VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
Mes y medio después del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, el 1 de septiembre de 1928 el mandatario en funciones, Plutarco Elías Calles, en el mensaje político de su último informe de Gobierno, convocó a la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR).
Se concebía aquel proyecto como una federación de partidos nacionales y regionales en la que convergieran las distintas facciones militares triunfantes y aun los reaccionarios, “que también son mexicanos”.
Lo que viene a ocasión, es que el general sonorense -convencido del daño que a la Revolución infligían las ambiciones de las individualidades que jefaturaron el movimiento armado-, declaró llegada la hora de que México se transformara en un país de leyes e instituciones, y no de caudillos.
Parte de aquellas instituciones y leyes surgió precisamente en el mandato de Calles. Nueve décadas después, otro sonorense, Manlio Fabio Beltrones, decretó que el legado de la Revolución no eran más que dogmas y mitos que había que arrojar a la basura. Hace unas horas, al dirigente nacional del PRI le asignaron el mismo destino.
La cuestión, es la de las leyes. Con cierta ironía, algunos académicos sugieren que México compite por el Record Guinness como la República más legisladora y más legislada.
Nomás para documentar un dato, hasta agosto de 2015 se contaban 294 leyes federales. Con la suma de las de los estados, estamos cercanos al millar. Con los de las constituciones federal y estatales podrían contarse unos 30 mil artículos. Faltan los correspondientes a los reglamentos administrativos, las normas, etcétera.
CNDH: Inconstitucionales, mandamientos penales
Muchas leyes, poca justicia en México, es la conclusión de organismos multinacionales, organizaciones nacionales e internacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos, parlamentos y judicaturas extranjeros.
El pasado 18 de junio, se dio por concluido el plazo para poner en aplicación la reforma de la Justicia Penal, iniciada en 2008, cuyo eje es el nuevo Sistema Acusatorio.
Sólo para ese proyecto -gran “transformación jurídica”, le llamó el Presidente-, se revisaron o se generaron 21 leyes federales y 350 estatales. Se dice pronto.
Un día antes, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el articulado de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, aprobados por el Congreso de la Unión en abril pasado para ponerlo en sintonía con la reforma de la Justicia Penal aludida.
Según la CNDH, dichos nuevos códigos violentan 12 artículos de la Constitución federal, seis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuatro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es pertinente recordar que, por jurisprudencias de la Suprema Corte, tratados y convenciones de los que México es Estado parte, tienen la misma jerarquía que nuestra Carta fundamental.
Aleatoriamente, la CNDH considera que 17 derechos, entre los que se listan los referentes al acceso a la información, libertad de transito, debido proceso y seguridad jurídica, etcétera, son violados.
El mismo día, en otro escenario, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) denunció que la Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene serias regresiones en la protección y las garantías de los niños, niñas y adolescentes.
El domingo 19, se produjo la matanza de Nochixtlán, Oaxaca.
En la vieja jerga de los litigantes, se tenían dos figuras retóricas: Letra muerta o ley del embudo para referirse a ordenamientos jurídicos muy bien escritos y editados, pero estériles o facciosos a la hora de procurarse Justicia. Qué pena.
- “Dura es la ley, pero es la ley”.