Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Somos lo que comemos, dice un eslogan. ¿Cuánto cuesta en México comer, a los que pueden comer? Comer alimentos orgánicos, no importados ni procesados: Nutrirse, pues, no llenar la tripa.
Ejercemos el oficio periodístico desde un territorio en que se contrastan las potencialidades y usufructos agrícolas de los valles y la precariedad de las zonas de temporal: Sinaloa. El campo, pues, es nuestra preocupación, visto desde la perspectiva social.
Washington subsidia a sus granjeros; México los discrimina
Hablemos del primer Tratado de Libre Comercio (TLC-1993) y del nuevo engendro, el T-MEC (2019, entre corchetes). Por el Tratado salinista, México se comprometió a cancelar los subsidios a los productores rurales y cumplió. Sus contrapartes no lo hicieron.
Documentemos nuestros dichos: En su segundo mandato, el gringo republicano, George W. Bush, promovió su Ley Agrícola (Farm Bill) por la que se incrementaron en 70 por ciento los subsidios estatales a los granjeros estadunidenses. En la exposición de motivos de esa iniciativa se subrayó: La agrícola, es la primera industria del país.
Era un compromiso electoral de Bush desde el inicio de su gestión, para obtener un segundo mandato. El compromiso cumplido implicó otorgar 180 mil millones de dólares a los productores agropecuarios estadunidenses. Haga el lector la conversión a pesos y a la computadora le faltarán dígitos.
Solo apartemos un producto propio de la vocación agrícola del trópico: El arroz, en el que Sinaloa fue precursor. Le siguieron algunos estados del sureste mexicano.
A partir de 1998, a costa de sus contribuyentes y consumidores, el Estado norteamericano otorgó a sus productores agrícolas un promedio anual de mil millones de dólares, convertido a pesos, 20 mil millones. De esa ecuación, resultó que los arroceros gringos obtienen el 75 por ciento de sus ingresos y ganancias anuales.
Esa política ha tenido una eficaz bisagra: Los subsidios estatales y la imposición de aranceles al cereal importado. Quede como elemento de constancia. El impacto fue triple: Subsidios a costa de los pagadores de impuestos; sobre los consumidores, por los gravámenes a la importación y, en la cadena, los trabajadores agrícolas, contribuyentes y consumidores a la vez.
También los mexicanos subsidian a proveedores gringos
Desde 1994, en que entró en vigor el TLC, esa política proteccionista de Washington no ha variado. Al darse por aceptado el T-MEC de 2019 por México y Canadá, el propio Donald Trump reveló que el gobierno mexicano aceptó elevar sustancialmente las importaciones de productos agropecuarios alimenticios desde los Estados Unidos.
En su guerra comercial de corte arancelario, el inquilino de la Casa Blanca decretó gravámenes sobre todos los productos mexicanos. En su guerra electoral, el mismo Trump prometió subsidios excepcionales del orden de más de 20 mil millones de dólares a sus granjeros. Se trata, por donde quiera que se le vea, de una política de Estado.
El salinato transexenal sigue vivito y coleando
La narrativa anterior abarca desde el arranque del periodo del salinato, cuya gestión tuvo como emblema la contrarreforma agraria de 1992, por la que la economía rural fue expuesta, desde la propiedad social de la tierra, al mercado.
Desde principios de año, a propósito del lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se declaró que es el primer proyecto posneoliberal. Todavía se repite la muletilla.
Esa promesa, en cuanto al campo mexicano, no se ve reflejada en los Criterios de Política Económica para 2020. ¡Viva la Revolución mexicana!