VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
El sector empresarial no quita el dedo del gatillo. Sin dar por hecho consumado el diseño presupuestal para 2017, insiste que el ajuste debe ser tanto como de 300 mil millones de pesos y la tijera más filosa debe aplicarse al gasto corriente, la gallina de los huevos de oro que sacia la ingesta de una pesada e improductiva burocracia federal.
Los hombres de negocios no le hacen al feo a la promesa de que no habrá nuevos impuestos ni se incrementaran los actuales, pero objetan que la operación se quede a medias cuando el gobierno se propone seguir castigando el gasto programable, lo que implica en automático la restricción del gasto en inversión productiva.
El Centro de Estudios del Sector Privado (CESP) lo dice guardando las formas, pero la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) no se anda por las ramas y reclama al gobierno que mantenga el ritmo del “gasto asistencial”, que no hace más que “perpetuar la pobreza”.
Después de presentado el Paquete Económico ante el Congreso de la Unión, Enrique Peña Nieto, tratando de tranquilizar a sus escuchas, declara que su concepción se basa en el cuidado de “la estabilidad macroeconómica” para que “más empresas sigan viendo en México un destino donde invertir, donde crecer”.
Como última de todas las premisas, “elevar la calidad en el gasto”. Esto es lo que ponen en entredicho las cúpulas empresariales.
Más allá de los binoculares pinoleros -todo es según el color del cristal con que se mira-, otros observadores instalados en los espacios privados de análisis financiero y sobre todo los académicos que se ocupan de la investigación económica en las instituciones universitarias, tienen su propia lectura de los Criterios de Política Económica para el 17.
Sólo un apartado para ilustrar esa observación. De entrada, se rescata el siguiente dato: El recorte al gasto federal propuesto, es de 239 mil millones de pesos.
Con independencia de qué sectores resulten rasurados, en la contraparte está otro destino del gasto: 568 mil millones de pesos para cubrir los servicios -sólo los servicios; intereses por ejemplo- de la deuda pública, que monta ya los casi nueve billones de pesos.
Eso es, 329 mil millones de pesos más al renglón de deuda, sobre los 239 mil millones de pesos del ajuste. ¿Qué catástrofe hubiera ocurrido si a la deuda se reservan 88 mil millones de pesos y no se hace el recorte al gasto apuntado?
No hay borracho que coma lumbre. Salvo que quieran derrocar al Presidente, los acreedores hubieran apechugado el ajuste, bajo la lógica de: De lo perdido, lo que aparezca.
Un año de gracia en la perspectiva de la sucesión presidencial (todos debemos “ajustarnos el cinturón”), no hubiera sido mala aportación a la estabilidad política como acompañante de la “estabilidad macroeconómica”.
El otro aspecto cuestionado, es el pago de moche a los gobernadores para que no alboroten la caballada. A los insaciables mandatarios estatales se les reservaron 738 mil millones de pesos para el 17.
Es cierto que la cancelación de la deuda de esos gobernadores no es exigible a plazo inmediato. Pero si lo fuera, apenas les serviría aquel apoyo para amortizar el 81 por ciento del total, que para 2017 ya rozará en las 32 entidades federativas los 600 mil millones de pesos.
La mayoría de los gobernadores, sin distinción de partido, tiene agotado el alcance de las participaciones federales, puestas anticipadamente como garantía de pago de sus débitos. Resultará obvio que algunos gobernadores trácalas aplicarán el oxígeno federal para abonar a esos saldos, sólo con el fin de renegociar papeles en demanda de nuevos préstamos.
¿Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Infraestructura…? Pueden esperar las calendas griegas. A la mejor por fin llegan los siete años de vacas gordas.