Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
De acuerdo con las agendas del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales, en 2021 se renovarán 15 gubernaturas: 8 PRI, 4 PAN, una Morena y PRD, y una más independiente. Propiamente, dentro de ocho meses se abre el fuego en uno de los procesos más complejos, derivados de la homologación de calendarios electorales estatales y de la situación de violencia en todo el territorio nacional.
No nos parece tremendista advertir que en esas intensas jornadas electorales estará en juego la viabilidad fiscal de varias administraciones estatales y del propio Pacto federal.
700 mil millones de deuda pública (más intereses anuales)
La ominosa sinrazón de ese grave aviso, radica en que la deuda pública total exhibida por las entidades federativas está a punto de rebasar la suma de 700 mil millones de pesos. Se subraya el término “exhibida”, dado que, en su reporte del otoño pasado, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) denunció que la mayoría de los gobiernos tiene sus débitos envueltos en la más densa opacidad.
(La cifra de 700 mil millones de pesos corresponde al principal. Sin embargo, cada año se incrementa por concepto de intereses, que agregan del 7 al 9 por ciento al saldo insoluto.)
Hace punta en el ocultamiento de sus compromisos de deuda el gobernador del estado de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, quien será relevado en 2021. La capacidad de pago del erario michoacano está rebasada en más de 100 por ciento. Por cierto, la Federación acaba de desembarazar al estado del pago de la nómina magisterial, exigencia de Aureoles Conejo desde finales de 2018.
En la misma situación se encuentran Chiapas y la Ciudad de México (ambos mandatos de Morena), si bien la sede de los tres Poderes de la Unión tiene le ventaja de una gestión financiera a flote, en virtud de las preferencias fiscales que le otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico.
De cabo a rabo las leyes fiscales son pasadas por el arco del triunfo
En términos de deuda pública ocupan los primeros sitios, aparte de la CDMX, los estados de México y Veracruz, así como los de Nuevo León y Chihuahua; estos dos últimos también con cambio de gobernador en 2021.
El dato destacable es que casi la totalidad de los gobiernos de los estados se pasa por el arco del triunfo las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Disciplina Financiera, de Contabilidad Pública y la más reciente Ley Federal de Austeridad Republicana apenas publicada en noviembre pasado, que impone los principios de eficacia, eficiencia, economía y honradez en la gestión fiscal.
Resulta obvio que, como en los viejos tiempos de los virreyes estatales, el manejo de los estados como feudos patrimonialistas sigue siendo la marca de la casa.
Liquidación de facto de la Conferencia Nacional de Gobernadores
La semana pasada, a escasos 17 meses de entregar el poder, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo arrancó al Congreso el fíat para contratar nuevos débitos por más de 5 mil 357 millones de pesos, cifra que se incrementará en automático en los próximos 15 años en 2 mil 500 millones de pesos por concepto de intereses; esto es, 50 por ciento más.
Cuando hablamos de la viabilidad del Pacto federal, el caso de Guanajuato es ilustrativo: Desde que tomó las riendas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (que hace veinte años se declaró depositaria del sistema federalista), el azul de Querétaro, Francisco Domínguez Servién formó con sus pares panistas su propio sindicato: La Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, dejando de lado a más de dos tercios de los representados formales de los otros partidos.
Boicot al Instituto de Salud para el Bienestar
En última lectura, lo que está en el centro de gravedad del problema de la deuda pública de los estados es el futuro de la sociedad en cada entidad, pues a más de que los gobernadores han sido incompetentes u omisos ante los desafíos de la seguridad pública, ahora conspiran para echar por la borda el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar con el que el gobierno de la cuarta transformación pretende acabar con las corruptelas en el Sector Salud y las Instituciones de Seguridad Social. Y eso ya calienta.