VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
Al atravesar quejumbroso la mitad de su sexenio, Vicente Fox, en su cuarto informe de Gobierno en 2004, anunció muy poco convencido y convincente: “Lo mejor está por venir”.
Lo que vino dos años después, fue la crisis que puso en la picota el sistema electoral y voces oficiosas hubo que incitaron al mandatario a recurrir al Ejército para la ocupación de la Ciudad de México.
En realidad, al segundo año de su mandato, Fox había dilapidado el llamado “bono democrático” que le endosaron los votantes el 2 de julio de 2002.
Le quedaba sin embargo al guanajuatense una carta por jugar: La creciente y alucinante renta petrolera con la que se granjeó la voluntad de los gobernadores de los estados, a los que abrió con generosidad las arcas, haciendo un discrecional reparto de participaciones federales.
¡Qué le vamos a hacer! Así opera el patrimonialismo de los mexicanos cuando se les da la llave del tesoro: El que reparte y comparte, se queda con la mayor parte.
Funcionó la estratagema foxiana: A la hora de la verdad, hubo gobernadores priistas que en 2006 traicionaron a su candidato presidencial e indujeron el voto por el candidato panista Felipe Calderón.
Acotado, el margen de maniobra del Presidente
Estamos ahora en el fatal umbral del tercer tercio del sexenio y una caballada alborotada y acéfala cabalga desbocada peleando la candidatura presidencial de los tres partidos mayores y otros, no pocos, al través de la figura de candidato independiente.
Enrique Peña Nieto -que prepara su cuarto informe de Gobierno- carece de la opción que le fue aconsejada a Fox. Las arcas federales están agotadas y no hay margen de maniobra para hacer de las participaciones federales un pegamento catalizador del consenso de los gobernadores; ni siquiera de los priistas, algunos de los cuales están rezando a su propio santo.
A falta de cash (Ernesto Zedillo Ponce de León dixit), a Peña Nieto le queda sólo la operación política. Y aun esta alternativa es deficitaria si la evaluamos a la luz de los resultados rendidos por los secretarios que han estado atendiendo los temas que se inscriben en la agenda eminentemente política.
Tal tesitura, es lo que hace expectante la perspectiva del informe del 1 de septiembre próximo.
Obviamente, el centro de gravedad de dicho informe es lo que diga el Presidente en materia de Criterios de Política Económica para 2017, con sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero cuestión de tamaña magnitud tiene, desde ya, sus bemoles: El megaproyecto de las grandes reformas transformadoras procesadas por el Pacto por México, no ha tenido los ejecutantes-pilotos idóneos para llevarlas a buen puerto.
De ahí parte la gran incógnita: ¿Se verá precisado Peña Nieto a ensayar un nuevo ajuste en su gabinete que no quede en mero enroque administrativo?
De inmediato, la duda toma por asalto la escena: ¿Tiene el Presidente nómina para seleccionar nuevos operadores que suplan a los que han dado demostraciones de su ineficacia?
Ilustremos esa interrogante con un hecho reciente: Se han diseñado las llamadas Zonas Económicas Especiales para tratar de activar el desarrollo en las regiones más marginadas del sur-sureste de México.
La lógica administrativa indicaría que, por la naturaleza y los fines de ese ambicioso proyecto, debería quedar a cargo de la Secretaría de Economía. Peña Nieto no lo consideró así y la gestión de aquella iniciativa le fue confiada al ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
¿Sería esa la fuente de reclutamiento para un eventual ajuste en el gabinete presidencial? La respuesta sólo la puede descifrar el propio jefe del Ejecutivo federal. Lo tendrá que hacer más temprano que tarde.