Voces del Periodista Diario
Opinión Rodolfo Ondarza Rovira

Mutis de SEGOB ante la CIDH y víctimas

Ya cumple un año, por el crimen de lesa humanidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Por Rodolfo Ondarza*

A un año de la petición de la CIDH al Estado Mexicano.

Este mes de mayo de 2020 se cumplió un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitara al Gobierno de México, fijando un plazo de tres meses, la presentación de sus observaciones con relación a las 474 víctimas, pacientes con hidrocefalia, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, de la Secretaría de Salud (SSA), Ciudad de México, que fueron sometidas sin su autorización, sin su consentimiento, ni conocimiento, a un procedimiento de cirugía experimental ilegal al colocárseles el denominado “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo”, patentado a título personal por el ex director de dicho nosocomio Julio Everardo Sotelo Morales, en vez de colocarles a estos pacientes una válvula aprobada por la Secretaría de Salud tal y como indican los cánones neuroquirúrgicos internacionales.

En 2019, después de más de una década de lucha por defender el derecho humano a la salud de estas víctimas, y de que la Organización no Gubernamental (ONG), presidida por el obispo de Saltillo fray Raúl Vera “Red Solidaria Década Contra la Impunidad”, llevara el caso a Washington y fuera recibido el 16 de julio de 2102 por la CIDH (poco antes de la llegada de Alvarez Icaza a la CIDH), al no haber obtenido respuestas ante estos hechos ni por las autoridades pertinentes del calderonato, ni del peñato, la CIDH realizó la petición a México por medio de Mario López-Garelli, Secretario Ejecutivo de dicho organismo el día 9 de mayo.

Recordemos que todo esto ocurrió cuando Emilio Álvarez Icaza Longoria fue Secretario Ejecutivo de la CIDH. Álvarez Icaza Longoria sociólogo mexicano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue también candidato a la presidencia de la República, quien al final se unió a la coalición Por México Al Frente apoyando al panista Ricardo Anaya en sus aspiraciones a la presidencia de México, con lo que alcanzó una senaduría por la vía plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Es decir, la denuncia de este crimen ante la CIDH no prosperó en la época en que Álvarez Icaza fue su Secretario Ejecutivo (2012-2016) para beneplácito del neoliberalismo en México. No fue sino hasta siete años después de que la CIDH dio por recibida oficialmente la denuncia en que pide sus observaciones a México. Durante el prianismo la CIDH no se pronunció ante el Gobierno Mexicano pese a la gravedad de la denuncia.

Sorpresa del presidente Andrés Manuel López Obrador ante un crimen heredado.

Dado que nada pasaba desde el Gobierno Federal, el 18 de febrero de este año, Daniel Marmolejo, premio nacional de periodismo, durante una de las conferencias presidenciales de prensa matutinas expuso el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario designó públicamente a Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como responsable de contestar a la CIDH. En reunión informal en las oficinas de Alejandro Encinas se le presentó a detalle el caso y se entregaron probatorias. Acordó que se realizaría posteriormente una reunión de trabajo con la inclusión de representantes de la Secretaría de Salud.

Un crimen desatendido por SEGOB.

Quien esto escribe, neurocirujano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, quien ha denunciado, junto con otros médicos de la misma institución, este crimen de lesa humanidad durante largos años, recibí el oficio UDDH/911/DGAIAC/1017/2018, signado por la Lic. Claudia Alejandra Palacios Escamilla, Subdirectora de Enlace con Instituciones Públicas y Dependencias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB con el que se me convocó a una reunión de trabajo el 29 de julio del año próximo pasado en la Sala de Juntas de la Comisión Ayotzinapa dentro de las instalaciones de SEGOB. Ahí nuevamente se expuso el caso a detalle y se entregaron las evidencias probatorias del mismo.

De manera interesante, a esta reunión también fue invitado por SEGOB el entonces director general del instituto Miguel Angel Célis López. Célis López ha sido señalado como uno de los corresponsables de este crimen de lesa humanidad. Fue destituido de su cargo por incompetencia técnica y faltas a la honorabilidad el pasado mes de febrero de 2020. Miguel Angel Célis se había negado a otorgar la gratuidad a los pacientes ofrecida por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y se le vinculó a contratos irregulares por más de 622 mdp, entre otras cosas. Al igual que ocurre con otros directivos actuales de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad había recibido su nombramiento durante el sexenio pasado por José Narro Robles, ex Rector de la UNAM, ex Secretario de Salud, y aspirante, a mediados del año pasado, a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien defendió con denuedo a Célis López al ser removido; al igual que lo hizo Teresita Corona desde la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, ex directora del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y también presunta corresponsable del mencionado crimen de lesa humanidad.
Se realizó una minuta de la reunión, misma de la que solicité reiteradamente una copia a nombre de las víctimas, de la ONG, y del mío propio, sin que a la fecha haya recibido copia del documento.

