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México acepta de nuevo la certificación imperial

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

No es una cuestión de amistad. Es, por donde quiera vérsele, un asunto de soberanía nacional.

De 1986 hasta 2000, México fue sometido por el Departamento de Estado y la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos a la Ley de Asistencia Extranjera y al proceso unilateral de certificación en materia de colaboración en materia del combate a la droga.

Ese candado se hermetizó en 1985 a raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique González Camarena en 1985, en Guadalajara, Jalisco.

Durante los periodos de los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República acataron mansamente la certificación estadunidense, siempre negativa.

Con el panista Vicente Fox y su canciller Jorge Castañeda, la “calificación” gringa dio un giro hacia los Derechos Humanos, coartada que se exacerbó hacia 2008 con la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado bajo la supervisión del Departamento de Estado sobre los resultados de la operación de la Iniciativa Mérida.

La matanza de Tlatlaya y los 43 de Ayotzinapa

Hacia 2014-2015 (Matanza de Tlatlaya y Los 43 de Ayotzinapa, denunciadas por los más influyentes medios estadunidenses/ periodo de Enrique Peña Nieto), cuando cuando Barack Obama le daba velocidad a la deportación de mexicanos transterrados en los Estados Unidos, Washington dictó contra México una acción punitiva: Castigo de 15 por ciento a los subsidios a la Iniciativa Mérida.

Retenida la certificación en la asignatura de Derechos Humanos, a la bancada demócrata en El Capitolio le pareció blanda esa sanción.

Durante 20 meses corridos desde que Donald Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017, lo obvio ha sido que al desquiciado Presidente le importan menos que un comino los Derechos Humanos. El anaranjado le rinde un apasionado culto al Becerro de oro y actúa en consecuencia.

Militarización de costa a costa y de frontera a frontera

Pudo esgrimirse cualquier pretexto para militarizar la frontera de los Estados Unidos con México, por lo demás en marcha desde hace una década, pero Trump armó la ocasión de revisión del TLCAN y la imposición de su envenado placebo el T-MEC y el espantajo de los aranceles, para chantajear al nuevo gobierno mexicano.

Ahora, la certificación de los compromisos asumidos por México para quitarse de encima la amenaza de los aranceles, correrá directamente por cuenta del Salón Oval de la Casa Blanca que, en uso de los poderes especiales del Presidente, ha dictado un plazo perentorio de 45 días para ver resultados de la militarización de la frontera de México con Centroamérica.

Primera consecuencia perversa: Ajustes en el gabinete presidencial

Ya se agotó la primera semana de ese plazo fatal que por, lo pronto, ha estallado en un improvisado ajuste en espacios y facultades del gabinete presidencial en lo concerniente, básicamente, de la teóricamente soberana política interior.

Los actos administrativos discrecionales desde Palacio Nacional se han dictado cuando el Senado mexicano -sin esperar las decisiones finales El Capitolio al respecto- apenas libró la semana pasada fase de dictamen del T-MEC.

Por lo que se anuncia, en las próximas horas el pleno senatorial votará el dictamen sobre el tema.

Sólo para ilustrar nuestro optimismo, lo que ya es del dominio público, es que Trump asegura que uno de los compromisos asumidos por México son sustanciales incrementos a las cuotas de importación de productos agropecuarios.

Veterano y congruente en el estudio de los problemas del campo mexicano y miembro del académicamente solvente Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor José Luis Calva, voz autorizada en esos trascendentes asuntos, acaba de declarar que, bajo el espectro del desastre, México se dejó espantar con el petate del muerto. Sugiere, además, que hay opciones para hacer frente a ese eventual “desastre”.

En manos de Ricardo Monreal la votación en el Senado

Organizaciones de productores rurales, tanto ejidales y comunales como de la pequeña propiedad -entre ellas la Confederación Nacional Campesina (CNC)-, que han puesto sus expectativas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, virtualmente se han declarado en estado de emergencia nacional por la amenaza de más importaciones de productos agropecuarios, subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Clamores en el desierto.

Desierto mediático, ciertamente, porque la voz cantante en la Cámara alta la lleva el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, cuyo deporte nacional es el cambio de camiseta según sople el viento la veleta.

Casualmente Monreal Ávila, en sus tiempos de priista, se formó en el establo de la CNC, de cuyo secretariado nacional fue secretario de Acción Política. Desde esa plataforma tricolor, llegó al Congreso de la Unión. Fue senador para el periodo 1991-1998. A mitad de la legislatura, por el Senado pasó la aprobación del primer Tratado de Libre Comercio (TLC).

Zacatecas: Estigma de pobreza rural multidimensional

Hace cuatro años, los académicos Mireya Torres Ramírez y Juan Manuel Padilla, con doctorado en Evaluación del Desarrollo y docente e investigador por y de la Universidad de Zacatecas, respectivamente, presentaron el trabajo Pobreza rural multidimensional en esa entidad.

Zacatecas, concluye esa investigación, tiene uno de los más altos grados de ruralidad en el país: 40.5 por ciento de la población vive y labora en el campo. Por supuesto, en la zona rural se registran los indicadores más deprimentes de pobreza extrema, eufemismo para disimular el estigma de la miseria.

Tomando como base los enfoques del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo, los autores subrayan tres indicadores recurrentes en aquel fenómeno: Marginación, bajo desarrollo humano y emigración. La expulsión de mano de obra de Zacatecas es endémica desde el siglo XIX, pero se ha disparado en las últimas tres décadas.

Pobres campesinos: A buen santo se encomiendan

Desertor del PRI en 1997, Ricardo Monreal Ávila fue gobernador de Zacatecas en el sexenio 1998-2004. Del PRI, Monreal Ávila emigró hacia el PRD, del PRD al Partido del Trabajo y, de éste, al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lo hizo de nuevo senador para el periodo 2018-2024. Es el coordinador de la Junta de Coordinación Política que tiene en sus manos el dictamen del T-MEC.

En unas horas, Monreal Ávila demostrará de nuevo de qué está hecho. Si el campesinado mexicano tenía alguna esperanza de defensa contra el nuevo atentado contra la economía rural, con la conseja vale decir: A buen santo se encomiendan. Es cuanto.

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