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Opinión

El agro no cuenta para el Estado Neoliberal

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

Resulta inconcebible que, después de hace más de cuatro siglos en que la Compañía de Jesús ensayó en México un premoderno modelo de economía agropecuaria y a 80 años de que Lázaro Cárdenas ejecutó la más amplia y profunda Reforma Agraria, los sucesivos gobiernos no le hayan encontrado la cuadratura al círculo a una eficaz política de desarrollo rural socialmente justo.

Las tres grandes revoluciones mexicanas han tenido en la línea de fuego al campesinado, mayoritariamente indígena. Las tensiones entre las facciones revolucionarias después de 1910, fueron marcadas por el clamor, Tierra y Libertad. Aún se escucha.

Existe, en ese secular proceso de exclusión de los campesinos del desarrollo nacional, una advertencia liberal que se produjo después de la aplicación de las leyes por las que expropiaron las riquezas materiales del clero: Logramos desamortizar los bienes de la Iglesia; tenemos como asignatura pendiente desamortizar las conciencias.

Alguna vez, el campo dio a los mexicanos soberanía alimentaria

Cuando, a mediados del siglo XX, se emprendió la política de industrialización, con base en la sustitución de importaciones, los gobiernos posrevolucionarios pusieron el acento en el agro como palanca del crecimiento económico y los campesinos respondieron con creces, satisfaciendo la demanda de alimentos y de insumos para la industria.

Todavía, al arrancar la segunda mitad del siglo pasado, se generaron expectativas de autosuficiencia agrícola con la publicitada Revolución verde, puesta en marcha en los valles de El Yaqui y El Mayo, Sonora.

Sin embargo, el primer gobierno neoliberal concluyó, bajo el dogma de crecimiento hacia afuera, que resulta más barato comprar que producir y todo el paisaje rural cambió radicalmente.

La contrarreforma agraria y el Tratado de Libre Comercio

El Estado neoliberal dictó su contrarreforma agraria en 1992 para exponer la propiedad social de la tierra a terceros; experimentó con el ejido la fallida economía a escala y el campo se empezó a descapitalizar.

En 1993, el campesinado se convirtió en victima propicia del Tratado de Libre Comercio (TLC): La tierra ejidal y comunal se convirtió en mera mercancía; al tiempo que al agro se le suprimieron los subsidios públicos, cuando sus contrapartes en el Tratado los incrementaron, se le privó también de crédito, asistencia técnica y de mercados compensatorios para su producción.

En ese proceso regresivo, las grandes centrales representativa de los campesinos organizados fueron socavadas para darle lugar a movimientos emergentes que han actuado como aliados en las políticas de privatización de la propiedad social de la tierra y de desnacionalización del proceso productivo, dándole prioridad a la agricultura de exportación, cuya renta apenas si alcanza para financiar el valor las crecientes importaciones de alimentos agropecuarios.

Cambian los actores, no las políticas excluyentes

A la par de la reciente firma de un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que impone a México elevar sus importaciones agropecuarias desde el vecino país, se dan ahora restricciones al campo del orden de más de 30 por ciento de sus partidas en el todavía atorado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020.

La conflictividad ha tomado como teatro de guerra el Palacio Legislativo de San Lázaro. En la crisis fiscal que sigue amagando al campo, parece no distinguirse la legitimidad de las demandas del verdadero sector productivo, de las exigencias de liderazgos espurios que pretenden seguir pescando a río revuelto.

Lo que nos falta, dicho en texto del liberal don Justo Sierra Méndez, es desamortizar las conciencias. ¿Lo veremos algún día?

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