Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George
No sabemos si sea adecuado describirlo como un Nocturnal nacionalista, habida cuenta que todo el ritual se presentó en altas horas de la noche al pie del Altar a la Patria, en el bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México.
La tenida de hace 14 meses tuvo dos actos simbólicos: El jefe del Ejecutivo canceló un timbre postal conmemorativo y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un sonora malletazo sobre la mesa del presídium.
Para efectos de crónica, la República estaba reunida. Tenía que escuchar al jefe del Ejecutivo decir que la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal (que algunos identifican sólo como nuevo sistema acusatorio) significaba la transformación jurídica más trascendente en los últimos 100 años. Toda una expresión de la visión de Estado.
Siempre se sublimizan los records históricos. Para entonces, ya la Secretaría de Gobernación había dicho que el nuevo Sistema de Justicia Penal es una causa ciudadana transformada en compromiso de Estado.
No se trata de un relato trasnochado de lo que ocurrió a mediados de junio de 2016 en la explanada del Altar de la Patria. Lo que pasa es que nunca faltan los aguafiestas.
Apenas a mediados de julio de 2017 algunas voces se expresaron preocupadas por que, a un año de entrar en vigor el novedoso sistema, para algunos fiscales sigue sin existir la presunción de inocencia de los justiciables; detenidos, antes de ser entregados a los jueces, son expuestos al linchamiento mediático; no son pocos los estados donde no se han legislado derechos de atención a las víctimas.
En suma, no se ha avanzado hacia una nueva cultura judicial. La mayoría de los fiscales siguen siendo los mismos y los mismos jueces; capacitados profesionalmente, pero no desamortizados mentalmente.
El punto sobre ese promisorio y ahora sistema de dudosa eficacia justiciera, es que el presidente Enrique Peña Nieto dio el banderazo para su aplicación ocho años después de que el Congreso de la Unión recibió la primera iniciativa de Felipe Calderón,
Ocho años (96 meses, dos mil ochocientos ochenta días) fueron insuficientes para darle credibilidad a la transformación jurídica más trascendente del último siglo mexicano.
Por si o por no, los gobernadores se blindan
Pero una historia nos remite a otra: Tenemos 60 meses de estar escuchando la utopía sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como dijo el preciso recientemente: Todo está en la mente. Y en el spot.
No hay fiscal anticorrupción, no se ha constituido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dos piezas clave para operación del SNA. Vamos a suponer que, a la voz del Presidente, el PRI y sus aliados en el Congreso, sobre todo el Senado, sacan esos pendientes en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Dada la cultura burocrática de la dilación, sería, de acuerdo con el expediente del Sistema de Justicia Penal, hasta 2025 cuando tendríamos noticias de aplicación del SNA. Demasiados conejos huyeron del matorral para entonces. De eso se trata el asunto: De remitir todo a las Calendas griegas.
Por si o por no, los gobernadores de los estados se construyen su propio blindaje: Han nombrado a sus lacayos fiscales estatales y magistrados de los tribunales a cuya competencia quedarán las denuncias de corrupción. Verbigracia, el priista mexiquense Eruviel Ávila Villegas ya tiene los suyos. Los habilitó por diez años; hasta 2027. Esto si es tener visión de estado.