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Los guardianes de la pureza democrática

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Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

Regresados los togados del merecido asueto del puente Guadalupe Reyes, el 8 de enero la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Madeline Janine Otálora Malassis saludó 2018 cargada de optimismo: No consideramos que iniciemos el año electoral en un contexto de crisis de deslegitimación.

Podríamos continuar el texto con dos consejas: 1) Dime de qué blasonas y te diré de lo que adoleces y 2) Alabanza en boca propia, es vituperio. Pero, para nosotros, son muy respetables las instituciones, sobre todo aquella representada por los custodios de la Constitución.

Puesto que a los magistrados electorales federales los nombra la Honorable Cámara de Senadores y a los consejeros electorales federales los nombra la Honorable Cámara de Diputados, puede suponerse que la democracia mexicana está en insospechables manos.

El choque de trenes en la cumbre

La cuestión es que desde la primavera del 2017 se percibe un choque de trenes entre el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF. Por citar un factor de diferendo, los magistrados federales que preside la doctora Otálora le han dado reversa a algunas decisiones de los consejeros; algunas de orden normativo, otras de las llamadas cautelares.

No son decisiones menores. Verbigracia: La instancia fiscalizadora del gasto de los partidos en campaña del INE, ha tratado de afinar los controles contables sobre las prácticas que, al margen de la gestión de los subsidios públicos, asumen los contendientes para agenciarse recursos financieros adicionales.

Los beligerantes se acusan mutuamente de recurrir a fuentes prohibidas para coaccionar y comprar votos. Lo de las despensas y los tinacos pasó de moda. Ahora el método opera al través de plásticos bancarios.

No hace mucho, los siempre unánimes magistrados dieron luz verde para que el cohecho o soborno circule al través de esas tarjetas.

Los “administradores” electorales yerran

Más recientemente, el Consejo General del INE, en función de la nueva tecnología digital a su servicio, propuso ajustar los tiempos en que se procesan los resultados electorales preliminares al terminar la jornada electoral.

Al respecto, podemos listar dos elementos que justificarían esa medida: Evitar que las agencias encuestadoras contratadas por los partidos o los candidatos o algunas oficiosas inunden los medios de comunicación con sus muestreos tendenciosos aún cuando las casillas no se han cerrado.

Se evitaría también que los partidos y los candidatos, aún antes de que se ponga a funcionar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) proclamen sus triunfos, convoquen a mítines en plazas públicas y los dirigentes levanten prematuramente brazo a su abanderado, incitando desde ese momento a la protesta de los adversarios.

A los magistrados federales no les pareció apropiado ese experimento. Una cosa debe observarse en la respuesta de la magistrada presidente Otárola: Después de todo, el INE no cumple más que funciones administrativas. Por ser administrativas, ¿no son constitucionales?

El alegato de la ilustre togada dice, palabras más palabras: Cuando hay un resultado cómodo no hay problema. Pero si el resultado es muy cerrado, levanta sospechas. No, pues si.

Para la magistrada presidenta la sospecha es el fantasma que recorre cada elección. Puesto que no citó otro caso, obviamente se refiere a cada elección en México.

La declarante dijo más: No se pueden avalar decisiones que se contrapongan a otros derechos. No vemos que esos “otros derechos” digan presente y la doctora Otárola no los mencionó.

Ya entrada en gastos, la más alta autoridad del Tribunal Electoral federal, les recordó a los consejeros electorales que su compromiso es con la certeza (el primero de los seis principios rectores de la función electoral). Pero les dejó de tarea también la autenticidad, porque los legisladores la omitieron.

La Constitución establece que la electoral es una función de Estado. El INE es un producto constitucional. ¿Porque sus decisiones sean administrativas, pueden ser ninguneadas por los togados federales?

Esa actitud elitista calienta y desconcierta.

(*) Director General del Clubde Periodistas de México, A.C.

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