La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
¿Cuántas veces hemos planteado en algunos foros públicos y escrito en espacios que nos dan acogida, que el fin neoliberal de la desestructuración del Estado nacional, fue estructurar la economía criminal a partir de la tolerancia a los delitos de cuello blanco?
No llevamos la cuenta, pero sí recordamos que, desde mediados de la década de los ochenta abordamos la cuestión, basados en una obra, con crédito a sociólogos y juristas sudamericanos, que reditó en México el Instituto Nacional de Investigaciones Penales (PGR).
Aleatoriamente, nos hemos referido a la reforma en materia de Justicia Penal por la que, desde el sexenio 1988-1994, los económicos, se codificaron como delitos no graves.
En pasadas entregas, hemos comentado que, con resultados de tareas de Inteligencia militar, se tenía documentado que, desde 2018, 26 de 32 entidades federales reportaban presencia del huachicol.
En esa clasificación -sin hacer concesiones gratuitas a la discriminación-, podemos afirmar que, frente a ese crimen de lesa economía nacional, no se mide igual la responsabilidad de gobernadores, por ejemplo, de los estados de Baja California o Yucatán, que la de mandatarios de entidades de la altiplanicie.
Los de hidrocarburos, delitos de sabotaje y terrorismo
Tenemos el Estado de Hidalgo, teatro de la tragedia que ha costado la vida, según recuento de las últimas horas, a casi un centenar de víctimas mortales.
Dicha entidad, de la que es nativo el ex secretario de Gobernación, ex coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional y hoy senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong; y gobernador priista Omar Fayad, para 2018 estaba colocada segunda en el mapa de la República con más alta incidencia del huachicol.
Tomamos esa entidad a manera de ilustración del tema. Nos apoyamos en dos expedientes.
Omar Fayad fue el primer comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP). Desde su fundación, durante el mandato de Ernesto Zedillo, esa corporación tuvo en su estructura una agencia de inteligencia que estuvo bajo el mando de Genaro García Luna, al tiempo titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el hoy gobernador de Hidalgo formó parte del Senado.
En su condición de senador, ya legislada la Reforma Energética -que sus detractores tipificaron como contrarreforma petrolera– Fayad, con el apoyo de la bancada del PRI, promovió en noviembre de 2014, una controvertida iniciativa en materia de Seguridad Pública y Seguridad Nacional.
En la exposición de motivos de esa iniciativa, con rango de Ley General, se denunció que la ordeña de oleoductos de Pemex costó entre 2013 y 2014, 15 mil 300 millones de pesos. Sólo en el periodo de septiembre a agosto de esos dos años, el número de tomas clandestinas se disparó de 155 a mil 963.
La controversia se originó en la proposición de tipificar como sabotaje y terrorismo el daño patrimonial ocasionado a Pemex y a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y se creaban nuevos tipos penales, con penalizaciones máximas hasta de 35 años de prisión.
Lo que llama la atención en ese texto, es que se recupera el concepto de estratégica para la industria energética, rebajada en años anteriores al mero término de prioritaria.
Sólo se explica ese cambio conceptual a la luz de la magnitud alcanzada por la actividad huachicolera, que desde entonces se consideraba gran negocio imputado al crimen organizado.
Lo que no se explica es cómo el ex comisionado de la PFP y ex senador de la República se olvidó de aquellas preocupaciones al llegar al despacho del gobierno del estado de Hidalgo. Si hablamos de memorias flacas, confirmamos que las hay.
La sospechosa ceguera de José Antonio González Anaya
Memoria es lo que a nosotros nos sobra: En el abordaje periodístico de ese escabroso pero rentable negocio en las últimas semanas, consignamos que el ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, con el respaldo de mandos militares de El Bajío, en 2016 expuso la grave situación ante el entonces director general de Pemex, José Antonio González Anaya.
Otro dato que rescatamos en la recapitulación, es que la dirección jurídica de Pemex corrió a vistas de la Procuraduría General de Justicia, hasta febrero de 2015 a cargo del hidalguense Jesús Murillo Karam, casi 600 expedientes sobre huachicol. Durante la gestión de González Anaya, las denuncias se redujeron a menos de la mitad.
Resumen: En la iniciativa de Ley General consultada se insinúa el régimen de excepción por los daños energéticos y financieros a la economía nacional; Omar Fayad se alzó con la gubernatura de su estado y Murillo Karam fue promovido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial.
La organización perfecta del Huachicol
El ex director general de Pemex, José Antonio González Anaya fue ascendido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ex secretario de Gobernación Osorio Chong fue investido como senador.
González Anaya sustituyó en Hacienda a José Antonio Meade Kuribreña, quien había sido titular de la Secretaría de Energía. El ex secretario múltiple fue nominado por el PRI candidato a la Presidencia de México en 2017.
El círculo virtuoso trascrito, es una obra de ingeniería administrativa digna de mejor causa.
Hoy vemos el drama hidalguense que nos recuerda otras tragedias, verbigracia, las provocadas por el huachicol en San Martín Texmelucan, Puebla, y otros municipios de la República.
Es así como, a la sombra de la impunidad, se ha recorrido la etapa de tolerancia a los delitos de cuello blanco hasta su fase superior, la economía criminal.
Toda una carta de navegación hacia la ruina del sector energético y a la insolvencia financiera del Estado. Es cuanto.