Voces del Periodista Diario

“Justicia laboral”, otra reforma transformadora

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Existen constancias de carácter judicial que informan que alguna cadena de tiendas de autoservicio con metrópoli extranjera, ha incurrido en violación al artículo 123 constitucional al pagar parte del salario de sus empleados con vales por mercancías sólo descontables la propia empresa.

La Constitución advierte, en esa asignatura, que el salario deberá pagarse precisamente en moneda en curso, “no siendo permitido hacerlo en mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda…”.

En la sentencia correspondiente, el juez de la causa equiparó aquel método de pago con el de las tiendas de raya en boga hace más de un siglo en las haciendas porfirianas.

Del salario se trata y de los mínimos es oportuno recordar que la propia Constitución establece que deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación de los hijos.

No es hora proponer que el heroico defensor de los derechos de las niñas y los niños mexicanos desde la SEP, sea incorporado a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para ampliar el circuito de su noble misión. Bastante tarea tiene ya con la instrumentación del Nuevo Modelo Educativo.

El INAI le rompe los candados a la Conasami

De lo que sí es hora es de comentar que la Conasami está emplazada a resolver dentro de escasas siete semanas los incrementos a los salarios mínimos para 2017.

Desde la creación de ese decrepito mastodonte, siempre ha sido un misterio el proceso -aparte de transar con los patrones- por el cual llega a fijar los irrisorios aumentos que, en el mismo arranque del periodo de su vigencia, quedan rebasados por el índice de inflación.

Ese misterio se volvió más inescrutable porque los burócratas que manipulan dicha Comisión pusieron bajo reserva la información al respecto. “Bajo reserva” es, para efectos prácticos, secreto de Estado.

La novedad es que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) tiró los siete candados de la Conasami y exigió se pongan a conocimiento público investigaciones y estudios para llegar a la fijación de los afamados salarios.

La duda que asalta después de esa orden es: Si la Conasami no respeta el artículo 123 de la Constitución, ¿respetará el mandato del primer párrafo del artículo sexto constitucional?

No deja ser emocionante esa expectativa, pues se genera en un momento en que la Cámara de Diputados federal ha recibido la minuta del Senado sobre la reforma a la “Justicia” laboral.

Dicho proyecto previene, entre otros aspectos, la desaparición de las corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCAs) y su sustitución por  incorruptibles jueces especializados en la materia.

El jueves de la semana pasada, personal de esas dependencias anunció un paro indefinido contra la amenaza de dejarlo en la calle. De inmediato aparecieron dos caballeros bien artillados.

El secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida y el priista presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, les dijeron a los activistas de las JCAs que no se preocupen; que la permanencia de sus plantillas  laborales, está protegida. Esto es, se van pero no se van.

Otra cosa dijo Navarrete Prida, obviamente a los trabajadores en tesitura de cese. Que ya no necesitarán representantes que aboguen por ellos. Normalmente, la defensa corre a cargo de los departamentos jurídicos de los sindicatos o, en suplencia, de la Procuraduría Federal del Trabajo.

Extraño modo de explicar otra reforma “transformadora” que pega directamente en las mandíbulas de la clase trabajadora. Y a eso le llaman “Justicia” laboral. A ver qué pasa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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