Sinfonía Telúrica
Por Abraham García Ibarra
Nunca, las alegorías retóricas salen sobrando en el ejercicio editorial. En nuestra tarea nos sirven para descifrar ciertos usos jesuíticos que esconden el puñal debajo de la capa.
La lección que nos brinda la metáfora del vino nuevo en odres viejos aplica al proceso legislativo mexicano, que se teje con base en parches y remiendos al cuerpo jurídico que rige las relaciones entre el Estado y las instituciones civiles, entre los tres Poderes de la Unión y entre Gobierno y gobernados.
En el periodo en que cubrimos la actividad parlamentaria, siempre nos fascinó la Exposición de motivos introductoria a cada iniciativa de Ley. El resultado último de los debates nos dio un concentrado de artículos básicos a los que se colgaron transitorios, no pocos en sentido contrario al artículo original.
Si de por sí el decreto final salió embarazado de vacíos y ambigüedades, a la hora de su ejecución resultó adulterado por los reglamentos y normas dejados a la discrecionalidad de las instancias administrativas.
Ese rezagante fenómeno se hizo visible al legislarse las figuras de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, con las que se inauguró la judicialización de la política.
De los plenos de la instancia jurisdiccional han surgido jurisprudencias bastantes para perfeccionar el Estado de Derecho. Sin embargo, el legislador vuelve a las andadas cada vez que el Ejecutivo requiere sus votos o él mismo los solicita para satisfacer su ego o los intereses que representa.
Grandes reformas estructurales con aroma de tierra arrasada
Cambio de página. Desde que el neoliberalismo fue puesto a galope y puso en su mira la exploración y explotación de los recursos naturales relacionados con la depredadora industria extractiva, hemos empleado el término tierra arrasada.
Si vale el ejercicio memorioso, nos remitimos a 1992 en que se legisló la contrarreforma agraria. Por el grave impacto socioeconómico de esa “reforma estructural” -de cuyas consecuencias todos estamos pagando el costo- se sacó de foco mediático otro caballo de Troya: La Ley Minera.
Ambos actos legislativos, a sabor del Tratado de Libre Comercio (TLC). Desde entonces se puso a subasta el dominio del territorio nacional a la más baja postura. Ya para el sexenio de Vicente Fox, a la tierra arrasada se le colocó el merengue: Territorio libre, mejor detonante del filibusterismo globalizado no puede haber.
(El territorio libre –patente de corso– desconoce propiedad legal, áreas protegidas o reservadas, núcleos agrarios, poblaciones, etcétera.)
Eso del territorio libre –concesiones o permisos a granel hasta por 50 años, cuando lo racional debiera ser de no más de 12 para certificar el cumplimiento de las normas y contraprestaciones-, es la cortada esgrimida principalmente por la Secretaría de Economía a expensas de las dependencias responsables de las políticas públicas indígena, agraria y ambientales.
Según los gestores neoliberales -legisladores y cuadros administrativos- la cesión territorial se obsequia a nombre de la utilidad pública -aunque dicha utilidad quede en exclusiva de manos privadas. “Utilidad pública”, es el término que aparece en los títulos de concesión. Otro es más elocuente: Preferente.
Concesionarios, hasta los que no aparecen en el censo de causantes
En arca abierta, hasta el justo peca. La generosidad de los agentes del Estado ha sido de tal tamaño que, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, aquellos títulos se han dado incluso a personas físicas o morales que no tienen ninguna conexión con la industria minera. ¡Vaya! Ni siquiera aparecen en el padrón de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda.
Otras fuentes enteradas nos ilustran: Esos sedicentes concesionarios o permisionarios hacen negocio endosando dichos títulos a terceros con apetitos monopólicos o, bien, conservan la posesión como terrenos de engorda para cambiar el uso de suelo con otros fines utilitarios: Fraccionamientos residenciales o turísticos.
Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de parte, ha sentenciado en última instancia recursos de amparo interpuestos por comunidades indígenas en los casos en que sus bienes han sido expuestos a terceros sin consulta previa, según lo mandata la Constitución.
Para el legislador no es de interés público nuestra biodiversidad
Para el legislador, es de interés público o preferencial el de los corporativos mineros, mayoritariamente extranjeros. No entran en ese rango constitucional los ecosistemas, cuencas, orografía, clima, suelos, sistemas económicos y culturales de los pueblos, ni sus derechos consagrados por la Constitución.
Como el relanzamiento del proyecto de Ley Nacional de Aguas, otra vez están en cartelera nuevas iniciativas que tocan la legislación minera, pero el debate privilegia sólo a los que, teniendo más saliva, tragan más pinole.
Habida cuenta que el interés nacional no aparece en el alfabeto del legislador, lo que tendremos en la cuarta transformación es la metáfora del vino nuevo en odres viejos; proceso que, al final del día, revienta los odres. Es cuanto.