La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Apenas designado autoridad federal para la gestión de las Zonas Económicas Especiales (CEE), el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani reconoció que una traba para el desarrollo de esos proyectos la planteaba la cuestión de la propiedad territorial.
En efecto, desde que -hacia finales de los noventa- se propuso la base del Plan Puebla Panamá (PPP), en el estudio El sur también existe, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Hacienda, se pretendió extinguir el régimen de propiedad comunal de la tierra, extensivo al ejido.
Salvo Felipe Calderón -quien en los días crepusculares de su sexenio introdujo una iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria-, ni antes Vicente Fox ni después Enrique Peña Nieto repararon en el impedimento para expedir concesiones mineras.
Contratos por encima del Derecho Agrario
Por el contrario, Peña Nieto hizo abstracción del sentido de la doctrina constitucional respecto del régimen agrario al autorizar el formato de los nuevos contratos para la exploración y explotación de potenciales yacimientos petrolíferos.
En ambos casos, el Tribunal Agrario de la Federación ha intervenido a denuncia de parte, pero no pocas veces sus sentencias son tardías o, en última lectura, desacatadas.
Para entonces, ya Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad enfrentaban viejos litigios administrativos y judiciales por la arbitraria apropiación de terrenos comunales y ejidales, no sólo para incorporarlos al usufructo de hidrocarburos, sino para proyectos de infraestructura hidroeléctrica sin proceder a la consulta previa de los núcleos afectados.
Particularmente en el caso de la CFE, algunos traficantes inmobiliarios, avisados previamente de obras públicas en proyecto, se dedicaron a sobornar a comisariados ejidales o administradores de bienes comunales para la adquisición hostil de predios donde se construirían presas para la generación de electricidad, o para derechos de paso cuando se tratara de líneas de alta tensión para la transportación de fluido.
Se cancelan las Zonas Económica Especiales
Esas prácticas crearon la figura de terrenos de engorda, adquiridos ilegalmente a precios de ganga por los especuladores, para revenderlos en su oportunidad a las empresas productivas del Estado como si se tratara superficies para fraccionamientos residenciales en oferta a gente de alto poder adquisitivo.
Viene a tema el asunto, porque hace algunas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de las Zonas Económicas Especiales en las que, denunció, algunos vivales, más que con la intención de emprender proyectos productivos, compraron tierras para hacer negocios.
Acto de autoridad el anterior, que busca reparar abusos de particulares, procede en el caso específico de las CEE. Algo debe hacerse respecto de los expedientes acumulados, pues no bastan las sentencias del Poder Judicial de la Federación para enmendar la plana a las instancias administrativas. Es cuanto.