Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Aun sin contar con una logística y una estrategia unitarias, salvo exclamaciones en las redes sociales, las oposiciones partidistas y sus representaciones parlamentarias parecen tratar de empujar al inquilino de Palacio Nacional a una declaración del Estado de excepción y al ejercicio de poderes especiales para sacar el buey de la barranca.
De lo que sigue, de acuerdo con esa ruidosa retórica, la acusación de que el Presidente pretendería prolongar su periodo, con o sin revocación de mandato, según lo que resulte de la consulta popular de 2021, cuya fecha sigue en la indefinición.
Terminó periodo ordinario sin destrabar Ley de Presupuesto
La crisis sanitaria ha puesto muchos fierros en la lumbre, pero el que se conserva en la forja es la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, solicitada por el Ejecutivo para hacer reasignaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Caótico el periodo ordinario de sesiones primaveral, se cerró el pasado 30 de abril sin que el proyecto de reformas avanzara en los términos que lo solicitó Palacio Nacional.
El mismo día se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con sus 37 integrantes y si bien la Cámara de Diputados cuenta con 19 sillones, el Senado, con sus 18 participantes, se quedó con la presidencia de ese órgano legislativo en la persona de Mónica Fernández Balboa, a la vez presidenta del Senado.
Se hace esa precisión, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro -que actúa como cámara de origen de la iniciativa- Mario Delgado declaró el 2 de mayo que, por lo pronto, no hay intenciones de convocar a un periodo extraordinario para allanar ese asunto y ha pedido que se revise el predictamen de la iniciativa para, después, enviar la minuta que resulte de la votación a la Cámara alta.
El Consejo Mexicano de Negocios ya tomó el atajo
Haciendo abstracción de razones técnicas que impone la Emergencia Nacional, el PRI, el PAN y los residuos del PRD se han atrincherado en alegatos políticos para acusar a Andrés Manuel López Obrador de atentar contra la división de poderes al solicitar facultades extraordinarias “para manejar a su antojo la política presupuestaria”.
No es, la anterior, una cuestión de poca monta a la luz de un sorpresivo hecho que se registró la semana pasada: El Consejo Mexicano de Negocios se fue “por la libre” negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una línea de financiamiento para empresas privadas centrales y sus proveedores.
Se alude el asunto, porque precisamente, en la intención de reasignar partidas presupuestales, uno de sus objetivos es atender requerimientos financieros de urgencia para las pequeñas y medianas empresas, cuya suerte está en juego por los brutales impactos económicos desencadenados por la pandemia del Covid-19 sobre ese sector.
Lo que queda prendida de alfileres es la eficacia de la operación política frente a la intransigencia no sólo de las cúpulas empresariales, sino de los partidos de oposición cercanos a los intereses del poder económico. Quede constancia.