Voces del Periodista Diario

No confundir la magnesia con la gimnasia

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George.

Cuando un Estado -cualquier Estado- se ve amenazado por la crisis de gobernabilidad, es preciso que los aparatos de Inteligencia y los voceros de las instituciones de Seguridad Nacional cuiden sus códigos de comunicación entre si y con la sociedad.

Particularmente en el caso de México, ese imperativo es ineludible cuando, desde hace al menos ocho años, fuentes de El Pentágono y del Departamento de Estado (USA) pretenden codificar el nuestro como “Estado fallido”.

En su momento, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, Ernesto Zedillo Ponce de León, tuvo un desliz retórico que los intérpretes condensaron en la distinción “guerrilla buena y guerrilla mala”.

Zedillo quería explicar la diferencia en el tratamiento gubernamental, por ejemplo, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) activo en Chiapas, y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), al que se le atribuían acciones especialmente en Oaxaca.

La política, en el primer caso, y “toda la fuerza del Estado” en el segundo. De eso se trataba.

El incontinente Vicente Fox, en un gesto balandrón, prometió que el asunto de los zapatistas lo resolvería “en 15 minutos”.

Se cita ese rapto exclamatorio de Fox, porque en su sexenio, la Secretaría de Gobernación desmontó el aparato estatal de Inteligencia, dejando en mero registro en el directorio de la Administración el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El comandante del uniforme militar desajustado, Felipe Calderón, a designios de la Iniciativa Mérida asestada por Washington, usó su mando para lanzar a fondo a las Fuerzas Armadas a servicios de Seguridad Pública. No nos detendremos en los mortales saldos de esa  decisión. Son del dominio público.

Lo que es necesario apuntar, es que el gabinete de Seguridad Nacional de Peña Nieto, en sus ramas civil y castrense, e incluso académicos especializados en la materia, tanto nacionales como extranjeros, con frecuencia publican nóminas de las formaciones guerrilleras, históricas y contemporáneas, con raíces y activismo en México.

En un directorio de la A a la Z, se nombra hasta 60 de esos grupos armados, los extinguidos y los de nueva formación. Instancias del gobierno federal, de su lado, dan pelos y señales de las agrupaciones del crimen organizado, identificando a sus jefes.

Bastarían los elementos anteriores para hacer un juicioso deslinde político y policial, entre las categorías criminales y las de los movimientos sociales que en estos días mortifican al Estado.

La cuestión es de irrenunciable e impostergable responsabilidad de los agentes del Estado, habida cuenta que en las últimos días -al calor de la subversión que se generaliza casi en todo el territorio nacional-, voceros del gobierno ponen en un mismo saco a militantes civiles en resistencia, a supuestas guerrillas que no identifican y a cárteles de la droga; en una mezcla cuyo objetivo es criminalizar a quienes hacen uso de derechos públicos en la defensa de sus causas, basados, aquellos voceros, en simples presunciones o especulaciones.

No hacemos abstracción del extremismo que caracteriza a algunos radicales en acción, incluyendo ya a los de las asociaciones empresariales

Lo que prevenimos, es que no puede exponerse a la disidencia gremial, social o política a un tratamiento indiscriminado cuando desde el sexenio pasado se han legislado tipificaciones del delito de terrorismo y sus correspondientes penalizaciones.

Hacemos la anterior observación, informados de que los procesos legislativos en México terminan plagados de lagunas, ambigüedades, contradicciones y omisiones, que dejan la ley a la interpretación de los jueces, no siempre dotados de un elemental sentido común.

La complejidad jurídica, la falta de una nueva cultura judicial y criterios obtusos de los juzgadores hacen difícil, cuando no imposible, el ejercicio de los Derechos Humanos. Esta es la gran cuestión.

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