Otredades
Por José Sobrevilla
Fue un golpe fuerte. “No aceptaré la seguridad del Estado Mayor Presidencial, EMP, porque los ciudadanos me cuidarán y protegerán; y los medios van a actuar con orden para que no esté yo rodeado de guardaespaldas”, afirmó el candidato presidencial electo Andrés Manuel López Obrador. La información que lo llevó a tomar esa decisión debió ser muy seria; además, nadie mejor que él sabe cómo opera esta “guardia del poder” cuando aplica su fuerza contra los movimientos sociales como el que él encabezó y hoy lo tiene al frente del país. Sin embargo, la vox populi dice que, aunque ganó con amplio margen, la seguridad de un jefe de estado no puede quedar en manos de sus electores.
Y es que el Estado Mayor se ha convertido en la expresión militar de la soberbia, actuando contra la ciudadanía so pretexto de brindar “seguridad” al poderoso en turno, ha asegurado Isabel Arvide, especialista en temas militares; sin embargo el capitán 1º de Infantería y diputado del PRI, Carlos Sarabia Camacho, opina distinto. Para él, la que realiza el Estado Mayor es toda una logística, y el candidato ganador no puede prescindir de él sin caer en una falta legal, porque para cambiar o mover esta institución antes se tiene que legislar. “Pese a que tuvo mayoría en el Congreso, aseguró el ex jefe de grupo que protegió al ex presidente Vicente Fox, no se vería bien utilizarla para desaparecer instituciones como la referida”.
Su desmantelamiento no será sencillo, afirma el General José Francisco Gallardo, porque a su mando tiene más de 9 mil efectivos encuadrados en varias unidades y dependencias. Cinco mil en el Cuerpo de Guardias Presidenciales; 800 en el 24º Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales; 500 efectivos del Grupo Aéreo de Transporte Presidencial que incluye 15 aeronaves (Forbes enumera nueve aviones y ocho helicópteros).
Cuenta con instalaciones en el área presidencial del Palacio Nacional; en la Residencia Oficial de Los Pinos; un edificio en Molino del Rey; un predio en Constituyentes; otro en el Hangar Presidencial del Aeropuerto Benito Juárez, CDMX; un centro hospitalario en Constituyentes, donde también tiene un campo deportivo, similar al del Campo Deportivo Militar Marte de Reforma. Para su operación, este organismo, considerado un Ejército, dentro del Ejército, este 2018 recibió un presupuesto 639 millones de pesos.
Si queremos cambiar el régimen autoritario que nos ha gobernado en toda la historia de México, asegura el General Gallardo, hoy es el momento. “El licenciado Andrés Manuel le ha llamado la Cuarta Transformación (la primera fue la independencia, segunda la reforma, y tercera la revolución; y ahora ésta ganada en las urnas) y para ello hay que romper los simbolismos de un estado autoritario, y el EMP es uno de ellos”.
Ningún país del mundo emplea militares en activo para garantizar la integridad de sus mandatarios, pero en el Estado Mayor participan 14 generales como guardaespaldas de figuras importantes como la primera dama; esto porque Vicente Fox, el 23 de enero de 2004, modificó el reglamento del EMP para instituir una unidad específica para la atención de la primera dama, conocida en la jerga como la “Sección Marthita”. En tanto Felipe Calderón, el último día de su mandato, hizo reformas al Artículo 11 del reglamento del EMP para brindar protección de por vida, además de a él, a toda su familia. Enrique Peña Nieto, el 18/02/13 creó el día del Estado Mayor Presidencial; administración a la cual el general Gallardo ha llamado “el sexenio de los militares”.
En México cohabitan dos Secretarios de la Defensa, afirma el militar defenestrado por intentar llevar derechos humanos al Ejército: “el institucional que es nombrado por el Presidente de la república de acuerdo con el artículo 90 Constitucional; y otro de facto, el jefe del EMP que, al sobrepasar sus facultades se coloca por encima de cualquier Secretario de Estado, incluso de la Defensa y Marina, así como de otras estructuras de seguridad a nivel nacional”.
Desde el momento en que el EMP nutre a la estructura de la administración de escoltas militares (funcionarios, visitantes extranjeros, familiares, y a quien ordene el Presidente) se infiltra en la estructura de gobierno y realiza actividades de espionaje político.
Asegura el general Brigadier que existe la suspicacia de que este organismo a punto de desaparecer ha fraguado crímenes de estado como el asesinato de la familia Jaramillo en Morelos (1962), masacres contra estudiantes (1968), el famoso “halconazo” (1971) y el asesinato de Colosio (1994), entre otros. Por ello en su Planeación Estratégica Nacional, el militar a quien Amnistía Internacional consideró Preso de Conciencia en 1997, señala necesaria la reestructuración del Estado, la creación de nuevos mecanismos para llegar al poder, fortalecimiento del orden institucional, y romper rituales y parámetros que simbolizan un Estado autoritario como el Estado Mayor Presidencial.
Las opiniones sobre este cuerpo de seguridad creado en 1942 por el Presidente Manuel Ávila Camacho, pero que data desde Iturbide, son encontradas: el Diputado Carlos Sarabia sugiere que se adelgace, pero que no desaparezca. José Francisco Gallardo que regresen a sus cuarteles. “Será una buena noticia tenerlos de regreso porque son militares y deben ajustarse a cualquier misión!, afirmó en Reforma (18 de julio/18) un mando castrense de la Primera Zona Militar.
“Nos conviene que regresen porque son elementos altamente capacitados” sugirió al mismo periódico un Comandante de la Armada de México adscrito al Cuartel del Alto Mando. “No sé por qué quieren que se reduzca: este cuerpo debe seguir al mando del Presidente” opinó el General de División retirado Luis Garfias Magaña. “Aquí hay de todo –desde el anonimato afirmó a Reforma un elemento del EMP- desde francotiradores, ingenieros en comunicaciones, lo mejor; la duda es ¿a dónde nos van a mandar?