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El ensayo de las Universidades para al Bienestar

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

De acuerdo con la evaluación 2019 de las 50 mejores universidades mexicanas -avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco)-, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ocupa el sitio 31.

La UACM se fundó en 2001. Quince años después, tenía etiquetado un presupuesto anual del gobierno del Distrito Federal de más de mil millones de pesos, más 10 por ciento de subsidio de la Federación. Para 2019 se le duplicaron esos apoyos.

La productividad de la UACM deja mucho a deber

A un corte de 2015, de 51 mil 333 alumnos egresados, la UACM sólo reportaba 669 titulados en licenciatura; 152 en posgrados. Cuatro años después, apenas mil 740 egresados con cédula profesional, con acceso al mercado profesional con entre tres mil y cinco mil pesos de remuneración mensual, mientras que coordinadores y rector del plantel disponían de un ingreso de 49 mil y hasta 91 mil pesos al mes.

Según investigaciones médico-sociológicas recientes, un alto porcentaje de alumnos en las demarcaciones más deprimidas de la Ciudad de México, es víctima de alcoholismo.

En el cuestionable historial de esa institución, desde los primeros ciclos lectivos fue copada por las tribus del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya incesante conflictividad se ha traducido en inestabilidad de sus autoridades académicas y administrativas, empezando por la titularidad de la rectoría.

Desde 2018, docentes de la propia UACM han venido planteando la impostergable necesidad de una replaneación de raíz de programas académicos  y procesos administrativos, infructuosamente.

Se discrimina a universidades públicas con mejores rendimientos

En el interior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Media y Superior (Unuies) se denuncian frecuentemente privilegios a la UACM a expensas de otros establecimientos públicos de los estados colocados en el ranking internacional por su impulso a la investigación tecnológica y científica, como la de Colima.

El asunto viene a tema, porque ese tipo de experiencias tan costosas y fallidas no han sido tomadas en cuenta para el diseño y operación de las nuevas Universidades para el Bienestar Benito Juárez, programadas por la cuarta transformación, cuya 100 primeras están ya activas o en tesitura de activarse.

No se cuestionan los nobles fines de esos proyectos: Atender los requerimientos de las comunidades rurales marginadas, con alta densidad de adolescentes y jóvenes indígenas, con preferencia en la matrícula.

No es ese el punto. El punto es que las instalaciones y equipamiento se han improvisado en sitios no siempre aptos para la impartición de clases y el aprendizaje, pero, sobre todo, el reclutamiento y la habilitación de personal docente están alejados de las normas de idoneidad y calidad para la función que se le asigna.

15 mil jóvenes rurales recibirán la oportunidad de su vida

En una primera etapa, en 2020 se han etiquetado a esa iniciativa más de mil millones de pesos de presupuesto federal para atender a 15 mil jóvenes en municipios de alta y muy alta marginación, como ocurrió en el Distrito Federal hace 20 años.

En el modelo no se invoca el principio de autonomía, lo que obliga a la subsecretaría de Enseñanza Media y Superior de la Secretaría de Educación Pública a estar atenta, sin aceptar presiones políticas o partidistas, a que el proyecto no se le vaya de las manos y pueda llegar a buen puerto antes de que termine el sexenio.

El imperativo es doble en el marco de la pandemia de Covid-19, que implica desarrollar programas en línea y presencial apenas en fase de experimentación en las universidades púbicas metropolitanas con centenaria trayectoria y dotadas de equipamiento tecnológico y personal altamente especializado.

Romper el ciclo elitista de la universidad púbica es socialmente plausible. Lograrlo en los nuevos planteles rurales es un imperativo categórico. La evaluación, en última lectura, se da por resultados. Hacemos votos porque la primera generación de titulados cumpla con los postulados de inserción de los jóvenes rescatados de la marginación en el mercado profesional.

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