Petición reiterada por la CIDH.

Pasado el plazo de 3 meses fijado por la CIDH conforme al artículo 30 de su Reglamento, y al no existir ninguna respuesta por parte del Gobierno Mexicano, la CIDH, el día 9 de octubre del pasado 2019, reiteró al Estado Mexicano la solicitud de sus observaciones sobre el asunto en referencia a través de Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta. Una vez más no a habido respuesta por parte del Gobierno Mexicano.

A más de un año de que la CIDH solicitara información del Estado Mexicano, y a prácticamente 9 meses de que la CIDH reiterara su petición relativa al crimen de lesa humanidad perpetrado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y de que nuestro mandatario designara a Alejandro Encinas para tal efecto, SEGOB hace mutis al respecto.

Este caso es mucho más grave de lo que aparenta. El mismo Julio Everardo Sotelo Morales publicó en revistas médicas internacionales que este experimento se realizó en “8 unidades neuroquirúrgicas”, por lo tanto se desconoce a la fecha el número real de víctimas. También publicó que se implantó su invento en recién nacidos, y que a todos se les tuvo que retirar ese dispositivo experimental, porque para funcionar depende de la gravedad, para ello el paciente debe estar de pie o sentado, y los recién nacidos obviamente no realizan estas funciones.

Everardo Sotelo Morales nunca probó previamente su dispositivo en animales de experimentación que fueran modelo de hidrocefalia acorde a los cánones de investigación científica, y por serendipia, al ver que no funcionaba en humanos, lejos de detener sus experimentos simplemente fue implantando nuevos dispositivos aumentando el calibre de su sistema derivativo. El material con el que se diseño este dispositivo experimental, existiendo válvulas aprobadas, incluso computarizadas, se llama Tygon, que nunca había sido usado en el interior del cuerpo humano, y menos en el cerebro. Sotelo Morales menciona que al menos la quinta parte de sus “sujetos experimentales” tuvieron complicaciones tales como demencia.

Las Probatorias.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) Everardo Sotelo no únicamente no informó a los pacientes y no recabó una sola carta de consentimiento informado especial para cirugía experimental, como indica la Ley General de Salud en su Reglamento para Experimentación en Seres Humanos, sino tampoco elaboró un protocolo de experimentación (que debieron ser varios, uno por cada cambio en el diseño de su sistema experimental), sino que tampoco hubo una autorización por parte de un Comité de Bioética, ni por uno de investigación científica, tampoco lo hubo por parte de la Secretaría de Salud.

Los peritajes médicos de CONAMED fueron solicitados por la Procuraduría General de la República (PGR), y por el Órgano Interno de Control del instituto en aquellos años debido a la queja de los pacientes. Sin embargo, al existir contubernio entre estas instancias, se desecharon tales peritajes mientras sufrían los pacientes. Esta es la razón por la que la CIDH recibe la denuncia en 2012.

El número exacto de víctimas que fallecieron por esta causa o que han tenido secuelas neurológicas permanentes tampoco se conoce con precisión.
Lo que sí se conoce perfectamente es el riesgo de muerte en que continuan todos los pacientes que sobrevivieron inicialmente, de ahí que que parezca increíble que el actual Gobierno Federal, que heredó este problema de sexenios pasados, haga mutis.
No sorprende del todo, ya que diversos funcionarios y directivos del Sistema Nacional de Salud fueron nombrados el sexenio pasado por José Narro Robles.

Directivos y funcionarios de dicho Instituto han sido denunciados por los trabajadores de este nosocomio por desabasto de medicamentos e insumos médicos, por la realización de contratos irregulares con proveedores; pero también por fraude y plagio científicos, paralelamente a este crimen de lesa humanidad. No se trata de un hecho aislado.

Los crímenes cometidos contra guatemaltecos.

