Voces del Periodista Diario

Organizados para votar; no para curar

Sinfonía Telúrica

Por Abraham García Ibarra

Hace medio siglo, en México el Derecho a la Salud fue legislado e incorporado a los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano en el mismo rango constitucional que los derechos a la Educación, a la Alimentación, a la Vivienda y al y del Trabajo.

La vocación humanista que caracteriza nuestra doctrina constitucional presupone que el Derecho a la Salud abarca a los derechohabientes y, conforme los riesgos inherentes, a los prestadores de los servicios, como una contraprestación establecida en las condiciones generales de trabajo de que son depositarios los servidores del Estado.

La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia que aquella conquista histórica del sindicalismo burocrático ha servido para organizar a los trabajadores de Salud, más para votar, que para curarse y curar.

El personal médico y de enfermería (el administrativo, por supuesto) en la actual pandemia como en las epidemias anteriores, ha sido el primer expuesto a los riesgos de contagio porque, como lo dicta la negligencia patronal, esos servidores son enviados a la guerra sin fusil. Si vale el símil.

En la década reciente se ha documentado, primero, que no pocos gobernadores se sirvieron del gasto público para Salud a fin de tener saludables saldos en sus cuentas bancarias personales, las de sus parientes y socios.

Más recientemente, se convirtió en piedra de escándalo el huachicoleo de medicamentos y otros insumos. Uno de nuestros colaboradores le puso marca a la casa no hace mucho tiempo: El cártel de la bata blanca, que retrata la confabulación de empresas dueñas de laboratorios proveedores y altos mandos de las instituciones médicas y hospitalarias.

En dos vertientes se da la desprotección laboral del personal de primera línea y de especialidades: En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), desde su fundación en 1943, y en su contemporáneo el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS (SNTIMSS).

La primera “representación” sindical, inscrita en la estructura de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la segunda en el Congreso del Trabajo durante un largo periodo al través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y eventualmente en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Salvo en la década de los sesenta, en que se produjo una fugaz sublevación en reclamo de sus derechos -brutalmente reprimida por lo demás- esos servidores de la Salud y la Seguridad Social han quedado sujetos a sus respectivos cacicazgos charros

Hacia principios de siglo, sonsacado desde el gobierno, un movimiento disidente combatió la dirigencia del cinco veces legislador priista Joel Ayala Almeida, detentador de la secretaría general desde 1995. Si bien se dio reconocimiento político a una federación alterna, la FSTSE no perdió la titularidad de las de las condiciones generales de trabajo  ni la bolsa de las cotizaciones sindicales.

En el SNTIMSS se da la periódica rotación estatutaria en los mandos, pero, salvo en temporadas de reacomodos partidistas, poco se ha hecho en defensa del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, sometido en años recientes a sustantivas restricciones.

Sólo hasta que el PRI volvió a perder la presidencia de la República en 2018, finalmente Joel Ayala Almeida, en octubre pasado, declaró la liberación de los 82 sindicatos de la FSTSE en materia de participación políticaelectoral. El SNTSS, sin embargo, sigue en manos de su sobrino Marco Antonio García Ayala, “administrador” del sindicato desde hace unos veinte años, posición que le ha permitido también el acceso a las dietas parlamentarias.

A la vista de los irreparables  daños de que han sido víctimas sus “representados” en momentos de pandemia, García Ayala les envió un mensaje: Nunca nada será suficiente el agradecerles su desempeño. Y siguió tan campante.

Las solas expresiones de gratitud, en efecto, nunca serán suficientes para ponderar los servicios del personal de Salud y menos para restituirles la vida. De lo que sigue -con independencia de lo que haga el gobierno y los directores generales de las instituciones de Salud Pública y Seguridad Social- que los propios trabajadores deben tomar conciencia de son titulares de derechos constitucionales que les asisten y no son renunciables ni transferibles. Es cuanto.  

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