Voces del Periodista Diario

Brutal ataque a periodistas guerrerenses

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

No importa hacia dónde se mueva el cuadrante. A cada desplazamiento, la dimensión del ataque se agiganta. De Veracruz, la agresión a la Libertad de Expresión y el Derecho de Información se recorrió a Guerrero.

En Tierra Caliente, un comando armado formado por 100 sicarios emboscó a un grupo de siete periodistas; los despojó de sus herramientas de trabajo y los amenazó con el linchamiento.

Desde la perspectiva de las organizaciones defensoras de los periodistas, Guerrero relevó transitoriamente a Veracruz como la entidad mexicana más peligrosa para ejercer el oficio periodístico. Veracruz había tomado el lugar de Chihuahua. Chihuahua se hizo del campeonato de Tamaulipas: La mordaza de sangre tiene un tránsito circular.

Apenas a principios de mayo, el propio presidente Enrique Peña Nieto se había hecho cargo de la preocupación por las incesantes agresiones a personas y medios de comunicación. A los días, se ordenó el cambio del titular de la Fiscalía especializada para la atención de delitos contra periodistas de la PGR.

No son, los anteriores, gestos desdeñables, pero es obvio que el maquillaje burocrático a la responsabilidad del Estado en materia de libertad de expresión pierde su sentido si el combate a la violencia generalizada sigue ceñido a patrones que han probado su ineficacia durante más de cuatro años.

La paz no se logra con lucubraciones semántica

Hay una constante irritante en las reacciones del gobierno mexicano al planteamiento de las denuncias sobre el estado de barbarie que vive el país.

Apenas la semana pasada, desde Londres, un organismo internacional puso a México por debajo de Siria y por encima de Irak y Afganistán en el conteo de homicidios violentos en el mundo. El texto hizo alusión a la figura de “conflicto armado”.

De ese concepto se prendió el gobierno mexicano para impugnar y desautorizar la metodología de la evaluación. Pero la coartada de “la metodología” es el recurso más socorrido para cuestionar las denuncias externas, lo mismo si las sostienen órganos de la ONU o el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Es obvio que la codificación de “conflicto armado” tiene su aplicación específica en los casos de guerra civil o de injerencia de fuerzas de combate extranjeras en situaciones como las del Medio Oriente.

La literalidad de esos códigos no es privativa del Derecho Internacional. Cuando los partes de todos los días en México hablan invariablemente de enfrentamientos entre partidas del Ejército o de la Armada de México con comandos civiles de naturaleza criminal, el sentido común entiende que ahí se está dando un “conflicto armado”.

A mayor abundamiento, todavía durante la gestión de Barack Obama en la Casa Blanca, el Departamento de Estado tipificó las acciones del crimen organizado aquí, como operaciones de narcoinsurgencia.

Es ocioso y hasta bizantino perderse en los vericuetos de la semántica para tratar esquivar la gravedad de la crisis de  seguridad pública, que los propios órganos del Estado dimensionan ya como un riesgo a la Seguridad Nacional.

Cambio de estrategia ¡ya!

Lo que está en la exigencia social, es contener el incesante baño de sangre producto de los choques entre fuerzas antagónicas con abundante y mortal poder de fuego, se inscriban o no en la categoría de “conflicto armado”.

El imperativo es, lo demanda también la sociedad,  revisar la equívoca estrategia gubernamental que, como lo reconoció también recientemente el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, está retrotrayendo los indicadores de la criminalidad a un pasado no tan remoto.

Ahora, los colegas guerrerenses han escapado de un linchamiento colectivo por criminales que no quieren ser expuestos al escrutinio social.

Esa excepción no altera la estadística que sirve a otras asociaciones extranjeras para ver a México como uno de los territorios del mundo más peligroso para el ejercicio periodístico. Este es el punto.

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