VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
¿Medio Oriente? ¿África? ¿Europa misma? No: México. Julio de 2016 pasó a registro de las estadísticas en materia de seguridad pública como el más violento de los últimos treinta meses.
De costa a costa, de frontera a frontera, el crimen bárbaro amplía sus reales: Secuestros, linchamientos, ejecuciones sumarias, incineraciones colectivas, nuevas narcofosas, cadáver de mujer desnudo en una de las colonias de más postín de la Ciudad de México, etcétera.
Ya no es sólo una indefensa sociedad civil la que aporta las víctimas; los de la sociedad política están pagando su cuota de sangre, un día sí, y otro también.
Hoy, lo que ya parece no ser noticia, nos reporta la ejecución a balazos del alcalde del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santamaría Zavala. Las armas de fuego no distinguen siglas partidistas. El funcionario acribillado militaba en el partido Movimiento Ciudadano.
Apenas el 23 de julio pasado, en Chiapas fue asesinado un presidente municipal promovido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el mismo día, fue pasado por las armas el alcalde de Pungarabato, Guerrero, militante del PRD. Dos escoltas federales que lo custodiaban resultaron heridos.
En Guerrero, otros ediles denunciaron incesantes amenazas de muerte en su contra.
Asociaciones de presidentes municipales denunciaron que más de 40 alcaldes han sido asesinados en años recientes; algunos, de plano han renunciado a sus cargos. Ex gobernadores, diputados locales, candidatos a puestos de elección popular y asistentes de campaña han corrido la misma suerte.
¿Llegamos al Estado fallido?
Con independencia de la autoría material e intelectual de esos atentados -que invariablemente la autoridad local atribuye a bote pronto al crimen organizado-, lo que evidencia esa incidencia, es la derrota del Estado en el imperativo de salvaguardar la integridad física y jurídica de sus ciudadanos.
En Guerrero, por ejemplo, y particularmente en Acapulco, los órganos de gobierno encargados de la política federal de seguridad pública han puesto preferentemente su atención en variados planes de contingencia que no han sido capaces de parar la ola criminal.
Lo más ominoso de los monstruosos saldos de las acciones para contener la criminalidad, es que en ese esfuerzo ha sido comprometida la responsabilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Si la capacidad profesional y el sentido de disciplina de esas antes muy respetadas instituciones no ha sido suficiente para ofrecer a los compatriotas un “México en paz”, preciso es revisar cuanto antes qué es lo que está fallando en la estrategia para poner orden en casa.
Medidas casuísticas, reactivas, está más que comprobado, no dan los fines deseables y deseados. O se cambia de modelo represivo, o este país no sale del oscuro túnel en que está metido desde el sexenio pasado. ¿Aún es tiempo? Tiempo lo hay. Es cuestión de voluntad política. ¿La hay, de veras?