La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
En julio culminan los censos económicos nacionales; a fines de 2019 se inician los preparativos para los censos de población y vivienda de 2020.
Cuenta la leyenda oficial que los resultados de la construcción censal son fuente fundamental para el diseño de políticas públicas, planes, programas y estrategias para el desarrollo humano sostenible.
Por sostenible se entiende la compatibilidad entre los recursos disponibles y la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad.
El supuesto indica que los resultados de los censos son la materia prima de los planes nacionales de desarrollo. El de la cuarta transformación quedó a lomo del proceso censal económico y en la víspera del de población y vivienda.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, pues, acaso se base en los censos de hace una década y los conteos específicos que periódicamente actualiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en diversas asignaturas.
Los depositarios de la verdad, nada más que la verdad
Lo que resulte de las consultas públicas sobre el PND a las que ha convocado el Congreso de la Unión y particularmente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputado, eventualmente puede adolecer de deficiencias en su base estadística.
Lo que pretendemos subrayar es que, en el arranque del actual gobierno, en la evaluación de las políticas públicas y de los anuncios o enunciados de los proyectos de la cuarta transformación, se ha desatado una verdadera guerra de estadígrafos, en la que cada cual se declara depositario de la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad.
La cuestión es que, en el debate mediático metropolitano, sólo participan agentes de élite, según el interés grupal o sectorial que los mueve.
Nos queda la sensación de que, particularmente en el periodo neoliberal, los mexicanos hemos sido retrotraído a la Baja Edad Media, en que la Curia Regia ejercía facultades absolutas de espaldas al pueblo llano, fábula que identificaba sólo a la oligarquía urbana. En última lectura, esa metáfora se circunscribía a la relación entre el rey y el reino.
Lo que no se atrevió a hacer la Reforma Política 1977-1978
Un acusado déficit de la Gran Reforma Política 1977-1978, radica en que mantuvo intocada la supremacía de una ya a todas luces inoperante democracia representativa.
“Casualmente”, a partir de las elecciones legislativas de los años noventa en adelante, en cada proceso se observa una marcada exclusión de las representaciones de los trabajadores, los campesinos y los indígenas, para darle preferencia en el Poder Legislativo a las clases medias y altas urbanas, pertenecientes al grupo dominante.
Especialmente desde 2014, acaso antes, desde las provincias se han generado iniciativas ciudadanas para dar el salto, aquí y ahora, a la democracia participativa.
Ese es el punto: Aun en el interregno de la transición presidencial, se puso a caballo la consulta popular sobre diversos asuntos de la cosa pública nacionales, regionales o locales.
La planeación del desarrollo será democrática y deliberativa
Los detractores de ese derecho consagrado en la Constitución pretenden degradarlo a mera consultivitis. ¿Pues no que muy demócratas?
Para decirlo pronto, la propia Carta fundamental establece que la planeación del desarrollo será democrática y deliberativa (artículo 26).
A mayor abundamiento, desde la segunda mitad de los noventa, el artículo segundo instituye la consulta a los pueblos indígenas en la elaboración del PND, de los estatales y municipales, para incorporar sus propuestas a ese instrumento.
Para otros efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la Constitución, ha establecido jurisprudencias sobre ese derecho de los pueblos originarios.
No cuestionamos ni por asomo la consulta pública (artículo 35) que implica los derechos a votar sobre determinados temas de trascendencia nacional y el previo a iniciar leyes (iniciativa ciudadana), sino que esa consulta sea selectiva o sujeta a restricciones solo porque sus resultados puedan afectar el poder del Estado.
Abogando por los intereses creados y malcriados
El tema tiene dos vertientes: El abusivo uso del recurso de amparo para revertir los resultados de las consultas públicas y el papel de algunos medios de comunicación social en defensa de los intereses creados y malcriados.
En última lectura, en lo sustancial, en esa materia no es el nuevo Congreso de la Unión la fuente del conflicto, habida cuenta que, en los artículos constitucionales retomados, los preceptos comentados estaban escritos en la Constitución, sólo que las presidencias del PAN y del PAN, por sistema, se hicieran de la vista gorda ante el clamor de su puesta en vigencia.
Qué le vamos a hacer, en la democracia “representativa”, también los cangrejos tienen derechos. Es cuanto.