Voces del Periodista Diario

Las reformas que vienen, ¿sobre el camino trillado?

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Colocados ante el espectacular desenlace de las elecciones generales de 2018, vale recordar, con el clásico, que la violencia es la partera de la historia.

Aún antes de la oscura noche neoliberal, los mexicanos estuvieron sometidos a lo que los sociólogos tipifican como violencia institucional, la atribuida directamente al Estado. En los dos recientes sexenios, han vivido bajo el imperio de la violencia criminal.

En semanas previas al 1 de julio, se empezó a hablar, incluso desde instancias de la ONU, de violencia política en México.

El encadenamiento de esos tres tipos de violencia incidió inevitablemente en el comportamiento ciudadano en las urnas. Puede haber otro tipo de explicaciones. Nos quedamos con aquella hipótesis.

Desigualdad social e inequidad económica en México

Ensayemos algunos ejercicios de reflexión, con dos fuentes de referencia: 1) Recientemente, se dieron los resultados de una investigación con base en una selección de siete países latinoamericanos, para medir los grados de inequidad socioeconómica.

En la evaluación, México aparece primero en el rango de inequidad social: Entre 2010 y 2015, el número de jóvenes excluidos de las oportunidades de desarrollo personal, se disparó de 24.9 por ciento a 33.6 por ciento. Son jóvenes que no estudian ni trabajan.

2) Otro estudio dado a conocer en días recientes, reporta que dos por ciento de los niños mexicanos de seis a once años están expuestos a la deserción escolar. En edades de 12 a 17 años, el indicador habla de 16.2 por ciento.

Cientos de miles de familias, al amparo de la madre o de alguna otro pariente, subsisten con las remesas que les envían desde los Estados nuestros compatriotas transterrados, que en mayo alcanzaron un máximo histórico de tres mil millones 96 dólares.

Contra esos cuadros, habitan y medran en México 16 potentados incluidos en la lista Forbes entre los más ricos del mundo.

Somos ya más de 125 millones de mexicanos. Las dos categorías indicadas en los dos puntos sobre la situación socioeconómica (jóvenes y niños), identifican al menos a dos generaciones en vías de pasar al estado adulto.

En el otro extremo tenemos a las personas de la tercera edad.

Reforma Laboral y su impacto en la Seguridad Social

Cambio de página: En anterior entrega exploramos la institución de la economía criminal en México al través de su vector, los delitos de cuello blanco, cuyos perpetradores se cobijan bajo el manto de la impunidad.

Acaso algunos elementos que planteamos en los párrafos siguientes encajen en aquel perverso escenario.

Entre las reformas promovidas en el sexenio de Enrique Peña, está la Laboral, que entraña impactos sobre el consustancial derecho a la Seguridad Social.

En la presentación de los prospectos a formar el gabinete presidencial del próximo gobierno y el anuncio de diversas políticas públicas, uno de los primeros en aparecer fue Carlos Urzúa Macías, nominado para Hacienda.

De las declaraciones de Urzúa Macías, se destacó la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones. Sin entrar a detalle, dado que las versiones periodísticas las expusieron como enunciados, vamos a entrar en materia de esta entrega.

Tratado el asunto en otros comentarios ya publicados, vamos al grano: La propia Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio González, ex director general de Instituto Mexicano del Seguro Social, informó al arrancar la semana que el saldo total de los recursos concentrados por la Administradoras de Fondos de los Trabajadores para el retiro, alcanzaron la cifra de 3 billones 313 mil millones de pesos titulados a 61 millones de cuentas individuales. Sus rendimientos apenas dan en promedio 3 por ciento al año.

Más de dos millones de ilícitos en operaciones contra usuarios

También en horas pasadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), reportó que, sólo en el primer trimestre de 2018, se registraron 2 millones 256 mil  reclamaciones, 6 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. De acuerdo con dicha comisión, se detectaron 98 clausulas abusivas.

La mayor cantidad de esas denuncias tienen como responsables a entidades no reguladas denominadas  financieras de objeto múltiple, Sofom ENR (42 por ciento), seguida por instituciones bancarias. Están también las sociedades financieras populares.

El punto que nos llama la atención es, que más de 67 mil reclamaciones están dirigidas contra las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Aleatoriamente, entre los bancos acusados aparecen al menos dos a cuyo cargo está la gestión de la nómina de pagos a los pensionados bajo los regímenes de 1973 y 1997, en cuyo caso son afiliados el IMSS. La recuperación del abono mensual a pensiones se hace al través de tarjetas de débito, uno de los productos que concentra 38.6 por ciento de las reclamaciones.

¿Cómo responde la Comisión Nacional del Sistema de Fondos para el Retiro a esos atracos? No conocemos su respuesta.

Las pensiones rigurosamente hipotecadas

Respecto del IMSS, este organismo atiende el pago a 235 mil pensionados. El costo de esas erogaciones, es de unos 74 mil millones de pesos al año. La cifra se dimensiona con los regímenes de la burocracia pública y algunas empresas productivas del Estado, entre éstas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

A propósito del IMSS, que fue dirigido por el actual secretario de Hacienda y el ex candidato derrotado a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, hay algunas cosas que contar, no precisamente accesorias,

El Seguro Social opera préstamos precarios a los pensionados, que no alcanzan ni el equivalente a un mes de pensión.

En tiempos de urgencia, que son todos, los pensionados son acosados por una legión de promotores de crédito por cuenta de operadores privados. Una de las formas de contratación es al través de convenios con el propio IMSS. Esos operadores disponen a placer del padrón de pensionados del IMSS, conteniendo todos los datos privados del potencial cliente.

La otra forma es más leonina: Es la contratación  de préstamos domiciliados,  sujetos a tasas de interés de referencia, en cuyo caso no son menores al 31 por ciento anual. Estos préstamos aplican sobre el saldo disponible después del descuento del importe convenido con el IMSS.

Por ambas figuras contractuales, las pensiones, para efectos prácticos, están tácitamente hipotecadas por plazos que fluctúan, según la edad del pensionado y el monto del préstamo, entre 18 hasta 36 meses.

El otro aspecto es que, aquellos pensionados sujetos a cuentas individuales, no recibirán su primera pensión  antes de 2025, en cuyo caso no alcanzarán más de 30 por ciento del último salario devengado.

Si la futura Secretaría de Hacienda tiene en agenda la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, ¿no pondrá la carreta delante de los bueyes si antes no sanea y se castigan las prácticas fraudulentas en las que están involucradas las Administradoras de Fondos para el Retiro, según lo detecta la Condusef?

Todo lo dicho tiene en su centro de gravedad el derecho a la Seguridad Social. Si se transita por los caminos recorridos por la economía criminal, entonces seguiremos estando fritos. Es cuanto.

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