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Opinión

La industria de las elecciones

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

Peleando como fieras acorraladas o, si vale el símil, como madre defendiendo la mamila de sus hijos lactantes, antes de cerrare la semana pasada las bancadas de la oposición en San Lázaro se aseguraron para 2020 -año de poca actividad electoral- una bolsa de 5 mil millones 239 mil millones de pesos en subsidios pagados por los contribuyentes cumplidos.

Como duele más el cuero que la camisa, aquellas representaciones partidistas se resistieron a la iniciativa que, en nombre de la austeridad y la justicia social, se presentó desde hace meses y por la cual se reducirían esas partidas en 50 por ciento. Un riesgo inminente es que los Congresos de los estados asumieran la misma política presupuestaria restrictiva.

En ese asunto se ha seguido la misma lógica adoptada contra la reducción del número de miembros de las cámaras del Congreso de la Unión, que afectaría principalmente a los legisladores plurinominales.

Tesorerías quebradas porque los socios se cansaron de financiar

No falta el derecho de autodefensa a los partidos opositores, y aun a los que están en el poder, de pelear por sus prebendas. Aún antes de 2018 todas las formaciones políticas tenían sus tesorerías en números rojos.

Por atenerse a los subsidios públicos, se ha dejado de lado la norma que establece que los miembros de los partidos nacionales deben contribuir a su sostenimiento con cuotas obligatorias estatutariamente y donaciones voluntarias, como mínima correspondencia a los beneficios que generan los puestos de elecciones popular.

Los partidos han caído en la misma insolvencia financiera en la que viven los sectores oficialistas obrero y agrario, a los que trabajadores y campesinos antaño aportaban una proporción de sus ingresos para su subsistencia, aunque no sirviera más que para asegurar la pitanza de sus burocracias parasitarias.

Los árbitros electorales no quieren ganar menos que el Presidente

En la operación resistencia, las facciones parlamentarias minoritarias fueron llevadas de la mano por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que hasta la fecha se siguen negando a ganar menos que el presidente de la República.

Con harta frecuencia, los árbitros electorales solicitan sus chambas acreditándose como cuadros de excelencia, dotados de abnegación, profesionalismo, honradez y eficacia en sus resultados. Con esas prendas, cualquiera pensaría que tienen ofertas de empleo en el sector privado.

No aceptan esas ofertas en la iniciativa privada, sin embargo, hasta que cesan en sus periodos de función. A veces ni así: Siguen pidiendo contratos como de asesores de los propios organismos electorales o de los partidos, si es que no atrapan otro hueso como comisionados o consejeros en uno de tantos órganos autónomos del Estado, también dependientes del Presupuesto de Egresos.

Cada vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico anuncia recortes en número y remuneraciones para los mandos de la Administración Pública, se alborota la bitachera.

El argumento más socorrido de esos burócratas, es que lo que se pone en peligro, es la democracia. La semana pasada, la bancada del PRI esgrimió el espantajo de que lo que pretende el gobierno es debilitar a la oposición.

Visto desde 2000 el espectáculo de la democracia representativa, ¿realmente el grupo dominante no podría sobrevivir sin elecciones?

¿Pueden las democracias sobrevivir sin elecciones?

Nomás para ilustrar nuestro optimismo: Hasta la segunda mitad del siglo XX los territorios de la Península de Baja California y Quintana Roo, conforme a la Constitución, tuvieron gobiernos designados por delegación desde la sede de los tres Poderes de la Unión.

No desaparecieron los pueblos de esos territorios. Todo lo contrario, acicateados y ejerciendo civilizadamente la democracia participativa se hicieron responsables del desarrollo socioeconómico de sus entidades hasta que, con base en esos méritos, lograron un nuevo estatuto constitucional.

Si uno pasa ahora por los reclusorios y los tribunales judiciales de aquellos estados o federales, encuentra expedientes incriminatorios contra al menos cinco ex gobernadores de diversos fierros partidistas que, habiendo sido validados en las urnas electorales, terminaron chapoteando en la corrupción, perpetrando daños patrimoniales a la hacienda pública y nexos con el narcotráfico.

Ahí no puede apelarse a la vieja conseja: Culpa es del tiempo. No de España. Culpa es del sistema de partidos degenerado y de sus cómplices, los árbitros electorales que, emanados de pactos de cuotas y cuates en las cámaras legislativas, operan al alimón como productos vaciados y viciados en los mismos moldes. Esa es la neta, como diría la raza

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