La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Una inveterada práctica en la política “a la mexicana”, es poner la carreta delante de los bueyes. El fenómeno se radicaliza cuando fuerzas beligerantes se obcecan en dirimir sus mezquinos conflictos partidistas o grupales sin compadecerse de una sociedad que ya no soporta ni lo duro ni lo tupido.
El odioso espectáculo se da hoy en el Senado de la República: Dos facciones partidistas están jugando a las vencidas pretendiendo desparecer los poderes constitucionales en tres estados. ¿No sería más productivo, socialmente, empezar por la desaparición de los poderes fácticos que tienen secuestrado el poder político?
Los primeros envenenados dardos los disparó la bancada del PAN, teniendo en la mira al gobierno estatal de Veracruz, en manos de Morena. El partido de la cuarta transformación reviró ipso facto. Como tiene la mayoría, exige dos cabezas: Las de Guanajuato y Tamaulipas, bajo control del PAN.
La delgada línea Poder Constitucional-Poder fáctico
En última lectura, lo que se deja de lado es la delgada y casi invisible frontera donde se produce la simbiosis poder constitucional-poder fáctico. Lo mismo da si los comparten criminales de cuello blanco o de cuello percudido, el resultado es el mismo: Un alevoso atentado contra el Pacto federal.
El asunto fue turnado por la mesa directiva de la Cámara alta a la Comisión de Gobernación. Parece que representaciones de los partidos con registro nacional no tienen más prioridades en agenda que la de convertir las altas tribunas de la República en un herradero.
A decir verdad, los argumentos de los ponentes tienen sobrada razón: Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato son escenarios incesantes de las peores expresiones de barbarie.
¿Qué estado quedará ileso en la operación profiláctica?
Si a esas vamos: De Sonora a Yucatán, del Pacífico al Golfo, pasando por la Ciudad de México, la sociedad civil y la política son rehenes de la criminalidad, que tiene su caldo de cultivo en la impunidad.
De proceder eventualmente la desaparición de poderes constitucionales en las entidades nombradas, el precedente sirve lo mismo para el resto de los 28 estados y la sede de los Poderes de la Unión.
La cuestión es la siguiente: Una vez establecido el expediente, ¿cuál entidad quedará exenta del procedimiento senatorial, conforme facultad constitucional?
Consumado el acto, lo que sigue es la apertura de la Caja de Pandora: ¿Quiénes serán llamados a ocupar los cargos de gobernador, diputados locales, magistrados del Poder Judicial y tribunales vinculados?
Un siguiente round sería una lucha campal: Los partidos gobernantes en los estados puestos en remojo reclamarían su derecho de tanto, pues son productos de las urnas: Formar los gobiernos sustitutos. ¿Se merece la sociedad tamaño cinismo? ¿No hay otra vía posible, como la revocación de mandato para casos específicos?
No se trata ni siquiera de legalidad formal, por muy jalada de los pelos que sea: Es un asunto de legitimidad. Así están las cosas, qué le vamos a hacer. Es cuanto.