Por Salvador González Briceño
*La reforma del Senado sobre las remuneraciones tira privilegios de “políticos” PRIANistas
Les causa tirria, porque les afecta el bolsillo, aquellos “servidores” del poder; mejor dicho, a los funcionarios serviles que solo responden a órdenes de los políticos que les favorecen o pusieron en los cargos que hoy detentan.
Porque, si se quiere, esta legislación aprobada el 27 de abril del presente año, electoral, el 2021, en el Senado de la República —la cual no pasa ya por la Cámara baja—, se publica en el diario oficial para su entrada en vigor de inmediato.
¿El tema? Que por tratarse de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, queda establecido que “ningún servidor público” reciba en lo sucesivo una remuneración por su desempeño en su función —de la que se trate—, empleo o comisión, “mayor a la establecida para el Presidente de la República. Ahora sí.
Y haya de aquel funcionario que por ley perciba más de 89 mil 620 pesos, porque se le “imputará la destitución e inhabilitación de cuatro años a 14 años para desempeñar otro cargo”. Pues de persistir procederá “el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la hacienda pública federal”.
En su momento se les dijo por las buenas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se bajaría el sueldo a la mitad que el anterior presidente, en referencia a Enrique Peña Nieto, e invocar a funcionarios a que hicieran lo mismo.
Pero funcionarios federales se ampararon, para no adoptar la medida del presidente, bajo el argumento que nada los obligaba a ganar menos sueldo, sea como “medida de austeridad” o no atender que “no puede haber gobierno rico en pueblo pobre”, como adoptó entre las medidas de austeridad el presidente.
Se acabó
No hicieron caso, notoriamente los consejeros del INE, así como los jueces y magistrados del poder judicial, entre otros muchos funcionarios y “servidores públicos”, y de ese modo continuaron ganando más que el presidente.
Claro que eso era, lo de sueldos elevados en el gabinete, secretarias federales u órganos autónomos, una tradición del viejo régimen. Viejo porque se le ha comenzado a desarticular, porque eran sueldos indignos ante los niveles de percepción general de trabajo, dedicación o profesión en el país por décadas.
Solo en “la política” eso era posible. Y más bajo dedicatoria al ser funcionarios públicos “recomendados”, “puestos en el cargo”, “votados por un partido político” o “prestadores de algún favor”; añejos servidores “siempre disciplinados” u “políticos de un futuro prometedor”, entre otros preceptos.
El caso era conservar privilegios y sueldos elevados, situación salarial a la cual se sumaba el “manejo de los fondos públicos” a discreción. Sin mayores controles porque las “contralorías” internas nunca atendieron y siempre ocultados cantidad de miles o millones de desvíos. De nada servía la Contraloría general ni de las dependencias.
Eso era parte de lo mismo, porque el pulpo de la corrupción ciertamente tiene tantos tentáculos como se les pueda probar. Pero porque así operaba el sistema PRIPANista en México. Era común “el que no tranza no avanza”. Era por “servir a la patria”, sin decir de quién o quiénes.
Por eso, la presente ley que acota los sueldos es apenas un ápice de los “desfalcos” cotidianos de los dineros públicos. A partir de ya, entonces, quienes no acaten la norma tendrá que enfrentar juicios. Si es que les alcanza, porque ahora ya no les valdrán las influencias ni sus altas percepciones.
Tendrán una Ley en contra —una Ley que por cierto avala otros beneficios: sin derecho a liquidación, trato con perspectiva de género, etc.—, aprobada por mayoría incluso avalada por algunos legisladores panistas de la Cámara alta. Por ello se acabó. ¡Enhorabuena!
28 de abril 2021.
VP/OPINIÓN/Redacción