A punto de finalizar el siglo XX, en algún medio impreso se publicó “la gran noticia” de que “dos peligrosos criminales”, los hermanos José Francisco y Marcos Leopoldo Bárcenas González, eran procesados por un “delito grave”.
Los hermanos Bárcenas fueron acusados de hurtar seis litros de leche. A precios de aquellos días, el monto del robo sumaba 24 pesos.
En viejos códigos, ese tipo de hurtos se tipificaban como “robo famélico”. En los miserables, Víctor Hugo tuvo como protagonista a un ladrón que se apropió de unas piezas de pan para alimentar a sus hermanos. Por lo que tuvo qué pasar.
El caso de los hermanos Bárcenas se subrayó frente a la impunidad de varios banqueros privados pillos y algún funcionario público. Uno de los primeros se había birlado unos 400 millones de dólares; el funcionario público, más de 200 millones de pesos, causando quebranto al patrimonio del IMSS.
El tema de la Justicia Penal en México fue puesto a debate público en aquel periodo, en seguimiento de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, impulsada por Carlos Salinas de Gortari cuando prácticamente estaba a punto de terminar su sexenio en 1994.
Por esa reforma, se catalogaron como delitos no graves las acciones perpetradas por funcionarios públicos o ejecutivos privados cuya consecuencia afecta el patrimonio nacional.
Lo menos que se obsequia a esos transgresores, es el derecho de amparo para seguir el juicio en su contra, en caso de que se abra, en libertad.
El caso de Emilio Lozoya Austin
Tiempo hace que la Constitución fue reformada para integrar en su cuerpo el capítulo referido a las Responsabilidades de los Servidores del Estado, como instrumento para lograr “la renovación moral de la sociedad”. (Miguel de la Madrid dixit).
En 2015, una de las grandes “reformas transformadoras” le dio a ese apartado constitucional el título De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas graves o hechos de corrupción y patrimonio del Estado. (Sic que clama por la sintaxis).
Ahora sí, festejaron los cruzados contra la corrupción, se acabó la mano negra sobre los bienes públicos. Estamos a 18 meses de que termine el sexenio y no hay aún fiscal general contra la corrupción.
Ayer, la Cámara de Diputados, controlada por el PRI, al través de la Sub Comisión de Examen Previo resolvió una solicitud de juicio político contra el ex director general de la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Con independencia de la Litis del asunto, dicho órgano legislativo se sacó de la manga un as: El juicio político es aplicable sólo a los funcionarios públicos en activo. El recurso contra Lozoya Austin se interpuso cuando el imputado había cumplido un año de haber sido separado de su cargo ¡Lástima, Margarito! El caso está fuera de términos temporales. Anda viva la paloma.
Pero, cuídense los malandrines: Hoy, el jefe del Ejecutivo envió al Senado la proposición de candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA: tres titulares de la Sala Superior y 15 para las salas regionales).
Esos togados tendrán la misión de proceder contra funcionarios públicos sospechosos de “cometer delitos graves”.
Al Senado sólo le restan tres sesiones antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones dentro de cinco días. Si el nombramiento del fiscal federal anticorrupción tiene una demora de dos años, ¿cuánto tiempo demorará la aprobación de los candidatos a magistrados justicieros?
Como si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados no tuviera atestada la Procuraría General de la República de expedientes derivados de la revisión de las cuentas públicas. Como si… Mejor aquí le cortamos: de la Secretaría de la Función Pública, ni hablar.