Voces del Periodista Diario
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Abraham García

La nave naufraga y filosofamos sobre la Naturaleza

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

De cuando en vez, damos un giro a nuestros textos, pretendiendo imprimirle un sentido didáctico al contenido, aun en aquellos casos en que no somos expertos en determinadas disciplinas. Es que intentamos redactar para el lector de a pie; no para el poder, que, por lo demás, sólo se lee a sí mismo. Esta es una ocasión.

El acto de autoridad, dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la decisión o medida pública que afecta el interés jurídico de las personas, imputable a órganos del Estado.

Para efecto de este tema, nos remitimos a la reforma constitucional que el próximo 6 de junio cumple nueve años, por la cual el concepto garantías individuales fue sustituido por el de Derechos Humanos. (Artículo primero de la Carta fundamental.)

Para obviar la cuestión -recorridas las vías administrativas-, la protección de esos derechos fundamentales suele desembocar en el juicio de amparo, materia de la instancia jurisdiccional, extendido ese recurso, por la misma reforma, a derecho colectivo.

Quedamos, pues, en que el acto de autoridad sólo es imputable a un órgano del Estado. Si fuera necesario precisarlo, no es imputable a otra persona física o moral.

Por la reforma citada, para la protección de los Derechos Humanos, además de las prescripciones tocantes a la Constitución general, la jerarquía de nuestra Ley de leyes es equiparó a instrumentos internacionales en la materia, de los que México es Estado parte, y que instituyen el principio pro persona.

La agresión a Derechos Humanos por agentes del Estado

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades federativas, son las responsables constitucionales de velar por dichos derechos, expuestos a su transgresión por agentes del Estado.

Para no perder la oportunidad, recordamos que las agresiones a periodistas y defensores de los Derechos Humanos en México han sido denunciadas ante la Comisión y Corte Interamericanas respectivas. Los promoventes han documentado que un alto porcentaje de esos atentados, son perpetrados por agentes del Estado.

Ampliamos el arco: Las desviaciones más recurrentes en nuestro país, que afectan los Derechos Humanos, según estadísticas oficiales, son los cometidos en el combate a la delincuencia común, pero, sobre todo al crimen organizado, en cuyo caso corresponden al orden federal.

No por otra cosa, se legisló la atención a víctimas a fin de exigir la reparación del daño, tan plena como la propia ley establece.

De acuerdo con las mismas fuentes, con gráficas comparativas se conoce que la mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos es imputable a agentes civiles de las corporaciones de las entidades federativas encargadas de la Seguridad Pública, y no pocas veces a procuradurías o fiscalías estatales, y a jueces del fuero común.

La colusión de los gobiernos estatales con los criminales

La explicación no tiene secretos: Existen subrayados casos en que las campañas a puestos de elección popular en los estados son financiadas por los cárteles del crimen organizado.

De ello sigue que los gobernadores resultantes de esos procesos electorales, nombran secretarios de Seguridad Pública, procuradores e impartidores de justicia a modo con el interés de sus patrocinadores.

Los presidentes municipales, siguiendo la línea, designan a sus directores de Seguridad Pública con el mismo patrón.

En los Congresos de los estados se infiltran diputados -con independencia del partido que los nomine-, seleccionados bajo el mismo esquema.

No pocos presidentes de las comisiones humanas de los estados, son promovidos por el gobernador en turno y, aunque sean ratificados por las legislaturas estatales, obedecen invariablemente a los designios del jefe del Ejecutivo.

Puede afirmarse que, en “mérito a sus resultados”, esos funcionarios son ratificados a cada cambio de administración o se les procuran posiciones de más alto rango, siempre relacionadas con la misma función.

El fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública

En eso radica que, desde que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública hace cuatro décadas, ha sido misión imposible el imperativo de coordinación de las tres escalas de gobierno para homologar políticas y estrategias de combate a la delincuencia.

Los miles de millones de pesos del gasto federal entregados anualmente para esa asignatura a los gobernadores de los estados en ese periodo, marchan en el mismo sentido que el incremento de la criminalidad, caracterizada por los delitos de alto impacto.

