VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
Al paso de más de dos décadas de neoliberalismo, hay algo que no cuadra para los compatriotas que siguen sosteniendo preocupaciones por una diplomacia soberana que le permita a México transitar con relativa autonomía el agreste camino de la globalización económica.
Carlos Salinas fue gestor y publicista de la primera edición del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, ahora conocido como TLCAN.
De oficio, Vicente Fox se erigió en promotor de la Alianza Comercial de las Américas (ALCA) diseñada por la Casa Blanca.
Transcurridos 25 años, México es reputado como campeón en la firma de tratados de libre comercio, con casi medio centenar; lapso en que hemos tenido un precario incremento del Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y el salario se han precarizado y el gobierno tiene que recurrir a la Cruzada Nacional contra el Hambre para tratar de contener la crisis humanitaria.
Ahora, Enrique Peña Nieto, según lo vimos en su reciente encuentro aquí con el presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam, se ha convertido en entusiasta impulsor del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP), de cuyas virtudes dudan hasta los propios estadunidenses, cuyo gobierno es uno de sus más agresivos animadores.
Con el exterior, diálogo político; aquí, el garrote
Con independencia de los acuerdos bilaterales suscritos por ambos mandatarios el pasado fin de semana, y dada la tensión política que priva en la comunicación del Estado mexicano con agentes beligerantes internos, llama poderosamente la atención que Peña Nieto haya incitado a su huésped a abrir espacios de “diálogo político” entre los gobiernos de Singapur y México para llevar a buen puerto las expectativas comerciales derivadas de aquellos convenios.
Dicho en el mejor de los tonos, caemos en el clásico farol en la calle y oscuridad en la casa. Continuamos en el esquema de dirigir mensajes al exterior con el exclusivo fin de atraer inversiones, sin compadecernos de los signos de ingobernabilidad interna, exacerbada, precisamente, por la resistencia al diálogo político con las fuerzas beligerantes que mantienen su oposición a bien identificadas políticas públicas.
Es el caso específico del conflicto generado por la Reforma Educativa, contra cuyos remisos, apenas a unas horas después de haber cumplido su agenda en México el presidente de Estambul, se desató una cacería policiaca.
El sábado pasado, la Presidencia de la República misma emitió un imperativo comunicado de prensa en el que emplaza a los dirigentes opositores a la Reforma Educativa, a aceptar esta iniciativa en sus inflexibles términos como condición para abrirse al diálogo.
¿Sobre qué se habría de dialogar, si las causas de la protesta son desechadas a priori sin considerar razones de Derecho que los convocados podrían esgrimir?
A lo que posiciones irreductibles entre ambas partes conducen es a un diálogo de sordos, en el que, según nuestra Madre Academia, ninguno de los participantes en una conversación escucha a su interlocutor.
Aun en las disolventes crisis políticas de 1968 y 1971, el gobierno se allegó a terceros negociadores cuando los agentes en pugna involucrados directamente en el conflicto no pudieron llegar a conciliación alguna.
Parece llegado el momento de que, así sea a regañadientes, el gobierno restituya el potencial de la Comunicación Política, suspendida durante las gestiones de La Decena Trágica, cuyas atroces consecuencias han desembocado en la ley de la selva.
Ya está a caballo la sucesión presidencial de 2018. La pradera está demasiado seca y hay portadores de la antorcha dispuestos a incendiarla a la primera provocación. No se les obsequie tan demencial oportunidad. Apelar al sentido común, es lo menos que se puede pedir en este momento de destino.