Por Pablo Moctezuma Barragán
En momentos en que México ha avanzado en la lucha democrática y logrado bajar del gobierno federal al PRIAN, gracias a una movilización sin precedente, buscando una renovación democrática y un cambio profundo. El INE se ha convertido en el bastión de la lucha contra la democracia, tomando decisiones anticonstitucionales e imponiendo medidas en interés de la vieja oposición, en tiempos en que el viejo régimen, y las viejas instituciones diseñadas por el PRIAN siguen operando en los mas variados niveles de gobierno y de los tres poderes,
El INE da un golpe que jamás se había visto en México. En un supuesto “purismo” que esconde intenciones sucias. Sanciona a 49 candidatos, 2 de ellos a gobernadores, ninguno del PAN, PRI, PRD, MC y los sanciona por “no reportar gastos de precampaña”, cuando Morena (que tiene 42 sancionados) no realiza precampañas.
El INE y antes del IFE, que por cierto son la misma gata revolcada, tapó fraudes y no vio violaciones flagrantes a la ley cuando se trató de hacerle el juego al PRIAN. Permitieron las formas más fraudulentas de financiamiento Peña Nieto no habría tomado posesión si el INE hubiera aplicado la ley en el caso Monex. No se dieron cuenta, cuando entró a las campañas el dinero de Oberdrech, ni cuando Cesar Duarte usó el dinero del presupuesto de Chihuahua para apoyar campañas. Permitió que con la “estafa maestra” se desviaron miles de millones de pesos a campañas del PRI. Ignoró el desvío de recursos públicos del exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte. Nunca detuvo, operativos masivos de compra de votos, antes y durante las elecciones, ha sido omiso al extremo. Lo que han defendido celosamente fueron sus sueldos y aguinaldos de cientos de miles de pesos muy por encima de los del presidente, con lo cual violan los artículos 116 y 117 constitucionales. Con los anteriores gobiernos se convirtieron en la “burocracia dorada” con sueldos desorbitantes, presupuestos sobrados, un aparato enorme lleno de privilegios y de corrupción y desvío de fondos. Logrando el “mérito” de efectuar las elecciones más caras del mundo y propiciando a los partidos recursos públicos en exceso, todo a costa del contribuyente. Peor aún en el Informe anual de gestión 2019 que envió a la Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control reportó un derroche tal que el año pasado había 116 vehículos sin localizar, la desaparición de 17,355 de bienes muebles con valor de 126 millones, irregularidades por 124.6 millones en adquisición de un inmueble en Acoxpa, Tlalpan, la compra de motocicletas de lujo Hayle Davidson, sus gastos en lavandería y en alimentos para mascotas y demás lindezas.
No se puede decir que no haya tenido recursos para hacer cumplir la ley. El INE tiene un presupuesto más jugoso que cualquier otro órgano electoral en el mundo. De 2006 a 2016, primero el IFE y a partir de 2014 el INE, han recibido más de 100,000 millones de pesos. Sí que tenían posibilidad de detectar operaciones fraudulentas a escala nacional que permanecieron impunes. Pero no defendieron un proceso democrático, fueron garante de los intereses del PRIAN. El pecado original del IFE-INE fue que los consejeros han sido electos por los partidos dominantes, que se repartieron en cuotas las posiciones del poder que siempre estuvo al servicio de la partidocracia. Y solo ha sido a partir del año 2018 en que el INE encabezado por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama levantaron la espada contra el primer gobierno federal que no surgió de las filas de sus patrocinadores.
También está en discusión si el INE viola el sentido del artículo 105 constitucional, al realizar cambios al criterio realizado en 3 elecciones pasadas para evitar sobrerrepresentación de un modo faccioso y para tratar de dificultar que la alianza Juntos Haremos Historia tenga mayoría absoluta. En efecto dicho artículo en su fracción II, 4º párrafo, dispone que, durante el proceso electoral local, ningún órgano materialmente legislativo podrá realizar modificaciones legales fundamentales que incidan en el desarrollo del mismo proceso electoral, por lo que se puede afirmar que está prohibido modificar el orden jurídico electoral. Toda modificación deberá promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes del comienzo del proceso electoral en el que habrán de aplicarse. Durante el mismo no habrá cambios. El proceso electoral inicia con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. El INE dispuso el 19 de marzo a menos de tres meses de la elección del 6 de junio aplicar el límite del 8% a la representación de alianzas. Tomemos en cuenta que en la época del PRIAN en 2012, en 2015 y 2018 hubo partidos que sí rebasaron el límite del 8% a través de la figura de coaliciones, y el INE no quiso evitar, y ahora aplica este criterio intentando que la primera fuerza política del país no tenga gobernabilidad ni posibilidad de realizar cambios constitucionales urgentes, para enmendar las contrarreformas del PRIAN, como lo fue la Reforma Energética. Hay una discusión legal al respecto porque esa cláusula se incluyó en 1996 para facilitar la alianza PRI-PAN y luego se desestimó. La actuación del INE para favorecer en todo lo que pueda a la oposición y afectar cuanto sea posible a Morena es descarada. El árbitro ha bajado a la cancha para meter goles a quien busca revertir las contrarreformas neoliberales del PRIAN, evitar que ciertos candidatos entren a la cancha e incidir en el marcador final con triquiñuelas.
