El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Por supuesto, que el Estado -con toda la pluralidad de sus componentes-, y como representación del Contrato Social o superestructura tutelar de la sociedad y de la soberanía popular, tiene el deber y el derecho de velar por su propia supervivencia en tanto depositario de la Seguridad Nacional.
El Estado es el derecho, hemos escuchado decir a algunos constitucionalistas cuando explican que su origen respondió a la necesidad de proteger a la parte más débil en las relaciones de producción frente a la abusiva supremacía de los poderes económico y religioso, dicho con más propiedad en la segunda acepción, clerical.
Si algunos de esos elementos forman parte de la doctrina clásica universal, la explicación que comentamos aplica expresamente a la concepción mexicana sustanciada en las Constituciones de 1857 y 1917, que ideólogos como don Jesús Reyes Heroles describen como Estado Social de Derecho.
No es lo mismo Estado que “El Gran Leviatán” o “El Hermano Mayor”
No es ese el punto, pues. El punto estriba en que el Gobierno se asuma como encarnación única del Estado y se constituya en El Gran Leviatán o Hermano Mayor para ejercer el monopolio “legítimo” de la violencia en detrimento de las garantías de la comunidad nacional, uno de los componentes de la institución.
El asunto viene a tema por las recientes denuncias de dos precandidatos presidenciales de formaciones de oposición que han acusado al gobierno de Enrique Peña Nieto de tenerlos sometidos a espionaje, incluso de su núcleo familiar.
Para documentar la cuestión, vale señalar que se ha sacado de cuadro mediático el reciente descubrimiento de que periodistas de investigación y activistas contra la corrupción pública han sido víctimas de esas prácticas mediante el uso de ingenios cibernéticos encriptados en sus teléfonos celulares.
No se trata, en ambos casos, de la autodefensa de la institución estatal. Son operaciones de gobierno con fines de inhibición de actores políticos o sociales incómodos.
Navarrete: No es espionaje, es “seguimiento”
Respecto del primer asunto comentado, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete ha salido con la peregrina aclaración de que no se trata de acciones de espionaje, sino de “seguimiento” de las actividades de los contendientes en la sucesión presidencial. Palabras más, palabras menos.
Para el caso, el supuesto “seguimiento” está a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la propia Secretaría de Gobernación.
La mula no era arisca… En el viejo régimen, las tareas de acoso contra militantes políticos y sociales estuvieron a cargo de la temida y temible Dirección Nacional de Seguridad (DNS).
Cuando los crímenes de esa agencia de gobierno fueron documentados en la década de los setenta, se le cambió nominalmente a Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de la Segob.
Al irrumpir la escena política el crimen organizado, esas misiones civiles han sido compartidas por aparatos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comandadas por el jefe del Ejecutivo federal.
El objetivo: Chantajear y desplazar a políticos inconvenientes
Nos quedamos con los expedientes de las DNS y DGIPS: Particularmente en tiempos previos a los procesos electorales, esos entes hurgaron la vida personal y de las familias de los candidatos a puestos de elección popular.
No se trataba de blindar el libre ejercicio electoral, sino de utilizar la información capturada en forma ilegal para chantajear y desplazar a políticos inconvenientes a la permanencia del partido o del grupo en el poder. Especialmente en los estados, la estratagema funcionó y truncó la carrera de no pocos opositores.
En el periodo previo a la sucesión presidencial de 2018, los medios de comunicación han recibido filtraciones, muchas veces de fuentes anónimas, sobre el historial de algunos contendientes.
En uno de los casos, se ha responsabilizado de esas filtraciones al PRI; en otro, directamente a la Secretaría de Gobernación, y, en específico, al Cisen.
El grupo dominante oye pazos en la azotea
Con independencia de la veracidad de dichas imputaciones, lo que le da verosimilitud a esa especie es la revelación de que el PRI, y para el caso su precandidato presidencial, oyen pasos en la azotea a partir de encuestas sobre la intención del voto para julio, cuyos resultados no los dejan bien parados.
De ser así, como así es, no es la Seguridad Nacional -responsabilidad de Estado, competencia delegada por Gobernación al Cisen- la que está en juego, sino la compulsión a perpetuarse en el poder a toda costa y a cualquier costo. Esto es lo que no se vale. Es cuanto.
VP/Opinión/EZ