Desafortunadamente existen antecedentes de violación al derecho humano a la salud posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la lucha de las víctimas, y la respuesta de sus gobiernos son un modelo a analizar en la resolución del caso mexicano.
Entre 1946 y 1948 más de 1.500 guatemaltecos fueron usados como “conejillos de indias”, sin su consentimiento, por el servicio de salud pública del gobierno estadounidense en experimentos para estudiar en humanos el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual y evaluar la capacidad de prevención de la penicilina, al estilo de la Alemania nazi.
Para ello emplearon a reclusos, a niños de orfanatos, a enfermos mentales, a militares de baja graduación, y a prostitutas. Sin ellos saberlo les inocularon sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. Algunas de estas víctimas transmitieron la enfermedad a su mujer y a sus hijos, la sífilis se puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo y causar defectos congénitos o abortos. Algunas víctimas no recibieron ningún tratamiento o se les suministró un tratamiento parcial para observar la evolución de la enfermedad. Cuando menos 83 de los guatemaltecos que incluyeron en los experimentos fallecieron antes de 1953 por complicaciones relacionadas con los tratamientos ilegales que recibieron.

El caso fue dado a conocer a la opinión pública a finales de 2010. Esto generó una demanda colectiva que acaba de presentar un grupo de 773 personas contra la Universidad Johns Hopkins y la fundación Rockefeller. De acuerdo con los demandantes, médicos y científicos vinculados a estas instituciones “participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron cómplices” de los experimentos llevados a cabo en Guatemala, y su subsecuente análisis, hasta los años 50. La farmacéutica Bristol-Myers Squibb, que suministró la penicilina para los experimentos fue incluida en la demanda puesto que según la demanda “ellos sabían” de los experimentos. Por concepto de reparación del daño, la demanda exige US$ 1,000 millones debido a la “crueldad y desprecio” con los derechos de las víctimas.

El entonces presidente de EUA, Barack Obama, se disculpó con su homólogo de Guatemala en 2010 y ordenó la creación de la comisión presidencial de bioética, que concluyó que esas prácticas “entrañaron inconcebibles violaciones básicas de la ética” médica.
Por su parte el presidente de Guatemala Álvaro Colom calificó la investigación como “espeluznante”, y se comprometió a abrir una investigación independiente y a compensar a las víctimas.

Los crímenes cometidos contra afroamericanos.

Los experimentos ilegales y anti éticos efectuados en Guatemala fueron planeados por los mismos médicos que anteriormente habían experimentado con ciudadanos afro-estadounidenses en Tuskegee, Alabama, donde conociéndose que estaban infectados con sífilis, fueron observados sin recibir tratamiento alguno pese a que la penicilina estuvo disponible desde la década de los años 40 del siglo XX, a lo largo de 40 años (1932-1972), para conocer la historia natural de la sífilis.
Los servicios de Salud Pública de EUA, designaron a los médicos a cargo del proyecto. Los sobrevivientes del estudio demandaron al gobierno y recibieron resarcimiento económico, el congreso implementó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos que participan en Investigaciones Biomédicas y del Comportamiento, que en 1979 publicó el Reporte de Belmont. Posteriormente el presidente Clinton presentó una disculpa pública en la Casa Blanca, el 16 de mayo de 1997, a los sobrevivientes y sus familias.

Contubernio en México.

En México ha existido, en sexenios pasados, un contubernio entre diferentes instancias gubernamentales para esconder los hechos, impedir la ayuda a las víctimas que siguen sufriendo, y mantener la impunidad de los responsables.
El OIC en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la PGR, la SSA, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desestimaron los dictámenes médico periciales y las probatorias aportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tampoco fueron tomados en consideración las investigaciones y puntos de acuerdo subidos a tribuna por múltiples legisladores de diferentes grupos parlamentarios con los que se exigía la realización expedita de la investigación de este crimen de lesa humanidad, la atención médica de estos pacientes y la aplicación de la justicia a los responsables.

Denuncia en medios, exigencias de diputados y senadores.

Estas exigencias emanaron de los entonces senadores Lorena Cuéllar, Alejandro González Yañez, y Benjamín Robles; y de los diputados federales Ricardo Cantú y Araceli Damián, así como de cerca de 40 diputados de la Ciudad de México de la VI Legislatura. Todos ellos fueron desoídos.
Por otra parte, lo acontecido en dicho hospital fue documentado extensamente en diferentes medios nacionales e internacionales, tales como Voces del Periodista, La Jornada, Proceso, Excelsior, Reforma, Telemundo, RT, Al Jazeera, etc., decenas de notas periodísticas, múltiples entrevistas con pacientes y médicos atestiguando la realización de cirugía experimental ilegal por años en el Instituto sin que el Estado Mexicano hiciera nada por los pacientes.