Para que exista una transformación hay que instaurar un nuevo régimen. Las instituciones del viejo régimen son obsoletas, el sistema electoral diseñado en época de Salinas de Gortari garantiza los intereses de las cúpulas y cierra puertas y ventanas a la democracia. Se necesita un nuevo sistema político en el que el pueblo decida y no las instituciones impuestas por la partidocracia.
Hoy por hoy los consejeros quieren sustituir las decisiones de los partidos, al poder legislativo, e imponer candidatos y dirigentes. Y son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE quienes deciden, sustituyendo a la militancia, violando estatutos y criterios democraticos, por ejemplo el TEPJF invalidó la celebración del Congreso Nacional de Morena, programado para el 26 de enero de 2020, para renovar dirigencia el 27, 28 y 29 de junio. Luego la Sala Superior del Tribunal Electoral TEPJF tras echar abajo el Congreso, ordenó al INE encargarse de la realización de la encuesta nacional abierta para definir la dirigencia de Morena. Metieron en la encuesta a personas que no estaban en el padrón del partido, quitaron el requisito estatutario que imponía el requisito de ser consejero nacional, a pesar de estar prohibido permitieron el gasto de una fortuna en publicidad, como no les gustó el resultado de la primera encuesta, hicieron una segunda. De modo que solo ellos dirigieron el proceso para favorecer a quien quisieron.
Se ha llegado a extremos ridículos, ya que en lugar que los militantes elijan a sus propios dirigentes, se aplicó una encuesta abierta, donde participan tiros y troyanos, militantes y adversarios, simpatizantes y antagonistas, y puede ganar el más famoso. Si este mecanismo se hubiese aplicado hace décadas, Pedro Infante, Lola Beltrán, Cantinflas y María Victoria, Chespirito y Chabelo hubiesen dirigido los partidos. Y lo peor de todo es que encargaron las encuestas a empresas privadas, que sabemos cómo se las gastan. ¿Es esto democracia?
Nos venden la idea de que “alternancia es igual a democracia”, pero no es así. La alternancia sustituye en México a la democracia, porque los partidos PRI, PAN, PRD,MC …etc se han alternado para seguir la misma línea pro “integración norteamericana” al servicio de las corporaciones extranjeras y nacionales. Ahora tras ser derrotados por un movimiento histórico en el que 30 millones de mexicanos, repudiaron al viejo régimen. Buscan seguir controlando el Estado, aunque no tengan el gobierno federal e imponer la “alternancia” o sea que ellos vuelvan otra vez al poder. Para ello cuentan con el sistema de partidos, el poder económico, el apoyo externo desde Washington, y buscan controlar el poder legislativo y judicial para echar atrás cualquier reforma nacionalista y popular. Y el mejor aliado para ellos es el INE.
Tener el gobierno federal, no equivale a contar con el poder del Estado. Es claro como Washington ya no puede propinar golpes de Estado como los que aplicaba hace décadas, ya no pueden ahora propina sus “modernos” golpes de Estado a través de los poderes legislativo y judicial (Bolivia fue la excepción). Así hicieron en Honduras contra el presidente Zelaya, en Brasil para defenestrar a Dilma, en Paraguay con el fin de destituir a Lugo, en Argentina para perseguir sin tregua a Cristina Kirchner. Trataron de hacerlo -y fracasaron- en Venezuela con Guaidó cuando presidió la Asamblea Nacional. Aquí en México, están desesperados por defender entreguismo, privilegios, privatizaciones y a toda costa buscan que integrantes del poder judicial “suspendan” las medidas que implementa el gobierno federal y que éste no cuente ya con mayoría calificada en el Congreso. Esa es la tarea del INE. Y la realiza con gran cinismo, sintiéndose apoyado por los poderes fácticos. Y además de que puede hacerlo porque, porque aún subsiste el viejo régimen.
Ha llegado el momento de lograr la renovación democrática y un sistema político y electoral en el que decida el pueblo y no a las cúpulas e instituciones que garanticen la democracia y no los intereses de unos cuantos. Es hora de grandes cambios, de las transformaciones, producto de la movilización de millones de mexicanos conscientes. Es la hora de solucionar los profundos problemas que sufre la sociedad y de construir el futuro del siglo XXI, un futuro democrático.