Ahora, las pantallas de la televisión en México los glorifican. Es cierto que las locaciones en que se mueven esos personajes están cargadas de violencia pero, envueltos en lujo chabacano y por bellas mujeres, son modelo de triunfo económico. Lo podían comprar todo; o casi todo. Los políticos no fueron ajenos a sus tentadoras ofertas.
Se trata de Los extraditables, un movimiento casi cívico y nacionalista que impulsó el Cártel de Medellín, Colombia, y comprometió en su causa a partidos políticos, instancias legislativas y esferas jurídicas para derogar el tratado de extradición con los Estados Unidos.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”, fue su grito de batalla. Los cabecillas fueron, entre otros, Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Rodríguez Gacha se convirtió en un apellido familiar en México por sus vínculos con los grandes capos del Cártel de Sinaloa de los años 80. Escobar Gaviria es ahora héroe televisivo al alcance hogareño de los niños.
Puesto que Los extraditables -con sus negocios en los Estados Unidos- eran soporte de la economía colombiana, si no lograron abolir la extradición, algunos escaparon del procedimiento.
El tema es aquí en estas horas pasto mediático con motivo de la captura del sinaloense Dámaso El Licenciado López Núñez, colocado ya por el gobierno mexicano en el umbral estadunidense en el Centro Federal de Readaptación Social, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El “poder” de El Licenciado es magnificado por la propia Procuraduría General de la República (PGR). Ex abogado y socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, las filtraciones lo presentan ahora como un cerebro superior al del también sinaloense ya extraditado a los Estados Unidos.
Algunos extraditables mexicanos
La extradición es el asunto: Algunos pesados la prefirieron a ser juzgados en México. Varios de ellos, cumplidas sus condenas, ya están de nuevo en territorio mexicano.
Los que se resisten a la extradición, han auspiciado grandes fortunas a sus defensores, jueces y magistrados, y uno que otro candidato a puesto de elección popular en campaña, sin partido aborrecido.
Lo destacable del tema, es la expedita diligencia con la que el gobierno mexicano actúa para entregar a los Estados Unidos a esos delincuentes. Propicia en automático la gran industria del amparo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en su papel. De algún modo hay que brindar reciprocidad al gobierno norteamericano por sus apoyos económicos al través de la Iniciativa Mérida y otras prestaciones en especie.
Lo cual está bien. En la contraparte, sin embargo, la Cancillería se ve lenta en la gestión con gobiernos pares con los que tiene firmados tratados de extradición, para la repatriación de criminales mexicanos que tienen consignaciones o juicios abiertos en tribunales nacionales.
El primer dato a subrayar, es la asombrosa facilidad con la que esos delincuentes de cuello blanco logran salir del país, no obstante el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las primeras averiguaciones; la expedición de órdenes de aprehensión, las alertas solicitadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las fichas de la Policía Internacional (Interpol), etcétera.
Están los casos, por ejemplo, de los ex gobernadores priistas, de Coahuila, Humberto Moreira, puesto en la mira de autoridades estadunidenses y españolas, al que se le concedió tiempo suficiente allanarse el regreso a México y ahora es candidato a diputado local, “limpio de toda culpa”, a saber por la autorización de su registro en el órgano electoral estatal.
En Italia está el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, implicado en diversos delitos desde que terminó su mandato hace más de diez años. También con causas en los Estados Unidos.
El más célebre en estos días es el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en manos del gobierno de Guatemala, a donde huyó sin dificultad desde la primera quincena de octubre de 2016.
El propio gobierno mexicano tiene ubicado en territorio norteamericano al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jacques, indiciado en su estado por actos de corrupción.
¿Qué pasa ahí? Aunque los abogados de esos prófugos logran dilaciones para revisar la homologación de delitos respecto de los códigos de aquellos países, por los que se pide la extradición a México, parecería obvio que los encargados jurídicos de la Cancillería tendrían por analizados y procesados esos requisitos. Parece que no es así.
En el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue él mismo quien solicitó su expatriación después de haber purgado condena por lavado de dinero en una prisión neoyorkina.
En conclusión, frente la experiencia colombiana, en México tenemos un movimiento extraditable, pero al revés: El de los no extraditables. Cosas de la política mexicana.