La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
El ya impostergable ingreso de México a los escenarios reales de la competitividad mundial, topa con un muro: La precaria producción de talentos propios en las áreas de investigación, ciencia y tecnología.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) replanteó ante sus 193 Estados miembros la Agenda 20-30 para un mundo sostenible. La agencia de la ONU más comprometida en esa iniciativa, por razones obvias, es la responsable de las asignaturas de Educación, Ciencia y Cultura (Unesco).
Desde hace décadas, la Unesco estableció como condición indispensable del desarrollo humano, la racionalización de las asignaciones presupuestarias públicas, despojándolas de criterios asistencialistas, a fin de dar prioridad a una política pública realista y socialmente equilibradora.
Para ese efecto, propuso etiquetar al menos el uno por ciento del PIB anual a Ciencia y Tecnología. México suscribió ese compromiso. Sin cumplirlo hasta la fecha.
El Presidente electo, al dialogar con la comunidad científica mexicana y la Asociación de Universidades de Instituciones de Educación Superior, anunció pasos adelante para la consecución de ese objetivo.
A cambio de ese compromiso del Estado, esas instituciones aceptaron a su vez rediseñar sus prioridades financieras, ajustando su gasto corriente y privilegiando el gasto productivo, lo cual implica revisar su sistema laboral, que incluyen los onerosos regímenes de jubilaciones y pensiones, una de las cargas que ha puesto en crisis a varias universidades públicas estatales.
De como se construyen las “generaciones perdidas”
Para darle sentido al análisis de la problemática de la educación pública en todas sus escalas, hasta arribar al ciclo terminal, menester es recurrir, entre otras fuentes, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Por asociación de ideas respecto de la Agenda 20-30 de la ONU, situamos la perspectiva en las edades en que se forman las generaciones del futuro mexicano.
Con una serie de datos combinados, se estima que en el rango de entre 15 y 30 años de edad, México tiene una población de 26 millones de jóvenes. Casi 30 por ciento de la población nacional.
En un primer sombrío escenario, están 8 millones de jóvenes, privados de la oportunidad de estudiar o trabajar.
Con independencia de la matrícula en Educación Media y Superior, lo que tenemos, de entrada, es que casi 700 mil alumnos, por razones de insolvencia, dejan sus estudios anualmente. Para un sexenio, serían cuatro millones 200 mil estudiantes que dejan de serlo.
En el segundo escenario, el laboral, están aquellos jóvenes que truncan sus estudios o los que terminaron una licenciatura y hasta un posgrado.
En ese escenario, referido a la Población Económicamente Activa (PEA), vemos que la tasa de desocupación afecta a 921 mil jóvenes.
La crisis entra a niveles exponenciales cuando caemos en cuenta que casi nueve millones de jóvenes no tienen más opción ocupacional que la economía informal o negra.
Peor aún: Ocho de cada diez jóvenes laborantes, están expuestos a la discriminación salarial. Los menos calificados, apenas alcanzan un ingreso mensual de dos mil 200 pesos. Los que poseen alguna licenciatura, seis mil 500 pesos. Quienes incluso exhiben un posgrado, entre 14 y 16 mil pesos al mes.
Para poner esos datos en perspectiva, un burócrata medio o alto tiene un ingreso de entre 15 y 20 mil pesos, pero al día.
El tercer escenario nos revela el extremo de la exclusión: Los jóvenes que no tienen más expectativas que la economía informal, no son sujetos del beneficio de Seguridad Social y otras prestaciones.
Estamos hablando de población juvenil, lo que convoca a demostrar un mínimo de solidaridad hacia ese sector.
Los “formadores” de la juventud quieren vivir como Carlos Slim
En ese punto, volvemos a lo que significan los regímenes de jubilaciones y pensiones, cuyo costo ha puesto en quiebra financiera a algunas universidades públicas de los estados.
Dado que esos regímenes privilegian a la comunidad docente, lo que enfrentamos es una quiebra moral, ética de aquellos en los que se ha depositado la formación de millones de estudiantes de educación media y superior.
Ahora que se ha instalado la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, el ingente tema empieza a permear a los responsables de las coordinaciones de bancadas parlamentarias y futuros directivos de las comisiones de dictamen.
Es de nuestro conocimiento que se han introducido ya en la Cámara alta y en San Lázaro algunos análisis que alcanzan el grado de denuncia, referidos a los contratos colectivos de trabajo que se han impuesto a rectorías y autoridades administrativas de las universidades, insolventes financieramente por esa causa; o a punto de caer en esta situación.
Por ese tipo de relaciones contractuales –definitivamente leoninas-, que no se equipara, por ejemplo al que ejerce la UNAM, que dispone de la mayor partida a la educación superior pública, en vez de destinarse los subsidios públicos de las instituciones estatales a impulsar preferentemente a la investigación e innovación en ciencia y tecnología, se agotan en el gasto corriente para satisfacer las abusivas exigencias de los sindicatos que ven sus centros de estudios como meras empresas privadas.
Uno de los casos más escandalosos, es la figura de las llamadas jubilaciones dinámicas, con cargo a las finanzas propias de las universidades que otorgan esa canonjía.