Al anunciarse -desde las campañas presidenciales de 2018, durante la transición presidencial e instalado el nuevo gobierno en Palacio Nacional- otro modelo estratégico y administrativo para el combate al crimen, en el que está explícito el principio de Seguridad Nacional, desde el sindicato de gobernadores -la Conferencia Nacional–  algunos mandatarios se pronunciaron en regateos y trabas, sobre todo en el aspecto de reparto presupuestal. Duele más el cuero que la camisa.

Agente civiles vis a vis con las Fuerzas Armadas

Retrocedamos algunos párrafos de este texto: En los cuadros comparativos sobre violación a los Derechos Humanos, puestos vis a vis agentes civiles del orden en los estados y agentes federales; precisemos, activos de las Fuerzas Armadas, el balance de las transgresiones se inclina del lado de los primeros.

Con una agravante: En el caso específico del Ejército, por su propia responsabilidad e iniciativa, los infractores son sometidos a acciones sancionadoras por los propios órganos militares de Justicia.

Al mismo tiempo, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina Armada de México han establecido y extendido hacia las zonas militares o navales, programas de capacitación y prevención en materia de Derechos Humanos. No se ve similar esfuerzo por parte de los gobernadores de los estados.

La falsa disyuntiva: Militarización/ no militarización

Hoy observamos una falsa disyuntiva mediática: Militarización o no militarización del combate al crimen. A decir verdad, son voces muy identificadas las que, desde el exterior del Estado, introducen en el debate público el concepto “militarización”.

Mientras las cajas de resonancia metropolitanas reproducen esa polémica, legítima por lo demás, incesantes reportes informan que, en ajustes de cuentas locales, han sido ejecutados jefes o directores de corporaciones civiles responsables de la Seguridad Pública.

A lomo de finales de la semana pasada y principios de la que corre, en Michoacán, en medio de enfrentamientos en dos municipios de la entidad, cayeron en fuego cruzado gentes inocentes. Daños colaterales, se les llama desde el sexenio antepasado.

No sólo: En Michoacán mismo, una partida militar que intentaba en la zona rural operativos de desarme, fue atacada y los soldados secuestrados. Se les rescató, a cambio de devolverse armas de fuego a los grupos beligerantes.

El monstruoso tamaño de la tragedia mexicana

Mientras que continúa la ociosa guerra de cifras, varios datos son ciertos: Sólo en cuatro años del periodo de Enrique Peña Nieto, los asesinatos y feminicidios, que se computan en columnas diferentes, se incrementaron en 74 por ciento.

Números absolutos: En 2018, la suma de homicidios dolosos, la mayoría con armas de fuego, alcanzó 34 mil 202 ejecuciones. Sólo el pasado diciembre, dos mil 916. Respecto de 2017: 15 por ciento más.

En ese macabro balance, según la medición de crímenes por cada determinado número de habitantes, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, los tres estados bajo gestión del Partido Acción Nacional, tuvieron los más altos registros.

Son los muertos de superficie y en caliente. En semanas pasadas, la Secretaría de Gobernación le puso números a otros códigos postales: Casi dos mil fosas o cementerios clandestinos en 24 estados de la Republica; específicamente en 372 municipios.

Los estados, incluyendo ya la Ciudad de México, en que durante los últimos años se han hecho esos hallazgos, principalmente por familiares de desaparecidos, son, en grado y medida, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. Esta última entidad destaca contrario sensu: Se dice que su capital, Mérida, es la ciudad de México más segura para vivir.

Se configura el estado de emergencia nacional

¿Es tremendismo, que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, prefigure un estado de emergencia nacional?

“Emergencia nacional”, y nosotros seguimos como el marino de Edgar Alan Poe: Mientras la tormenta golpea y hace astillas al Maelström, seguimos tratando de filosofar sobre la fuerza y el propósito de la naturaleza desencadenada. En nuestro caso, la naturaleza humana. Es cuanto.

Artículos relacionados

El privilegio de mandar sobre el dinero público

Redacción Voces del Periodista

Aureoles y la izquierda políticamente correcta

Mouris Salloum George

Todas las horas hieren; la última es la que mata

Dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.