29 de la Constitución referido casos de… perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, circunstancias en que, con la aprobación del Congreso de la Unión, el Presidente puede restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a esa situación.
Una corriente de politólogos encontró en esa maniobra militar el propósito del michoacano de tratar de legitimar su cuestionado origen presidencial.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos llamaron a rectificación, argumentando que, una vez en las calles, sería difícil regresar a los soldados a los cuarteles.
Los llamados constructores de opinión -en una vertiente incondicional adhesiva-, aplaudieron la decisión del michoacano.
Con su promesa de Un México en paz, Enrique Peña Nieto sostuvo la opción militar para tratar de contener la barbarie.
El Ejército colocado entre la espada y la pared
Particularmente influyentes medios de comunicación estadunidenses empezaron a acusar, en especial al Ejército, de perpetrar atrocidades contra la población civil indefensa.
En esa línea de reprobación, instancias incluso de la ONU y órganos jurisdiccionales de la OEA, emitieron recomendaciones al Estado mexicano para reparar daños a las víctimas de la represión y el retorno de las tropas a los cuarteles.
Desde las campañas electorales rumbo a 2018, en el periodo de transición presidencial y una vez instalado el nuevo gobierno, la agenda de Seguridad Pública y la actuación de las Fuerzas Armadas han sido la constante en el público.
En el centro de gravedad de ese debate está la vacilante definición del papel de la nueva Guardia Nacional en la asignatura comentada.
Ca-sual-men-te, aquellos opinantes que incitaban a Fox a tomar militarmente la Ciudad de México, los que actuaron como pretendidos justificadores de la política castrense de Calderón y los que apostaron por el éxito de la “estrategia” de Peña Nieto, comenzaron a acusar al nuevo gobierno de militarizar la vida pública de México.
¿Qué esperó el Ejército para abrir fuego?
¡Hete ahí! que, primero el Ejército, y ahora la Marina Armada de México, han sido requeridos para el combate al huachicol. ¿Por qué?, peguntaron los detractores, ¿hacer uso de la fuerza militar para atacar un problema que corresponde a las corporaciones policiales y ministeriales civiles?
Se produjo la espantosa tragedia en el estado de Hidalgo. La reacción de los opinantes antes caracterizados: Pero ahí estaban pelotones del Ejército. Los soldados están para someter al orden a la gente, esa es su misión. ¿Por qué se retrajeron y dejaron morir a tantas personas?
Si atinamos a la lectura, de haber estado al mando alguno de esos esos opinantes, la orden habría sido abrir fuego contra la incontrolable multitud.
En el entorno del debate sobre la Guardia Nacional, en un malicioso “análisis” periodístico se concluyó que, en México, el poder civil, en todas las épocas, ha tenido como soporte indispensable al Ejército.
Maliciosa la intencionalidad, porque lo que se pretendía exigir al Presidente es que reconociera que -dada la desestabilización del orden público-, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas no podría continuar su mandato.
Otra vez: Incitar la represión contra los maestros
Como consecuencia del combate al huachicol, se atribuye al desabasto de combustibles grandes pérdidas económicas que podrían incluso generar una crisis de suministros alimentarios.
El problema se exacerbó con los bloqueos magisteriales a vías férreas en Michoacán, por móviles y demandas de naturaleza administrativa de frente al gobierno del estado.
Otra vez, se invoca el riesgo de la crisis economía nacional. Hemos escuchado en las pantallas de televisión: ¿Qué espera la Federación para ordenar que el Ejército desaloje a los maestros?
Cuestión de histeria y paranoia: Durante los días de 2018, en ocasión del cincuentenario de La matanza de Tlatelolco, la recapitulación tuvo como protagonista al Ejército mexicano.
Se siguió pidiendo la cabeza de Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, precisamente por la masacre que se imputa a la corporación castrense.
¿En qué quedamos, pues? ¿Dejamos a los soldados en las calles, o los devolvemos a sus cuarteles? Un asunto de Estado que tiene que atenderse por encima del vocerío en La Torre de Babel. Es cuanto.