La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Por irrenunciable origen provinciano y arraigadas vocaciones cívicas, hemos sido creyentes confesos y militantes de la Constitución General, de su régimen republicano y de lo que genéricamente se codifica como Pacto federal.
La abundante literatura mexicana sobre esas tres vertientes político-jurídicas exalta sin deslindes semánticos la soberanía y la autonomía de los estados parte de la Federación.
La Revolución mexicana se levantó contra las implacables jefaturas políticas regionales y estatales, en las que Porfirio Díaz sostuvo su dictadura.
No obstante, durante un largo periodo en el que se habló de la Revolución hecha gobierno, prevaleció la figura de virreyes con la que sus detractores caracterizaron a algunos gobernadores, en realidad representaciones del cacicazgo más cerril.
“Los caciques viven hasta que el pueblo quiere”, llegó a decir el memorable Presidente Adolfo López Mateos. Algunos cayeron; otros subsistieron y subsisten como caciques de cuello blanco.
“Soberanía” estatal como monedad de cambio
Al empezar a resquebrajarse la hegemonía electoral del PRI, los gobernadores de partidos de oposición empezaron a blandir la soberanía de sus estados frente al régimen tricolor centralista.
A la inversa, cuando el poder presidencial tuvo su primera alternancia, los gobernadores priistas se atrincheraron en su soberanía.
Trátese de soberanía o autonomía, el principio ha devenido moneda de cambio de los mandatarios estatales frente al asfixiante dominio de la Federación: Tanto monta, monta tanto…
Una primera señal: Algunas investigaciones académicas sobre federalismo fiscal indican -haciendo abstracción de los arreglos de algunos gobernadores con el presidente de la Republica-, que los estados dependen hasta en un 90 por ciento de las participaciones federales.
Esos onerosos beneficios autorizan a los mandatarios a nadar de muertito, sintiéndose eximidos de su responsabilidad de asumir políticas fiscales propias para generar siquiera recursos para el pago de su personal. Hasta ahí no llega la autonomía.
La segunda señal alumbra el hecho de que no son pocos los mandatarios que, en uso de “su soberanía”, eluden por sistema la legislación estatal para homologarla a la Constitución federal y las leyes generales; entre otras, en materia de Derechos humanos, seguridad pública, transparencia y rendición de cuentas.
El porqué de la resistencia a la desaparición de las delegaciones
La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tiene gruesos expedientes sobre las trapacerías de los gobernadores en funciones y tribunales del Poder Judicial de la Federación llevan procesos por esa causa contra varios ex gobernadores.
En este último punto vale detenerse: Cualesquiera que sean el color y las siglas, los mandatarios han operado en colusión con los delegados federales (toda una legión) designados en sus estados como responsables de gestionar las asignaciones del presupuesto federal para ramos específicos y extraordinarias para determinadas obras y servicios.
El asunto viene a tema ahora que, desde campaña y como Presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición de aquella corrompida figura para suplirla con la de delegados únicos para el desarrollo en las entidades federativas, cuya coordinación dependerá directamente del despacho presidencial.
El cambio quedó instituido ya en la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contra la cual se amenaza con ejercer la controversia constitucional.
Tenemos pues que, desde el verano pasado, la Conferencia Nacional de Gobernadores se calzó el traje de templaria para lanzarse a la heroica cruzada en defensa del cáliz sagrado: El Federalismo.
Los cruzados se han colgado en los últimos días de un nuevo pretexto: La creación de la Guardia Nacional, concebida para reorientar la política de seguridad pública, que tiene que pasar por la sanción de las Legislaturas estatales.
PRI, PAN y MC ya tienen estridentes aliados
Obviamente, primero el PRI y poco después el PAN se han declarado en resistencia. La semana pasada cavó su propia trinchera el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, abanderado por Movimiento Ciudadano.
Obviamente, la ofensiva de los gobernadores estaría condenada al fracaso si no contara con el servicio de orquestadas cajas de resonancia y las imprescindibles bocas de ganso, activas desde antes de la elección presidencial y exacerbadas después del triunfo de López Obrador.
El pasado fin de semana sorprendió que un histórico y acreditado evento cultural en la capital de Jalisco, la Feria Internacional de Libro de Guadalajara (FIL) haya sido convertido en montaje político para encender la mecha corta de algunos explosivos contra la administración federal que está por inaugurarse.
La llamada a zafarrancho estuvo a cargo del ex rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la FIL, Raúl Padilla López.
Suponer que el lance de Padilla López fue fortuito, es pecar de ingenuos: Da la casualidad que la agenda de la FIL tiene en esta edición como principales protagonistas domésticos a conspicuos escritores inscritos en tres categorías de intelectuales: Los orgánicos, los anexos y los mutantes.
Desde la campaña presidencial de 2006, López Obrador tuvo entre sus adversarios mediáticos a esos actores. Lo menos que se puede decir de éstos es que son congruentes y consistentes con sus posiciones partidistas, políticas e ideológicas.
Asegurar que la operación va en defensa del Pacto federal y de los gobernadores sublevados solo merece una respuesta: A otro perro con ese hueso. Es cuanto.