Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Cuando los tecnócratas neoliberales se propusieron hacer de México una sociedad de servidumbre, pocos imaginaron la magnitud de la barbarie que azotaría a la clase trabajadora, aun la laborante en la economía formal (que es minoritaria respecto del cuadro ocupacional general). El Covid-19 ha descubierto el tamaño de ese despropósito.
Siempre es bueno empezar por el principio. Por mera inercia, se mueve anualmente al alza la Población Económica Activa (PEA): 57 millones mayores de 15 años. Economía informal: 33 millones de individuos, carentes de Seguridad Social. Con base contractual formal: Unos cuatro millones de trabajadores sindicalizados. Ocho millones dependientes del salario mínimo, la mayoría sujetos a contratos de protección empresarial y un resto a la contratación laboral triangulada, que exime a los patrones de cualquier responsabilidad legal (Artículo 123/ Ley Federal del Trabajo).
Para el tema que nos ocupa, al diseño de la sociedad de servidumbre sirvieron simultáneamente la contrarreforma agraria de 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1993-1994.
En 2019, el sector servicio (turismo y comercio) absorbió 41 por ciento de la mano de obra de la economía formal.
Seis millones de compatriotas, de la sartén al fuego
De acuerdo con las mismas fuentes consultadas para el mismo año, el sector terciario (en el que están inscritos Agricultura y Pesca) dio ocupación a más de seis millones de mexicanos. No incluimos la industria extractiva, principalmente la minería.
Segundo cuadrante. En su toma de posesión en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto anunció entre las prioridades de su gobierno la institución del Seguro del desempleo, de suerte que los trabajadores desplazados de sus ocupaciones encontraran cierta opción transitoria a sus intereses profesionales y patrimoniales.
Llegó en 2020 el avasallador remesón económico que cimbró la estabilidad laboral de trabajadores y empleados, fenómeno que, de entrada, ha afectado a unos dos millones de la PEA.
No existiendo con alcance universal el Seguro de Desempleo, a los cesantes sólo les ha quedado como única alternativa recurrir a los saldos en sus cuentas individuales activas en las privadas Administradoras de Fondos de Retiro de los Trabajadores (Afore), con alcances ciertamente limitados y sujetos al regateo de esos gestores.
Obviamente, ese beneficio derivado de sus propios recursos, permite a los ahorradores informados que habitan en las zonas metropolitanas hacerlo efectivo.
¿Dónde quedan millones de jornaleros, indígenas y campesinos -la mayoría de los cuales dependen de cultivos de subsistencia- y los pequeños agricultores? Quedan, en sus soledades rurales, abandonados a la mano de Dios.
Antes de que se presentara el coronavirus, ese era el estado natural de aquella población. Después de que pase el Covid-19 permanecerán en la misma, o acaso peor situación. Eso pasa en los regímenes semifeudales que se niegan a morir. Grave cuestión.