Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por: Mouris Salloum George
Con independencia de los principios específicos que la Constitución impone a la función de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un valor nuclear que debe regir la lucha de los contrarios en México es la equidad democrática.
A ese imperativo hicieron alusión los magistrados electorales federales cuando en 2006 sentenciaron la elección presidencial y subrayaron, ciertamente sin sancionar, la intromisión de Vicente Fox en las campañas.
Viene a tema esa cuestión porque, particularmente en las campañas electorales habidas desde 2015 hasta junio pasado, los árbitros federales han faltado al principio de imparcialidad, entre los cinco establecidos por la Ley de leyes para el tratamiento de quejas y denuncias sobre el uso abusivo de partidos y candidatos en precampaña o campaña, y al resolver los recursos de impugnación que el propio régimen electoral dicta.
Desde que los gobernadores empezaron a disparar su deuda pública, que por estos días rebasa ya los 600 mil millones de pesos, algunas compulsas actuariales privadas dieron con el dato de que un importante porcentaje de los presupuestos estatales se destinó a publicidad y especialmente a la promoción política personal de aquellos mandatarios.
En caso judicial se ha convertido, por ejemplo, el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien durante su gestión desvió hacia su partido, PRI, cuantiosos recursos del erario público.
Otro expediente, llevado a la autoridad electoral federal, es el del ex gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien desde los meses previos a la conclusión de su sexenio se empezó a promocionar fuera del estado con cargo a las finanzas públicas
Se incluyen en esas transgresiones a los gobernadores que actúan ya como presidenciables de los estados de Morelos, Graco Ramírez, y de Michoacán, Silvano Aureoles, ambos del PRD.
El caso de Eruviel Ávila Villegas
El caso más notorio, sin embargo, es el del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, que tuvo su oportunidad en las campañas sucesorias de 2017.
El tema del estado de México se deslizó por una doble vertiente: La intromisión del Gobierno de la República en ese proceso para favorecer al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza.
En la segunda vertiente, la operación de Ávila Villegas para posicionarse como precandidato del PRI a Los Pinos.
Sobre la administración de Ávila Villegas pesa la fiscalización que a su gasto hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en la revisión del gasto federalizado, ha detectado desvíos del presupuesto de manera reincidente. Algunas de sus observaciones se han corrido a vista de la Procuraduría General de la República.
Todavía no está cuantificado el gasto total que Ávila Villegas ha hecho entre 2016 y 2017 en el área de Comunicación Social.
Pesquisas periodísticas que han consultado a dependencias del propio gobierno estatal sobre ese ramo, sin embargo, han descubierto que Ávila Villegas ha aplicado partidas millonarias, incluso facturadas por administradores de sitios en redes sociales de existencia temporalera.
El caso destaca, sobre todo, porque la Unidad de Fiscalización del INE hace cuentas frijoleras para multar a los partidos de oposición y hace mutis frente a las grandes desviaciones en que incurren los gobernantes en funciones que disponen de fondos muy superiores a los que se asignan a esas formaciones políticas por concepto de subsidio público.
En eso de la equidad democrática estamos en pañales… que huelen no precisamente a incienso.