Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Desde que, en 1879, por consigna del gobernador Francisco Cañedo, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, el periodista liberal y editor de La Tarántula, José Cayetano Valadés, pasaron 100 años hasta que, en 1978, fuera ejecutado el reportero de El Noroeste de Culiacán, Roberto Martínez Montenegro.
El siglo no pasó ileso: La reacción contra el asesinato de Valadés, fue el lanzamiento de El Correo de la Tarde, en Mazatlán. Dirigido a principios del siglo XX por Heriberto Frías, fue objeto de persecución por la dictadura porfiriana en respuesta a la lucha antirreleccionista encabezada en Sinaloa por José Ferrel, ex editor en la ciudad de México de El Demócrata.
En el periodo nacieron en Sinaloa diversas publicaciones impresas. Se destaca El Correo de Occidente a iniciativa de un descendiente del mazatleco asesinado en 1879 del mismo nombre, José C. Valadés, expulsado del estado después de la ejecución del gobernador Rodolfo T. Loaiza, en 1944; se distinguió luego como historiador de la Revolución mexicana y como diplomático.
Cambian los autores, no la acción de exterminio
Con el asesinato en 1978 del reportero Martínez Montenegro, Sinaloa empezó a pintar de rojo el mapa nacional de la represión periodística que, hasta 2017, continuó con la ejecución del periodista e investigador sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, activo hasta la hora de su muerte como corresponsal de La Jornada.
Los móviles y la autoría intelectual y material de los atentados contra la Libertad de Expresión han dado un giro, de la represión eminentemente política, a la acción del crimen organizado y su ley plata o plomo.
Precisamente, a raíz del atentado contra Valdez Cárdenas, se implantó en el gremio periodístico una convicción: En México, es más peligroso investigar un asesinato, que cometerlo.
De ello, y de cara a la impunidad que se cierne sobre los atentados contra el Derecho a la Información, se deriva otra hipótesis: En México, la política de Estado, consiste en que la única política es que no haya una política de protección al ejercicio de la Libertad de Expresión.
Un atentado contra la Libertad de Expresión cada 15 horas
El saldo de ese desapego a la aplicación de la ley y la justicia, es que en México se perpetra una agresión a periodistas y comunicadores cada 15.7 horas, según conteo documentado en el primer semestre de 2017.
Para entonces, la suma de atentados de 2009 a 2016 fue de dos mil 258 agresiones. En 2016, el conteo dio 426, con este registro por autoría: 91 a cargo de funcionarios de los estados, 79 a funcionarios municipales, 56 a funcionarios federales, 69 a particulares, 31 a partidos políticos, 17 al crimen organizado y 83 sin responsable identificado.
Existe en ese balance un fenómeno, no precisamente anticlimático pero contradictorio. El mandato de Enrique Peña Nieto es denunciado por el más alto gasto histórico en la gestión de publicidad gubernamental desde la presidencia.
En sentido inverso, se incrementaron los ataques a periodistas y medios: En 2013, un total de 330; en 2014, 326; en 2015, 397 y, en 2016, 426.
El macabro reporte del pasado mes de mayo
El crimen de lesa libre expresión prevalece sin solución de continuidad, si bien por darse como ordinario, por el aislamiento de localidades donde se comete o la falta de resonancias en la metrópoli, ya no merece espacio ni las secciones de nota roja.
Para el pasado mes de mayo, la suma de agresiones en 2018, conforme reportes de organizaciones civiles, es 45, una cada día y medio, entre ellas 10 asesinatos; los más recientes en Oaxaca y Quintana Roo.
La mayoría de las víctimas son practicantes del periodismo en redes sociales, en páginas de la Internet y en radios comunitarias que emiten en zonas rurales, con mayoritaria población indígena.
Tal es la indignante lectura cuando estamos a punto de “festejar” el Día de la Libertad de Prensa, ocasión luctuosa una semana después de que recordamos el asesinato en mayo de 1984 del maestro Manuel Buendía.