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Mouris Salloum Opinión

Economía criminal, o todos coludos o todos rabones

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

De acuerdo con dolorosas experiencias latinoamericanas, particularmente la de Argentina, las  Comisiones de la Verdad han surgido de la exigencia de la sociedad civil.

Generalmente en esos casos, en los cambios de régimen, dichas iniciativas se han asumido como actos administrativo de los nuevos gobiernos nacionales. En reciente caso de Guatemala, el recurso tuvo la modalidad de una Comisión Internacional, en cuyo caso se aceptó la intervención de la ONU.

La comisión guatemalteca se encargó de investigar a ex presidentes, tanto por asesinatos y desapariciones en grado de genocidio, como por crímenes de corrupción, atentatorios contra la economía pública.

Asignatura pendiente desde la Guerra sucia

Entre las décadas de los ochenta-noventa, en México se demandó la creación de una Comisión de la Verdad para indagar los crímenes perpetrados el 2 de octubre de 1968, así como los registrados el 10 de junio de 1971. Se extendió la solicitud a la indagatoria de los llamados crímenes cometidos durante la Guerra sucia emprendida por el Estado desde los años setenta.

En la campaña presidencial de 2000, esa demanda fue reciclada. Al triunfo de Vicente Fox, la “concesión” de limitó a la creación de una Comisión para la Atención de Delitos Políticos Sociales del Pasado, tentativa fallida por la corrupción administrativa en que cayó dicho órgano, al que se incorporaron representantes de algunos grupos políticos de izquierda.

No sólo crímenes políticos; también los económicos

Desde principios del sexenio 1994-2000, sin embargo, aparecieron segmentos no gubernamentales, planteando el clamor de que cualquier ente público que se creara acometiera la investigación no sólo de actos de autoridad relacionados con la represión política, sino también con delitos económicos tipificables como crímenes de lesa sociedad.

La figura de la Comisión de la Verdad se recicló en 2018 en tribunal colegiado federal de Tamaulipas, al sentenciarse algunos recursos de amparo en relación con la salvaje represión contra estudiantes normalistas de Guerrero, conocida ahora como los 43 de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre cumplió ya cuatro años bajo la fáctica pretensión de una verdad histórica.

Los magistrados federales de la causa recomendaron la creación del órgano citado, incluyendo la presencia de los padres de las víctimas. La Procuraduría General de la República impugnó de inmediato, acusando al Poder Judicial de la Federación de invadir esferas de competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, no se propuso otra opción punitiva.

Víctimas inocentes, simplemente “daños colaterales”

En el marco del cuarto aniversario de los monstruosos hechos de Iguala, Guerrero, los padres de los normalistas lograron el compromiso del Presidente electo de instituir la siempre aplazada Comisión de la Verdad.

El asunto se inserta en un amplio contexto de acusaciones contra agentes del Estado implicados en un abultado expediente de ataques armados contra diversos grupos civiles que, si bien algunos plenamente identificados como delincuenciales, fueron expuestos a ejecuciones sumarias en varias de las cuales cayeron personas inocentes, simplemente consideradas como daños colaterales; como si ésta categoría atenuara la gravedad de la represión.

Si se trata de la estricta observancia de la ley y de la exigencia de justicia, los crímenes contra el erario público no son de menor calado en la medida que afectan la economía estatal, se proyectan sobre todo el proceso económico y repercuten en última instancia en agravios al interés social.

En ese caso, la incesante impunidad que arropa a servidores del Estado y agentes privados pillados en colusión, indigna y subleva a la sociedad por la omisión de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, porque la inmoral tolerancia a los transgresores incita a la repetición de la desviación de la norma.

El freno legislativo a la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción es una grave e inadmisible señal de complacencia hacia los delincuentes de cuello blanco, pero existe otra muralla en el Instituto Nacional para la Transparencia y la Protección de datos Personales (INAI), reincidente en negar el acceso ciudadano a la información considerada de interés general, alegando la protección del interés del Estado.

El colmo: Que atentados económicos sean “delitos no graves”

En ese caldo de cultivo se ha permitido que la corrupción alcance ya un costo social superior al billón de pesos al año y los expedientes consignados a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados casi permanecen en el archivo muerto.

Para colmo, una iniciativa de ley para cancelar el fuero a los funcionarios públicos, es distorsionada deliberadamente, colocando a los presuntos implicados bajo el amparo de la odiosa figura de la inmunidad.

Más grave aún: Sectores privados, considerados sujetos obligados en materia fiscal, promueven ya otra iniciativa de ley por la cual transgresiones de carácter económico-financiero serían declaradas delitos no graves.

Hace falta, coincidimos, una Comisión de la Verdad. A condición de que en su sanción se clarifique: O todos coludos, o todos rabones. En la crítica polarización social y de postración moral que vive la sociedad mexicana, no valen regímenes de excepción. Es un imperativo republicano que no puede faltar en la cuarta transformación de la República.

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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