Voces del Periodista Diario
Abraham García Opinión

Iniquidades e inequidades del Estado neoliberal

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

El imperativo de dar entorno a nuestros temas, nos remite a una consulta del Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1994).

Buscamos el concepto Asistencia Pública. Definición: Función del Estado para prevenir los riesgos de la insalubridad,  las enfermedades, la desnutrición, el abandono, la contaminación ambiental, etcétera. No sólo: Atender otros males sociales que afectan la salud y la seguridad vital de los más desvalidos.

Esa definición configura el carácter humanista del Estado mexicano. Dos décadas después, el Constituyente Permanente sustanció en el Artículo Primero de la Constitución la categoría universal de los Derechos Humanos y sus Garantías.

Previamente, el Congreso de la Unión, en diversas legislaturas, había elevado a rango constitucional distintas políticas públicas bajo el genérico Derechos Sociales del Pueblo Mexicano.

En Desarrollo Humano somos campeones en exclusión

Los riesgos advertidos en la definición de Asistencia Pública forman parte de           lo que diversas agencias de la ONU catalogan como rémoras que conspiran contra el desarrollo humano.

Entre los estertores del viejo Estado de bienestar mexicano, el gobierno revisó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e instituyó la Secretaría de Desarrollo Social, que  concentró facultades ejecutivas de diversas políticas públicas.

Las propias agencias de la ONU, entre ellas el Banco Mundial; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); entre las locales, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Instituto de Estadística y Geografía y una amplia red de organizaciones no gubernamentales especializadas, realizan periódicamente investigaciones, censos y encuestas sobre la materia.

La conclusión que nos ofrecen los resultados de esos monitoreos, es que el Estado neoliberal deja mucho a deber, para decirlo suavemente: En realidad, los déficits en las diversas políticas sociales, son monstruosos. Se condensan en el descomunal número de mexicanos presa de la “pobreza moderada” y la miseria.

En Salud y Educación tenemos hasta “Estafas maestras”

A continuación, la pregunta es: ¿Carecen el gobierno federal y los correspondientes de los estados, de solvencia para al menos tratar de mitigar el dolor social generado por las omisiones o malversación en el ejercicio de los recursos públicos?

Sospechamos que no: Falta solvencia ética y lo que sobra es dolo en la gestión de los administradores del Estado.

En el actual sexenio, varios ex gobernadores priistas y uno panista han sido investigados, consignados e indiciados en diversas instancias judiciales por desvíos de los presupuestos etiquetados a la Política social.

Las partidas más expuestas a la insaciable rapacidad de los hombres públicos son las destinadas a Salud y  Educación. Sólo uno de los imputados, en ese rango, ha recibido sentencia condenatoria.

En 2018, como consecuencia de la revisión de las anuales Cuentas Públicas del gasto gubernamental, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la sociedad mexicana se escandalizó e indignó por lo que coloquialmente se tipificó como la Estafa maestra, en la que apareció como principal involucrada la Secretaría de Desarrollo Social.

¿Cuál es la constante en los actos de corrupción en sólo esos casos expuestos eventualmente a la sanción de los tribunales judiciales? La impunidad.

La corrupción, “fenómeno cultural”, ¿y ya?

Si se afirma que la corrupción es un fenómeno cultural, ¿basta con diagnosticarlo y quedarse con las manos cruzadas?

Volvamos al concepto definitorio de Asistencia Pública y acompañémoslo con una de las instituciones responsables de esa misión: La Lotería Nacional (Lotenal), ahora con la gestión de Pronósticos Deportivos.

Recordamos que, a mediados del último periodo presidencial del siglo pasado, el de Ernesto Zedillo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión paró antenas sobre el fideicomiso Transformar México, vinculado a Lotenal.

A vuelta de siglo y de sexenio, al producirse la primera alternancia en el poder presidencial, se incorporó al gabinete Santiago Creel Miranda, en la Secretaría de Gobernación, en cuya estructura estaba una Dirección General  de Juegos y Sorteos.

Latentes algunas sospechas sobre dicha dependencia, Creel declaró públicamente que, con lo auditado hasta ese momento, daba para escribir un gran libro. No se sabe si quedó en galeras  uno blanco o negro.

Lo que si se sabe, es en ese sexenio se produjeron algunos sucesos sorprendentes: Un columnista político puso en letras de molde un milagro: Una gran bolsa de sorteo mayor de Pronósticos Deportivos cayó en Zamora, Michoacán. El suertudo fue el viejo obispo local cuyo sueño era terminar el proyecto de la catedral a su encargo.