Las administraciones de esas instituciones aportan cotizaciones a instituciones de seguridad social federales como el IMSS o el ISSSTE para garantizar el pago de pensiones. En algunos estados corren a cargo de alguna institución similar.
Es el caso, que el pago de las jubilaciones dinámicas es un premio adicional sobre las que pagan de por sí las instituciones de seguridad social. Según estudios actuariales, el pago de esa leonina concesión, es superior hasta tres veces de las que paga el IMSS a los mismos afiliados.
Con un agravante: No son pocos los beneficiarios, que aun estando jubilados, se arrogan el derecho de seguir o volver a la academia o a plazas administrativas, bajo la figura de honorarios. Triple o cuádruple ingreso.
Jóvenes empleados o trabajadores de los que párrafos antes hemos catalogado, tienen que conformarse con ingresos de dos mil 200 a seis mil 500 pesos al mes. Un usufructuario de la jubilación dinámica acumula de entre 60 y 90 mil pesos mensuales con las que cobran en otra institución de Seguridad Social.
Con un poco de suerte, esos insaciables rapaces lograrán un plus si tienen un gobernador amigo que los contrate como “asesores”.
Austeridad y racionalidad en los presupuestos de 2019
La próxima semana, la comisión de transición, en nombre de los presidentes saliente y entrante, tendrán definidos y entregarán al Congreso de la Unión los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2019.
Los imperativos que orientarán los Criterios de Política Económica son los de la austeridad y la racionalidad. Bajo estos principios, se harán las asignaciones de gasto de inversión y corriente correspondientes a la administración central. A esos principios tendrán que ceñirse los sectores que absorben subsidios públicos.
En manos de quienes estará la gestión de la política educativa
Es obvio, que, en materia de presupuesto educativo, es escuchada la voz del próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. El nominado a esa dependencia no es un improvisado. Acompañó a Ernesto Zedillo cuando éste desempeñó el mismo cargo. Lidiaron con éxito con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hicieron tascar el freno a la entonces líder del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Con Moctezuma Barragán tendrán que negociar en lo sucesivo sus subsidios los rectores de las universidades públicas.
La Cámara de Diputados, es depositaria de la facultad exclusiva de revisar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para efectos técnicos, el dictamen es obra de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Todo dictamen de comisión, pasa obligadamente por la sanción del presidente en turno de la Cámara baja. Para el periodo inaugural, fue nombrado Porfirio Muñoz Ledo, bragado ya en la cultura parlamentaria.
No solo: Muñoz Ledo fue embajador de México ante la Unesco, de la que hablamos en las primeras líneas de esta entrega. Es, además, uno de los más brillantes ex titulares de la Secretaría de Educación Pública.
Lo conocen como El blandito. Será quien le cruce la banda presidencial a Manuel Andrés López Obrador, quien por algo lo impulsó a su actual posición.
A mayor abundamiento, para la coordinación de la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro, fue nombrado Alfredo Delgado, diputado federal por segunda vez. La primera fue miembro de la Comisión de Presupuesto de esa colegisladora. Viene con López Obrador desde la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Si se trata de rectitud y ética, de conocimiento y respetabilidad, en el Senado está la decana Ifigenia Martínez, economista y probada militante de la izquierda aun cuando militaba en el PRI. La reconocida maestra fue directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Sabe, pues, de economía política y de educación superior.
En la renovación de la dirigencia nacional del PRI en 2002, contendiente contra Elba Esther Gordillo fue Beatriz Paredes Rangel, ex embajadora de México en Cuba y Brasil. Fue nombrada ahora vicepresidenta de la mesa de decanos del Senado.
¿Significa algo la mención de la tlaxcalteca, ex gobernadora de un estado mayoritariamente indígena? Lo significa: Fue dirigente nacional del sector agrario del PRI, que Enrique Peña Nieto propone desaparecer. Beatriz es una mujer de profunda sensibilidad social; le viene en los genes y en los orígenes políticos.
En la cuarta transformación, ¿qué papel quiere jugar la Universidad?
Concluimos: La Historia es hija, madre y maestra de la humanidad. La Política, es el universo que, como en ojo de agua, todos abrevamos. El Estado, es el Derecho de los de abajo. La República, no es -no deber ser- un montón de estados fragmentados. Es un todo.
La Constitución no admite regímenes de excepción. La Educación es el eje rector de todo ese complejo. La Universidad Pública, la savia que lubrica la última esperanza de emancipación. La Libertad y la Igualdad, son deudas insolutas.
Morelos quiso un régimen humanista que atemperara la opulencia y la indigencia. Juárez y Barreda, al restaurarse la República, crearon los fundamentos de la Universidad, para que la ignorancia no hiciera del mexicano un esclavo de si mismo.
El gran Constituyente del 17, propuso que el criterio que oriente la Educación sea democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fincado en el constante mejoramiento económico, social del pueblo.
En la cuarta transformación de la República, ¿qué papel quieren jugar la Universidad Pública y la comunidad docente? A decir verdad, no tenemos la respuesta. Es cuanto.