Nigromante
Por José Vilchis Guerrero
A su arribo a la Ciudad de México y en medio de una gran expectativa, agradecido con el gobierno mexicano que “me salvó la vida”, dijo, el expresidente Evo Morales convocó desde México a un “diálogo nacional, cívico, con agenda abierta” para resolver la crisis en Bolivia, y exhortó a las Naciones Unidas a rechazar el “golpe de Estado” en su contra al considerar que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos “no está al servicio del pueblo latinoamericano, está al servicio del imperio norteamericano”.
Afirmó: “Por supuesto, si mi pueblo lo pide estamos dispuestos a volver, a pacificar(…) Vamos a volver tarde o temprano, lo antes posible”.
En su primera conferencia de prensa como asilado político en México, el líder boliviano negó haber cometido un fraude electoral y criticó a la cúpula militar –que le “sugirió” renunciar– y a sus opositores políticos quienes según él “vienen de la dictadura militar”; y afirmó que la toma de posesión de la legisladora Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia violó la constitución.
Aunque es público y conocido que en Bolivia la mayoría de los pueblos originarios y etnias locales padecen el racismo de los poderosos dueños de los medios informativos y de producción, los que desde la jornada electoral del 20 de octubre, implementaron un operativo para evitar la asunción de Morales, quien reveló:
“Todos se juntaron y dijeron que nosotros somos autoritarios (…) Aceptamos inclusive desconocer el resultado de las elecciones, porque Evo ganó la primera vuelta”, recalcó. “No entiendo cómo mis comandantes podían tener tanta deslealtad, digo, claro: mi gran delito es ser indígena”.
También criticó a Luis Almagro, al que acusó de “llevar a una matanza en Bolivia”, e insistió en que “cualquier muerto que aparezca va a ser de su responsabilidad; están incendiando el país”. “Nunca he pedido a ninguna institución que haga una cosa ilegal”, afirmó el boliviano en referencia a las irregularidades documentadas durante la jornada electoral del pasado 20 de octubre por una auditoría de la OEA.
También se documentó en su tiempo la victoria de Evo en las elecciones de 2005, cuando casi 54 % de los votos, lo convirtieron en el primer presidente indígena. Desde que asumió el poder el 22 de enero de 2006, estuvo bajo los amagos de los poderes fácticos y políticos estadounidenses que llegaban a la embajada de ese país en Bolivia. A pesar de la oposición ubicada en los sectores pudientes, fue reelecto en 2009 con 64.22% de los votos.
En 2012 Evo Morales fue reelecto y en 2014; la OEA documentó su triunfo del 20 de octubre de 2019, de tal forma que gobernaría hasta el 22 de enero de 2020. Prefirió renunciar el pasado 10 de noviembre en medio de protestas orquestadas por los grupos de poder económico-empresarial, que no estuvieron de acuerdo con Evo porque nunca fueron sus prioridades como lo fueron los más pobres. Los dueños de fábricas y empresas fueron privilegiados en los anteriores regímenes para apropiarse de la riqueza natural, los medios de producción y los de difusión.
Estos grupos coordinaron las protestas populares luego de polarizar a la población boliviana, más de la mitad de las etnias locales, multitudes que fueron enfrentadas con el apoyo de militares y policías. Las fuerzas armadas se pusieron del lado de los potentados y políticos de la derecha para generar los enfrentamientos callejeros, donde hubo muertos y heridos.
Fue el 10 de noviembre de 2019 cuando el presidente Evo Morales renuncia en medio de protestas bajo la presión social y el anuncio del Ejército, que lo haría preso para hacer patente el golpe de estado, además de la advertencia de que se derramaría mucha sangre como todos los golpes de estado, porque la cuarta reelección no fue bien vista por el imperio estadounidense.
El líder boliviano subrayó que el crecimiento económico del país sudamericano, superior al 5% –basado en nacionalizaciones y en “liberarnos de imposiciones extranjeras–, se logró gracias a su “continuidad” de casi 14 años en el poder, lo que se ha convertido en “un problema de clases”, y acusó que “lo que hemos construido con mucho esfuerzo, ahora lo están destruyendo con mucha agresividad”. Recordó que su gobierno dotó con recursos a las fuerzas armadas y la policía bolivianas –mismas que pidieron su salida del poder–, y deploró: “Nunca pensé que este equipamiento iba a ser contra el pueblo boliviano”.
“Como en tiempos de la dictadura ahora veo tanques”, subrayó, y, tras exhortar a “parar el sicariato”, advirtió que “por mi experiencia, al pueblo no se para con balas”.
De acuerdo a la tradición latinoamericana, un golpe de Estado jamás está constituido por hechos aislados. Previamente se crearon las condiciones necesarias y suficientes que garantizaron su efectividad. Curiosamente en todos los que ocurrieron en Sudamérica se documentó la participación de la CIA con el respaldo obvio de los gobernantes estadounidenses, esta vez por Ronald Trump.
En el caso de Bolivia, el proceso golpista tuvo a varios actores que participaron previa campaña de desgaste con fake news. Con noticias falsas se atacó con impunidad a la democracia para deponer a Evo Morales y para ello los poderes fácticos se prestaron para el objetivo. Uno de los principales, el fascismo de los llamados “comités cívicos”, especialmente el de Santa Cruz.
A este movimiento político se le conoce especialmente como racista; no es nuevo, surgió desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones; no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.
Otro grupo muy activo fue la oposición partidaria, sobre todo Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. Hay registro de que el mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Su postura beligerante la mantuvo luego de las elecciones; se hizo cómplice de los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.
Como era de esperarse, otro protagonista del golpe a la democracia fue Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ilegalmente participó en el proceso electoral con el informe preliminar de la misión electoral; sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. También hizo un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante).
A la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34 mil 555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.
El infaltable protagonista del golpe a la democracia, el gobierno de Estados Unidos, que de inmediato reconoció a la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien logró con el apoyo de los golpistas de cuello blanco la participación de la policía, que por segunda vez se fue contra la población civil. En 2008 se amotinó y pretendió desconocer al presidente Evo. Las fuerzas armadas y algunos medios de comunicación completaron el cuadro. Todos con el apoyo de los grandes empresarios, dueños de los recursos naturales y medios productivos.