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En política, volamos en zona de turbulencias

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

En la bitácora electoral rumbo a 2021-2024, esta misma primavera entraremos a zona de turbulencias que agitarán el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México donde, el arrancar el primer periodo ordinario de sesiones, se convocará a la elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Como ligero atenuante vemos que se agotó el plazo constitucional para quitarle la presidencia del órgano electoral a Lorenzo Córdova, como lo pretendía la bancada mayoritaria de Morena.

A contrapelo de la selección de consejeros, observamos que ya está en fila una legión de aspirantes a las suculentas consejerías que, por agotamiento del periodo, serán cubiertas: Pasan a retiro Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif.

Baños es el más veterano de los funcionarios del órgano electoral. Se le ha identificado como coordinador de la bancada tricolor en el Consejo General. Nacif ha sido un litigante reincidente contra la intención de ajustar los ingresos de los consejeros, que no aceptan ganar menos que el presidente de la República.

Cuestionado, el sistema de cuates y cuotas en el Congreso

El proceso de designación de consejeros del INE tiene dos filosas aristas; 1) Desde hace al menos dos sexenios, ha sido cuestionado el sistema de cuates y cuotas en la selección de miembros de los órganos autónomos del Estado, y, 2) Los nombramientos no se han hecho bajo el principio de idoneidad, sino por otros atributos, no precisamente profesionales o éticos.

En el asunto en comento, desde el segundo semestre de 2019, la bancada de Morena se ha comprometido a ceder la mayoría de las consejerías a postulantes mujeres. Por lo pronto, la Cámara de Diputados tiene que empezar por nombrar el comité técnico de selecciones de precandidatos.

El calendario institucional, ya en marcha, considera asimismo el dictamen por el INE de las solicitudes para el otorgamiento de nuevas franquicias partidistas, cuyas resoluciones pasarán por la prueba del ácido de febrero al último día de junio.

Tienen que restructurarse institutos electorales en los estados

El segundo aspecto crítico, es el hecho de que el INE renovado atenderá la elección en 2021 de 500 diputados a la LXV Legislatura federal, muchos de los cuales pretenden reelegirse. Concurre al mismo proceso la elección en más de la mitad de los estados de la República el cambio de gobernador, diputados locales y una proporción importante de presidentes municipales.

En la perspectiva de 2021, cuyos preparativos se ponen a caballo en septiembre de este año, serán restructurados institutos o consejos electorales estatales, en cuyo caso el procedimiento será sancionado por el INE, en los términos de los convenios suscritos por los gobiernos y las legislaturas locales.

La amenaza del crimen organizado contra el espectro electoral

Sobre la estructura electoral pesa un espectro que no ha podido ser exorcizado, pese a incesantes prevenciones: La presencia e injerencia del crimen organizado en la imposición de candidaturas a cargos de elección popular.

En la perspectiva de las elecciones generales de 2012, las representaciones de los partidos ante el Consejo General del INE detectaron focos rojos en territorios dominados por los cárteles de la droga, en los que desde entonces se pidió fortalecer la presencia del Ejército.

Esos temores se vieron justificados en las elecciones intermedias de 2016 y en las generales de 2018, en que candidatos a diputados locales y federales, y de alcaldes, pasaron por graves amenazas que se vieron cumplidas en los hechos en varias entidades del país.

La consulta popular 2021 sobre la permanencia de López Obrador

Las elecciones de 2021, tienen un ingrediente de magnitudes insospechadas: El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue aferrado en exponer su permanencia en Palacio Nacional mediante la consulta popular, en cuyo caso la última palabra queda en manos de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene facultad de ponderar la pertinencia de costos y beneficios de la consulta popular y sentenciar en consecuencia.

Lo único que nos queda por recomendar, dada la explosiva conflictividad general en el país, es empezar a apretarse los cinturones.

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