Sobre ese “milagro”, se registró otro acto muy terrenal. Fue presentada la fundación Vamos México. Su presidencia operó desde Los Pinos a cargo de Marta Sahagún. La dirección, a cargo de Verónica Ortiz de Elizondo, entonces esposa del secretario de Energía, Fernando Elizondo. La fundación estuvo conectada a Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Lotería Nacional era dirigida a la sazón por Laura Valdés Ruiz, casualmente hermana de María Elena, ligada a Vamos México. En los primeros tres años, la fundación reportó ingresos unos 300 millones de pesos, en donativos.

El parapeto entró en evidencias cuando se investigaron los resultados de algunos sorteos, entre ellos el Gran Sorteo de Todos, anunciado con más de 50 mil premios en automóviles y depósitos en efectivo, etcétera. Luego aparecerían los afamados raspaditos.

Cuando se plantearon en 2004 algunos cuestionamientos sobre el destino de esos premios, la propia señora Ortiz de Elizondo interpuso un recurso ante la Procuraduría General de la República, a cargo del general Rafael Macedo de la Concha. Ese recurso consideró la presunción de fraude, falsificación de firmas y lo que resulte.

Fue hasta 2008, ya en la presidencia de Felipe Calderón, el de las manos limpias, cuando la PGR declaró falta de materia para el ejercicio de la acción penal. Exoneró a los presuntos implicados, sin tomar en cuentas elementos de la investigación, incluyendo peritajes de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo que quedó de ese expediente, fue la sospecha de que la Asistencia Pública devino en asistencia privada.

De los desastres naturales a la prosperidad de unos cuantos

En el periodo presidencial 2000-2006, en el tránsito de la titularidad de la Secretaría de Gobernación de manos de Creel Miranda a Carlos María Abascal Carranza, otro escándalo sacudió la opinión público.

Se hizo del dominio público que cuantiosos recursos del Fondo para Desastres Naturales de la Segob (Fonden) habían sido desviados a destinos inciertos, ajenos a sus fines específicos.

No fue para menos la indignación social: En el otoño de 2005 azotaron al sureste dos devastadores huracanes. Cientos de miles de familias, mayoritariamente indígenas de Chiapas, habían quedado en el desamparo, no obstante los recursos del Fonden anunciados para el auxilio de los damnificados y la reconstrucción.

Recurrimos a ese expediente en 2013, cuando fenómenos naturales descargaron su furia sobre el estado de Guerrero. Para la reconstrucción, Enrique Peña Nieto responsabilizó a las secretarias de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También se dispusieron recursos de Fonden.

En 2014, 2015 y 20016 le dimos seguimiento a las denuncias de las comunidades guerrerenses defraudadas por el gobierno y las empresas contratistas favorecidas con recursos públicos.

Todavía espero que me contesten las llamadas telefónicas

En septiembre de 2017 volvimos a las criminales experiencias de Chiapas y Guerrero. Esta vez en el marco de la ofensiva mediática gubernamental en reacción a los destructivos terremotos registrados en Chiapas y Oaxaca. Nomás destacamos un dato: Más de 70 muertos localizados e identificados.

A finales de la semana pasada, desde la lejana Venezuela, registramos una emisión de un canal de televisión en el exilio: A cuadro, una joven madre indígena domiciliada aún en Juchitán, Oaxaca: El propio Presidente me prometió materiales para reconstruir mi vivienda y hasta una beca para mi hijo. Me dieron unos números telefónicos para que no perdiera el contacto. Todavía espero que me contesten la llamada.

Caso particular el anterior, sin embargo el viernes por la noche al menos en dos canales metropolitanos seguimos los reportajes que dan cuenta del estado que hasta el 7 de septiembre guardan las obras de reconstrucción: Las mismas ruinas, las mismas lágrimas. La misma ira.

En una de esas cadenas se exhibió la lista de empresas constructoras implicadas en el fraude a los damnificados, incluyendo nombres de ex funcionarios de obras públicas imputados en ese crimen de lesa sociedad.

Al reproducirse documentación de prueba, clarito aparece el logo del Fonden de la Secretaría de Gobernación.

Quedamos en espera del primer aniversario de los terremotos del 19 de septiembre de 2018, que ampliaron su depredador alcance, en vidas y daños materiales, a siete estados y a la Ciudad de México. Entre los estados, nuevamente Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

¿Para que dijimos que la Asistencia Pública se instituyó como función de Estado en México? Repetimos, para prevenir los riesgos de la insalubridad, las enfermedades, la desnutrición, el abandono, la contaminación ambiental y otros males sociales que afectan la salud y la seguridad vital de los más desvalidos.

Pero esa definición está en el Diccionario Jurídico Mexicano. No consta firmada en campaña presidencial ante notario público. Es cuanto… Por hoy.

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