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El privilegio de mandar sobre el dinero público

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

De acuerdo con estudios comparados a escala internacional, el voto electoral en México es de los más más caros del mundo.

En las elecciones generales federales y las concurrentes en los estados de 2018, sin contar la abstención (42 por ciento respecto del listado nominal nacional) y el financiamiento privado a las campañas (no cuantificado por deliberadas omisiones o falsificaciones en los reportes de los partidos), cada voto costó más 320 pesos.

El año pasado, según cálculos actuariales especializados, el costo de las elecciones fue de más de 28 mil millones de pesos, también sin cuantificar el financiamiento privado.

Lorenzo Córdova alega que el INE queda en insolvencia

Sólo la obsesiva compulsión de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por manejar recursos públicos con cargo a los contribuyentes, explica que, con miras a 2021, se vayan a repartir discrecionalmente nuevas franquicias nacionales por las que pugnan más de un centenar de agrupaciones políticas.

Para 2019, en que sólo hubo comicios en siete entidades, la Cámara de Diputados asignó al INE 10 mil 389 millones de pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova acusó que el ajuste aprobado en San Lázaro respecto de 2018, dejó en insolvencia a dicho órgano y constituyó un atentado contra su autonomía e independencia. Hay algo de perversa fantasía en esas exageraciones.

Lo comprobable es que, en relación con los procesos electorales federales de la década de los noventa, y después de cacarearse tanto la transición democrática, el ausentismo en las urnas es la marca de la casa de la democracia “a la mexicana”.

El regreso a la centralización no abona a la calidad democrática

En esta narrativa, es necesario subrayar un elemento disolvente en esa materia: La centralización electoral como función de Estado. Por la reforma constitucional de 2014, el INE quedó facultado para subordinar las instituciones de los estados y a absorber su funcionamiento mediante la figura de organismo político electoral estatal (OPEEL).

Como quedó indicado en párrafos anteriores, la abstención, ésta sí, la resta legitimidad al triunfo de los candidatos a puestos de elección popular, de ahí que se justifique el ejercicio de la revocación de mandato como derecho popular.

Contra iniciativas ciudadanas, que exigen la revocación, en 2019 son los propios partidos nacionales de oposición los que se han colocado en una actitud de resistencia e intransigencia.

Con independencia de que sean bancadas federales de Morena las que impulsan ese procedimiento al través de una nueva reforma político-electoral, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD se han atrincherado en bloque y, con argumentos especiosos, no están dispuestos a dejar pasar ese avance que se inscribe en los términos de la democracia participativa.

Se atenta contra el derecho de las comunidades indígenas

Incluso, respecto de la reforma constitucional de 2014 comentada, desde el centro se han velado armas contra el Congreso de Oaxaca, que trató de acotar la centralización de las funciones de los órganos electorales de la entidad, al través de la facultad de designar al menos al secretario ejecutivo del organismo estatal, que es una instancia administrativa-

Esa impugnación va más lejos: Se vulnera el derecho de las comunidades indígenas, consagrado por la Constitución general, a elegir sus autoridades por el sistema de usos y costumbres.

Las consideraciones aquí planteadas cobran actualidad a la luz del primer aniversario de la denominada revolución electoral pacífica del 1 de julio de 2018, que modificó radicalmente la correlación de fuerzas partidistas en el espectro político nacional.

Al menos por lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral, ahí sí, se defiende el derecho a seguir actuando con viejos usos y costumbres burocráticos. El más socorrido: El privilegio de mandar disponiendo a discreción de los ya excesivos subsidios públicos.

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