El Secretario de Salud en turno, es a la vez el presidente de la Junta de Gobierno en cada Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto tuvieron pleno conocimiento de lo que pasaba en Neurología, especialmente siendo Everardo Sotelo Morales su director general. Lo que no es Everardo Sotelo es ser ingeniero biomédico, ni neurocirujano, ni posee el grado de maestría ni de doctorado, Julio Everardo Sotelo es neurólogo. Eso explica lo absurdo e innecesario del diseño de su dispositivo, y el desconocimiento de la metodología en investigación para el desarrollo de un sistema neuroquirúrgico que terminó dañando a pacientes con hidrocefalia.
Tan es así que su sistema no valvular ha sido comparado con los sistemas derivativos usados en hidrocefalia por los neurocirujanos en los años 50´s, es decir no se trata de ninguna innovación tecnológica, antes bien, se trata de un retroceso en las neurociencias.
Aún siendo el responsable de la “experimentación” en humanos, no hay una sola nota de valoración neurológica de los pacientes en sus expedientes clínicos realizada por Sotelo Morales, es inexplicable, entonces que Sotelo pudiera estar enterado de primera mano de lo que acontecía con los pacientes, mostrando un desdén y desinterés absoluto por ellos. Los procedimientos operatorios fueron realizados por médicos residentes en formación, sin la participación y supervisión de ningún médico adscrito en neurocirugía.

Sotelo Morales y sus negocios. El reconocimiento de la existencia de 474 víctimas.

Sotelo Morales embaló su dispositivo en cajas con leyendas bilingües, en inglés y español, sin olvidar imprimir en las cajas el lobo correspondiente a marca registrada. Entre las indicaciones que incorpora en el empaquetado se encuentra en la que advierte sobre la imposibilidad de que el paciente pueda ser acostado, puesto que en decúbito dorsal deja de funcionar ese sistema que depende de la gravedad.

En el año 2017 ante el cúmulo de notas de prensa y puntos de acuerdo, el ahora destituido Miguel Ángel Célis, ex director de Neurología envió un reporte a la Secretaría de Salud afirmando que a 474 pacientes se les había colocado el sistema experimental de Julio Sotelo. Se trata del reconocimiento oficial de la realización de estos procedimientos neuroquirúrgicos experimentales ilegales.

La esperanza de las víctimas.

La denuncia sobre este crimen de lesa humanidad que he realizado en múltiples foros nacionales e internacionales me llevó a dos despidos injustificados que gané, y también a sufrir una tentativa de homicidio, y por supuesto a un grave daño moral. Motivo por el que fui incorporado como beneficiario al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Vivimos durante largos años la carencia de un Estado de Derecho. La corrupción y la impunidad que permeó en el Sector Salud permitió esta grave violación a los derechos humanos de centenares de mexicanos. Los pacientes pusieron sus vidas en las manos de médicos en los que confiaron su salud, nunca se imaginaron que serían sujetos de experimentación ilegal. Por ley, la experimentación en seres humanos no debe generar gasto alguno de los pacientes en ningún sentido, incluyendo laboratorio, estudios de gabienete, hospitalización, sin embargo, acabaron pagando por todo ello, fue su gato de bolsillo por algo ilegal, lo mismo ocurrió tratando de resolver las complicaciones neurológicas ocurridas como consecuencia de los experimentos.
El Gobierno Mexicano tiene todos los elementos para realizar la investigación pertinente y responder a la CIDH. Sin embargo ha transcurrido un año en que debió hacerlo. Mientras tanto las víctimas siguen sufriendo y muriendo.

Confiamos en que este gobierno, caracterizado por su lucha contra la corrupción y su humanismo, se sacuda del fuego amigo en Salud, que termine el mutis de SEGOB, que salve las vidas de los sobrevivientes, y muestre determinación en proporcionar justicia a las personas que han muerto, y que han sido dañadas en su salud física y mental como resultado de estas prácticas funestas. La corrupción mata.
Es algo que jamás debe volver a ocurrir en México ni en el mundo.

Rodolfo Ondarza*. Neurocirujano. Activista en Defensa de Derechos Humanos. Ex presidente de la Comisión de Salud de la ALDF, VI Legislatura.

Artículos relacionados

No hay borracho que coma lumbre

Redacción Voces del Periodista

Las mañaneras presidenciales

México, sin los instrumentos estadísticos y operativos para enfrentar la violencia

Redacción Voces del Periodista

Dejar un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.