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Opinión

El asesinato del alma joven

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

En la jerga tecnocrático-neoliberal se dice a secas producir capital humano. Eso se entiende en las empresas de enseñanza media y superior privadas: Formar cuadros gerenciales para el servicio de los grandes negocios nacionales y trasnacionales.

En orden cronológico se conquistó, primero, el principio de autonomía como derecho inalienable de las instituciones públicas mexicanas.

Decantado el artículo Tercero de nuestra Carta fundamental, su fracción séptima establece que las universidades y demás instituciones de enseñanza superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Desde ese mandato, dichas instituciones realizarán sus fines de educar, investigar y difundir cultura de acuerdo con los principios del artículo citado: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.

El criterio que orientará la educación pública, se basará en los resultados del progreso científico (y) luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Para los tecnócratas neoliberales, el mercado es primero

Por supuesto, esa doctrina emancipadora ha sido revertida por los gobiernos neoliberales para poner la educación al servicio del mercado.

Ese es nuestro punto: Por sistema, desde 2000, ya larvados ya visibles, los ataques a la política pública, en cuyo eje está la enseñanza, han tenido como móvil reorientarla -subsidios gubernamentales a la carta- en favor de los elitistas negocios privados que exhiben en sus fachadas, empresa socialmente responsable.

Esa tendencia se profundizó particularmente durante el pasado sexenio en que se puso el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Educación Pública en manos de egresados y gestores de corporativos empresariales a los que se encomendó la disolvente Reforma Educativa.

La meta de matrícula, entre la sensibilidad y la inflexibilidad

Sin exonerar gratuitamente a las autoridades de las universidades públicas de los estados de sus responsabilidades autónomas, lo cierto es que, desde el centro, se diseñó una perversa estrategia de zapa -deliberada contracción del subsidio federal- que condujo a la crisis financiera a por lo menos 11 planteles universitarios.

Ahí estamos parados en 2019: Ayer, en un encuentro de rectores de los estados en la Ciudad de México, se denunció que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, se aplica un recorte de 0.59 por ciento a las partidas de ese ramo, cuyo primer impacto afectará a las universidades estatales, entre las que se reparte una derrama de 62 mil 571 millones de pesos.

Dos efectos, a saber: 1) Alejamiento de la meta de incremento de la matricula a 50 por ciento en el actual sexenio, ahora anclada en 39.7 por ciento del objetivo, y 2) La profundización de la crisis financiera de las universidades emproblemadas. Una de ella, la Nicolaíta de Michoacán, por ejemplo, carece de fondos a fin de satisfacer sus ingentes compromisos contractuales de la primera quincena de octubre.

Conforme estudios actuariales, los requerimientos financieros para 2020 exigen un incremento de 3 por ciento. La suerte de la juventud de las provincias mexicanas se jugará en las próximas semanas entre la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y la inflexibilidad de la Secretaría de Hacienda.

De la conciliación de esos dos factores depende el derecho universal a la educación y su gratuidad. No es una ocurrencia dictada por la urgencia: Es un imperativo constitucional

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